Casi todo el mundo sabe en Salta (un poco menos en el resto del país) que Juan Manuel Urtubey es un gobernante poco eficiente, tirando a desastroso.
Pero incluso esta convicción es poco firme, desde el momento en que no es posible saber a ciencia cierta, en muchas áreas de gobierno, si el señor Urtubey lo hace bien, mal o regular. Ha sido su estrategia constante y consistente de ocultar información a los ciudadanos lo que lo ha impedido de forma absoluta.
En democracia, la evaluación permanente de los gobernantes por los gobernados es una de las claves de la libertad y del buen gobierno. Por eso, si el ciudadano no dispone de los elementos para poder juzgar el buen hacer de los que gobiernan, al final el voto se reduce -como quieren Urtubey y otros pequeños aprendices- en una cuestión «de imagen»; es decir, de simpatías o de odios más o menos superficiales.
Por definición, toda la información elaborada por la Administración pública es pública. Es igualmente pública toda la información que la Administración tiene en su poder como consecuencia de su actividad o del ejercicio de sus funciones.
Pero es que además es pública toda la información política de que dispone el gobierno, así como públicas deben ser todas las actividades que el gobierno y los partidos de la oposición realicen en el marco de la competencia por el favor del electorado cuyo marco se encuentra definido en la Constitución. Esta información es debida a los ciudadanos aun cuando no llegue formalmente a estar en poder de las administraciones.
En Salta no existe un procedimiento reglado y rodeado de garantías efectivas para pedir y obtener la información pública a la que los ciudadanos tienen derecho. La publicación de noticias en portales oficiales, las entrevistas telefónicas a funcionarios, o, incluso, la publicación de actos administrativos o normativos en el Boletín Oficial no satisface ni de lejos las exigencias mínimas de transparencia. Porque una cosa es la publicidad de los actos públicos (que es algo consustancial al Estado de Derecho desde sus inicios) y otra cosa bien diferente es la transparencia, que es una característica fundamental de las democracias modernas.
La transparencia democrática se asienta sobre un principio fundamental, que puede formularse de la siguiente manera: La democracia florece en proporción a toda la información que circula sin obstáculos dentro de ella, para que sea potencialmente accesible para todos.
Si el carácter democrático del gobierno de Juan Manuel Urtubey debiera juzgarse solo por su transparencia -o, lo que es lo mismo, por su capacidad de hacer circular sin obstáculos la mayor cantidad de información disponible- se podría decir con tranquilidad que estamos ante una dictadura que ha hecho del secreto de Estado uno de sus activos más preciados.
Imaginemos por un momento qué ocurriría si un alumno que debe ser evaluado por su profesor, a la hora de rendir un examen, en lugar de entregarlo para que sea corregido lo oculta. La evaluación llega a ser imposible y el profesor no tiene más remedio que ponerle la más baja calificación.
Lo mismo sucede cuando la evaluación del gobernante y de sus actos se vuelve imposible por la negativa del primero a hacer accesible para todos la información de que dispone y que es útil para los ciudadanos.
Es precisamente esto lo que ha hecho Urtubey en los últimos once años: ocultar la información de su gobierno, erigir obstáculos para el libre acceso a la información de todos y privar al ciudadano del recurso más importante para ejercer sus derechos cívicos.
Los ciudadanos más responsables y comprometidos se ven obligados a reconstruir la acción de gobierno a partir de otros indicadores, algunos de ellos objetivos; otros, no tanto. Todos ellos alertan sobre un gobierno muy pobre en resultados, que sería mucho más pobre quizá si toda la información necesaria estuviese disponible para el escrutinio público, aun sin que el ciudadano interesado la requiera.
La ocultación de información ya es insostenible, por razones puramente tecnológicas. Las nuevas herramientas parecen haberse inventado con el propósito de permitir y promover la máxima realización de la transparencia democrática (Internet, cámaras de vigilancia, teléfonos móviles, etc.).
El gobierno de Urtubey dispone de todas estas herramientas y de algunas más cuyo uso secreto se encuentra prolijamente disfrazado detrás de propósitos legítimos, como por ejemplo el combate contra la pobreza. Pero aun en casos como este, es derecho de los ciudadanos el de preservar la transparencia; es decir, luchar por la ausencia de intervención de los gobernantes en la recopilación, en la claridad y en la preparación de un uso inteligente de la información que el gobierno produce o almacena.
A falta de un poco más de un mes para que Urtubey complete su undécimo año de gobierno ininterrumpido, la factura de la transparencia sigue sin ser pagada. Para los que les gusta comparar se podría decir que sobre un 85% de las áreas de política sustantiva Urtubey ha impuesto una especie de «secreto pontificio» como el que pudiera haber impuesto el letradísimo cura Pinto de Sancristóval para sus asuntos con perfume de sacristía.
El resultado es que los ciudadanos salteños asisten inermes y vencidos a este desparpajo gubernamental, que comienza ignorando a los partidos políticos y termina arrinconando al más humilde de los ciudadanos.
Por supuesto, es llamativo que el mismo hombre que ha convertido a Salta en un gigantesco edificio de cristal opaco, el socio de los curas juramentados en el secreto dañino para los derechos civiles, sea el que se ofrezca para presidir el país, en tiempos en que los ciudadanos del resto del país parecen cada vez mejor concienciados y organizados para exigir y recibir una transparencia cada vez mayor.