Juan Manuel Urtubey ya no está en Salta y cada vez pertenece menos a Salta.
Sus sueños y sus ilusiones están puestos en otra parte, por mucho que haga el esfuerzo de mostrarse por aquí de vez en cuando y que los aviones (y el aparato de comunicación oficial) le ayuden a escenificar una realidad que no existe.
El principal problema político que afronta en estos momentos la Provincia de Salta no es dónde está el Gobernador sino dónde quiere estar. Y lo que está muy claro es que ese lugar no es Salta.
La ausencia de Urtubey es más mental que física y aquí reside la verdadera gravedad del asunto, puesto que la Constitución provincial y el sistema político que nos rige no toleran un gobierno intermitente, o, lo que es lo mismo, un Poder Ejecutivo que ejerza de a ratos.
La situación es un tanto extraña puesto que Urtubey no ha perdido del todo su legitimidad como Gobernador (aunque vaya camino de perderla). Tampoco ha caído en una inhabilidad moral sobrevenida (aunque casi) y es bastante dudoso que se le pueda destituir ahora mismo en un juicio por incumplimiento de los deberes a su cargo.
Sin embargo, las repetidas ausencias del territorio provincial, que no tienen otra motivación que su deseo de pasear su imagen por todo el país para intentar ser Presidente en 2019, suponen para la Provincia de Salta un claro problema de gobierno o, si se prefiere, de gobernabilidad.
¿Deben las instituciones provinciales, incluidos los partidos políticos y los tribunales de justicia, permanecer indiferentes ante esta situación?
Creemos que no; que es deber de los ciudadanos reaccionar frente a lo que se advierte, ya mismo, como una silenciosa tolerancia social a un claro abuso del poder.
El poder político se ejerce abusivamente no solo cuando permite a los gobernantes hacer más de lo que deben (generalmente en perjuicio de las libertades de los ciudadanos) sino también cuando se tolera que los gobernantes hagan menos de lo que les corresponde. Es decir, cuando se les permite hacerse los desentendidos con sus obligaciones y usar de su tiempo como les venga en gana. En otros términos, que se puede incurrir en abuso del poder por sobreutilización del mismo o por subutilización.
Esta «cuestión de gobierno», creada por la voluntaria decisión del Gobernador de extrañarse de Salta, tiene, cómo no, una lectura constitucional. El artículo 60 de la Constitución provincial dice con suficiente claridad que «las cuestiones de gobierno (...) pueden ser sometidas a la consideración del cuerpo electoral, mediante referéndum».
Ha llegado el momento en que los partidos políticos y las fuerzas sociales en general piensen en la necesidad de convocar a un referéndum para que todos los ciudadanos de Salta, de una forma democrática y transparente, decidan si Juan Manuel Urtubey debe seguir gobernando la Provincia de Salta o si debe renunciar y dejar que el vicegobernador Miguel Isa se haga cargo del Poder Ejecutivo, por el tiempo señalado en el artículo 146 de la Constitución.
La Provincia necesita un timón y la democracia no tolera el gobierno en las sombras de ministros sin responsabilidad política, elegidos a dedo. El Vicegobernador debe asumir su responsabilidad, porque para eso juró obedecer la Constitución de Salta. No se trata, pues, de traicionar a Urtubey, sino de ser leal y consecuente con las leyes que nos rigen, que están por encima de cualquier persona.