En dicho artículo se recogen declaraciones que se atribuyen al Procurador General de la Provincia de Salta, Abel Cornejo Castellanos en las que asegura que el expediente penal en la que se encuentra involucrado el comisario Mamaní (un presunto delito de abuso de armas) «está atravesado por los vínculos del narcotráfico con el poder político y judicial en el sur de Salta».
Aunque el artículo se cuida bien de hacer nombres, unos párrafos antes se menciona al suspendido auxiliar fiscal Sergio Dantur y al juez de la Sala Primera del Tribunal de Impugnación de la ciudad de Salta, Luciano Martini Bonari, autor de una resolución judicial que anuló parte de la investigación penal llevada a cabo por la fiscal Verónica Simesen de Bielke y que dio la razón al investigado Dantur en cuanto a la vulneración de sus garantías procesales en una diligencia pericial sobre su teléfono móvil.
Pero más allá de los nombres, la sola insinuación de la existencia de «vínculos» entre el crimen organizado y los narcotraficantes con el «poder judicial» de Salta es sumamente grave, más aún si se tiene en cuenta que quien denuncia la existencia de tales vínculos es una persona que desempeñó durante más de una década el cargo de Juez Federal de Primera Instancia de la ciudad de Salta.
Cornejo deberá aclarar ahora si el auxiliar fiscal Dantur o el juez Martini forman parte de esta red; es decir, si cuando habló con La Nación estaba pensando en ellos o en otros magistrados. Si fuese este último el caso, el Procurador General no solo debe hacer pública la identidad de los jueces o fiscales vinculados con los narcotraficantes sino iniciar inmediatamente las actuaciones penales para exigir las responsabilidades por los delitos que pudieran haber cometido.
En la misma crónica periodística se recogen también declaraciones de la fiscal Simesen de Bielke, en las que afirma haber recibido tanto amenazas como presiones políticas, sin que en el caso de las primeras conste que la fiscal amenazada haya formulado la preceptiva denuncia, y sin que en el caso de las segundas se identifique o señale al autor o a la autora de tales presiones.
Según Simesen de Bielke, resulta «difícil» investigar en el Departamento de Anta, en donde -según ella- «existe una fuerte presunción de tránsito de droga». Pero cuando la fiscal intenta descender al detalle de estas dificultades, afirma que el poder en el lugar «lo tienen el cura, el comisario, el intendente», a quienes sin nombrarlos se los señala también, de alguna forma, como cooperadores necesarios con las redes de narcotráfico que obstruyen las investigaciones judiciales.
El mismo Cornejo dice que «a los fiscales les cuesta avanzar», pero hasta el momento, los únicos que formalmente han opuesto reparos a los presuntos «avances» de la investigación penal contra el comisario Mamaní han sido el abogado defensor del auxiliar fiscal Dantur y el juez Luciano Martini. Ambos lo han hecho además en un expediente en el que se investiga un delito menor (el abuso de armas).
Hasta la publicación de este artículo por el diario La Nación, no se conocía en Saltae que el Ministerio Público Fiscal a cargo del señor Cornejo estuviese investigando al narcotráfico organizado en el centro-sur de la Provincia o que las certezas reunidas por los fiscales penales provinciales hubiesen sido compartidas con las autoridades judiciales federales competentes.
Se trata en cualquier caso de una revelación inquietante, no solo por las proyecciones que el asunto pudiera tener (habida cuenta de que -según Cornejo- las redes de narcotraficantes disfrutan de algún tipo de protección por parte de algunas autoridades públicas) sino porque de no mediar una rápida aclaración o precisión, los nombres de Sergio Dantur, Luciano Martini y Walter Exequiel Mamaní (sumados a los de los curas, comisarios e intendentes de todas las localidades del Departamento de Anta) quedarán señalados y muy probablemente enlodados.
Lo que sin dudas da pie a la elaboración de numerosas conjeturas es el hecho de que el policía Mamaní se encuentre todavía sospechado de haber intentado desviar, mediante la acreditada falsificación de evidencia, la investigación del crimen de torturas, violación y asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, y que el juez Martini -que con su resolución alivió sustancialmente la situación de Mamaní- haya sido el mismo magistrado que firmó la sentencia que envió a prisión de por vida al jardinero Santos Clemente Vera, una de las víctimas más sangrantes de la manipulación judicial y policial del dossier de las turistas francesas.
Lo que hay que preguntarse ahora es cómo encajan las redes de narcotráfico en todo este asunto.