Ayer fue un día histórico para Francia. Por primera vez desde el nacimiento de la Vª República -e incluso desde 1848- un Presidente de la República ha reunido en congreso a las dos cámaras (la Asamblea Nacional y el Senado) y ha pronunciado ante ellas un discurso, pero no por motivos excepcionales -como sucedió anteriormente con Sarkozy en junio de 2009 y Hollande en noviembre de 2015- sino con la intención de convertir estas sesiones en actos «normales» de la vida democrática del país.
Hasta 2008, los presidentes en Francia no tenían posibilidad de dirigir directamente un mensaje a las cámaras, pero la reforma constitucional que en aquel año impulsó el presidente Nicolas Sarkozy lo hizo posible.
En su discurso de Versalles, el presidente Emmanuel Macron se ha mostrado, como a lo largo de su campaña electoral, partidario de acometer reformas institucionales profundas para sacar a Francia de su estancamiento y para reafirmar su liderazgo europeo, como por ejemplo la reducción en un tercio del número actual de parlamentarios, o la introducción de fórmulas de proporcionalidad que atemperen la dureza del sistema actual de escrutinio mayoritario a doble vuelta en la elección de los diputados.
Esta última propuesta muestra a Macron en todo su esplendor, porque el nuevo presidente de Francia, que acaba de ganar las elecciones legislativas por una abrumadora mayoría, lo que pretende es que los partidos de la oposición tengan más oportunidades de obtener asientos en la Asamblea. De concretarse esta reforma, serían beneficiarios de ella formaciones políticas como el Frente Nacional de Marine Le Pen o la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
Es decir, que lo que propone Macron es fomentar la representación parlamentaria de la oposición, y no eliminarla, como ha hecho -por cierto, exitosamente- el gobernador Urtubey en Salta.
Pero del discurso de Macron sobresalen otros dos detalles que de ningún modo pueden pasar desapercibidos en Salta.
El primero, que el Presidente de la República se muestra dispuesto a someter sus propuestas de reformas a los ciudadanos para que las aprueben mediante referéndum, en caso de que la Asamblea se niegue a llevarlas adelante.
El segundo, que Macron ha vinculado el éxito de sus reformas, así como el futuro de Europa, a una necesaria y urgente renovación de la dirigencia política.
Reformas y referéndums en Salta
En diez años de mandato, el gobernador Urtubey solo ha podido demostrar que es alérgico, hasta extremos preocupantes, a las reformas institucionales.Antes que reformarlas, el Gobernador ha preferido pervertir a las instituciones: en su composición, en su funcionamiento y en su finalidad. Lo ha hecho, no tanto gracias a su osadía personal o a la mayoría de votos que lo sustenta, sino aprovechándose de la debilidad del tejido social, de esa Salta desvertebrada que ha tolerado los atropellos.
La Constitución de Salta tiene una herramienta de democracia semidirecta (el referéndum del artículo 60) que es sin embargo virtualmente inútil, al supeditar la procedencia de las consultas a la decisión de la Legislatura provincial de sancionar una ley que las permita puntualmente.
El artículo 60 de la Constitución provincial debe ser reformado de forma tal que los referéndums vinculantes se puedan convocar con o sin ley y cualquiera sea la opinión de la Legislatura, siempre que exista un número de ciudadanos no inferior al 10 por cien de los electores registrados que así lo soliciten en un proceso abierto y verificable de firmas certificadas.
No se trata de introducir en la Constitución la iniciativa legislativa popular (que en el fondo deja a la voluntad de los representantes la decisión de aprobar las iniciativas), sino de pasar por encima de esta voluntad, que de ningún modo puede considerarse soberana.
Así, los partidos políticos podrían proponer reformas institucionales (sea que requieran o no de modificaciones al texto constitucional) y recabar el apoyo de los ciudadanos. El gobierno estaría obligado así a convocar los referéndums una vez que se registrara una petición en tal sentido, con el mínimo de firmas requerido.
Por supuesto, el ámbito de los referéndums no puede quedar acotado a las cuestiones institucionales, sino que debe avanzar decididamente hacia cuestiones políticas y de gobierno; por ejemplo la revocación de los mandatos de los cargos electos, incluidos los del Gobernador y Vicegobernador de la Provincia. La exclusión de la fiscalidad y del perdón de los delitos, previstas en el actual texto constitucional, es razonable.
Se puede entender, hasta cierto punto, que a Urtubey no le entusiasme la posibilidad de reformar y menos aún la de hacerlo dejando de lado a la Legislatura que él controla con mano de hierro.
Los salteños tienen que entender que las reformas que necesita la democracia y el sistema institucional que la sustenta no consisten en vender anafes ni administrar yogures aguachentos a los niños en riesgo de desnutrición ni en obligarnos a votar en pantallas táctiles. Hay que cambiar cosas más importantes para sobrevivir, para relanzar a Salta, para darle alas a la creatividad de sus habitantes, para hacerla más fuerte, más justa y socialmente más eficaz.
Renovación de la dirigencia política
Pero encontrar a reformistas convencidos en Salta es una tarea ardua. La mayoría de los dirigentes políticos conocidos lo que busca no es otra cosa que un lugar a la sombra de ese tinglado de privilegios que Urtubey ha construido con una paciencia de abeja en los aledaños del poder.Se necesita, pues, abrir la política (si es necesario, empleando un cuchillo, como hacen nuestros vecinos chilenos para abrir las almejas) y dejar que la dirigencia política se renueve y se oxigene.
Urtubey es el mayor obstáculo para esta renovación. No solo porque él es ya en sí mismo una figura recalentada, un «número fijo» del poder, pasado de revoluciones, sino porque sus políticas están orientadas en su mayoría a blindar los privilegios del grupo gobernante y a excluir a los demás de los disfrutes de prebendas. Una ley de la Provincia deberá, más pronto que tarde, regular minuciosamente la forma en que se utiliza el dinero público para influir en los medios de comunicación y en la configuración de los demás partidos políticos.
Salta necesita de dirigentes nuevos (y esto no es una cuestión de edad, como equivocadamente planteó Urtubey para sacarse de encima a ciertas momias peronistas). Es preciso que den un paso al frente personas con ideas renovadas, con apertura hacia el mundo y un compromiso innegociable con el futuro. Necesitamos que emerja una nueva generación que se anime a construir su propia visión de la democracia, y no tanto a esos jóvenes que solo aspiran a parecerse a Urtubey o a Romero. Si no acertamos a encontrarlos, en los próximos ochenta años seguiremos jugando en la Primera C de la liga democrática.
Urtubey y sus aliados representan todo lo que el mundo democrático avanzado hoy está desechando y dejando de lado; por prudencia, pero también por convicción y por necesidad.
Si Salta y los salteños reafirman una vez más su decisión de seguir venerando un pasado de falsa gloria, poco más se podrá hacer que emigrar. Pero antes de darnos por vencidos, hay que animarse a plantear esta batalla, que es crucial para el futuro de un millón y medio de personas que tienen todo el derecho a aspirar a un lugar en el luminoso firmamento de la democracia y que no tienen por qué resignarse a ver cómo los tiranos desfilan delante de sus ojos presumiendo de mandar a los demás por designio divino.