En realidad, se trata de un giro de la investigación, puesto que el detenido ya había sido interrogado con anterioridad por los fiscales expulsados del proceso por el Procurador General. Según Verónica Vargas, hermana del ciudadano detenido, cuando sucedió el asesinato de Salas, su hermano fue interrogado «en dos o tres oportunidades» al poco tiempo del suceso. También -según el relato de la hermana- en aquella oportunidad le fueron secuestrados al sospechoso su teléfono celular, su tarjeta Saeta y la ropa que vestía el día de autos.
Si en aquel momento lo fiscales lo desvincularon de la causa, seguramente fue porque no había ningún elemento que conectara al sospechoso con el crimen. De tal suerte que, ahora, cuando su situación ha dado un dramático vuelco, se trabaja con la hipótesis de que los fiscales que investigan el hecho disponen de pruebas concluyentes acerca de su participación. Dichas pruebas, sin embargo, aún se desconocen.
Según la hermana del detenido, el abogado particular que la familia ha contratado, después del fiasco de la intervención de un defensor oficial, ha podido acceder al expediente y confirmado que no existe ninguna evidencia que justifique, ni la detención de su defendido ni la calificación jurídica provisoria. Los fiscales, desde luego, opinan lo contrario.
En declaraciones a un canal de televisión de Salta, Verónica Vargas ha defendido con énfasis la completa ajenidad de su hermano respecto de los hechos que se investigan. La mujer ha reconocido que su hermano frecuentaba la zona de Vaqueros y que en la fecha en que se produjo el brutal asesinato de Salas, su hermano se encontraba en la localidad, en donde tiene amigos y conocidos con los que se suele reunir los fines de semana.
Un acuerdo irregular y desleal
La señora Vargas ha dicho ante los micrófonos de la televisión salteña que una secretaria del abogado designado de oficio para la defensa de su hermano le comentó que este defensor estaba intentando llegar a un «acuerdo» con la Fiscalía para que el detenido admitiera por escrito que entró a la casa de Jimena Salas a robar, pero que la mataron otros.«Yo no entiendo bien pero creo que se trataba de un acuerdo de la fiscalía con la defensa», ha dicho la señora Vargas, dando a entender que la inexplicable actitud del defensor oficial fue la que determinó a la familia a hacerse con los servicios de un abogado particular.
La probable existencia de una propuesta de «pacto» de admisión de culpabilidad no solo pone entredicho la seriedad del defensor oficial designado, sino también la del propio fiscal de la causa, ya que de confirmarse que efectivamente ha habido negociaciones para obtener una confesión del reo mediante la connivencia entre el fiscal y el defensor oficial, el Ministerio Público de Salta se encontraría en una situación poco menos que escandalosa.
El Estado, ‘desesperado’
En otro pasaje de sus declaraciones, Verónica Vargas ha dicho lo siguiente: «Es algo injusto lo que están haciendo con él. Lo poco que sé, lo que entiendo, es que están presionando para que se resuelva esta causa. Sé que el Estado está desesperado por hallar un culpable, pero no vamos a permitir con mi familia que se lo tome a mi hermano, que es una persona inocente, como culpable. Y no vamos a permitir que se lo culpe a él, que se lo tome como perejil, para que él pague por algo que no hizo».Vargas no ha identificado ni al autor ni a los destinatarios de las presiones que -según ella- se están ejerciendo para que este crimen sea resuelto en el menor tiempo posible.
El autor intelectual, todavía en libertad
Según el letrado Luciano Romano nuevo representante procesal del sospechoso detenido, la situación de su cliente es irregular, por cuanto si se le acusa de haber cometido un asesinato por encargo, los fiscales deberían saber ya con razonable certeza quién pagó por el crimen y haber ordenado inmediatamente su detención. Para el abogado, no es lógico que en la causa haya un solo imputado.Romano también duda de que el crimen, cometido con evidente ensañamiento, haya sido obra de un sicario que, por definición, debería haber obrado a sangre fría.
Por otro lado, el abogado de la familia de la víctima, Pedro Javier Arancibia, piensa que si el Procurador General ha ordenado detener e imputar a una persona «es porque ya tuvo la precaución de hacer el cotejo con esta persona detenida; [el ADN] tendría que coincidir exactamente».
Jury de enjuiciamiento para unos y traslados para otros
El giro de la investigación fiscal del asesinato de Jimena Salas -si se confirmara la autoría del sospechoso detenido- revelaría un defecto muy grave en la instrucción judicial de la causa.En su momento, el Procurador General y jefe de todos los fiscales del territorio, Abel Cornejo habló públicamente de «ocultación de pruebas» en este caso, sin señalar ni mencionar por sus nombres a los responsables de tal ocultación.
A pesar de la evidente gravedad de estas irregularidades -que todo indica han sido cometidas por uno o varios magistrados del Estado- el actual Procurador General ha reaccionado quitando del asunto a los fiscales que investigaban el asesinato antes de su llegada al cargo, sustituyéndolos por otros, y destinando a los sustituidos a otras labores de menor importancia. En algún caso se ha anunciado también la apertura de un sumario administrativo.
Esta actitud del Procurador General contrasta notablemente con su virulenta reacción en el famoso caso de la violación de Alto La Sierra, en el que, hace tres años, por una discrepancia insignificante entre el Fiscal Penal de Embarcación y el Juez de Garantías Nº 2 de Tartagal, el señor Cornejo no dudó en solicitar para ambos la formación de Jury de Enjuiciamiento, con el obvio propósito de destituirlos.
El escrito dirigido por Cornejo al órgano constitucional encargado del juzgamiento de los magistrados en Salta califica a las supuestas omisiones del juez y del fiscal del caso como «infaustos episodios de público y notorio conocimiento», y a la violación investigada como «hecho aberrante». En aquella ocasión, el señor Cornejo -que aún desempeñaba el cargo de juez de la Corte de Justicia de Salta- utilizó la vía procesal de la acusación popular (reservada a los ciudadanos comunes), si bien en el propio encabezamiento de su escrito no tuvo inconvenientes en mencionar -junto a su número de DNI- su condición de magistrado del alto tribunal, de la que se valió entonces para defender la centralidad de la prisión preventiva como «institución fundamental» del sistema penal salteño.
El Jury, que tenía por objeto destituir al fiscal Jorge Armando Cazón y al juez Héctor Fernando Mariscal Astigueta, acusados por Cornejo de mal desempeño, retardo de justicia e incumplimiento de los deberes a su cargo (es decir, los mismos cargos de los que veladamente se acusa ahora a los fiscales apartados del caso Salas), no llegó a prosperar debido a que el antecesor de Cornejo en su actual cargo, y sucesor en su cargo anterior, Pablo López Viñals, decidió no acusar a los magistrados denunciados.