El exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, ha sido trasladado a la cárcel federal de la ciudad de General Güemes, poco después de que le fuera notificada la desestimación del habeas corpus que sus abogados habían presentado para evitar su traslado a un penal de presos federales. El exmagistrado, que cumple con una prisión preventiva que reúne todos los requisitos para hablar de un ensañamiento judicial en su contra, fue privado de su libertad el pasado día 1 de mayo y desde entonces se encontraba alojado en la delegación Salta de la Policía Federal argentina.
La modificación de las condiciones de su detención, que supone un agravamiento de hecho de su situación procesal, no guarda relación con las pruebas que lo incriminan, pues desde que el juez Bavio ampliara su procesamiento, los acusadores no han presentado más pruebas ni descubierto otros hechos.
A pesar de que el estado de salud del detenido aconsejaba reunir de inmediato a un tribunal evaluador para que se resolviera su petición de cumplir prisión domiciliaria, la Justicia Federal salteña, de la que Reynoso formaba parte hace escasos tres meses, determinó que no solamente debe seguir detenido sino que debe hacerlo en una cárcel en la que también se hallan alojado presos cuya privación de la libertad alguna vez fue ordenada por Reynoso.
A estas alturas del proceso, resulta extremadamente llamativo que todas las resoluciones adoptadas por los órganos de jurisdicción federal de Salta (algunas de ellas carentes en absoluto de fundamentos jurídicos) hayan ido en contra de los intereses de Reynoso. No solo en juez Bavio ha dictado graves resoluciones en su contra, sino que también lo han hecho la Cámara Federal de Apelaciones, y ahora el Juez Federal Nº 2, Miguel Antonio Medina.
En el ánimo de los jueces pesan seguramente las supuestas amenazas recibidas por algunos magistrados y empleados judiciales, que algunos atribuyen con asombrosa soltura al entorno de Reynoso, aunque éste ha negado reiteradamente saber algo de tales amenazas. Otros sostienen que las amenazas han sido fraguadas y que se habla de su existencia solo para comprometer aún más a Reynoso, sin que exista ninguna prueba ni indicio que lo vinculen con ellas.
El exjuez enfrenta ahora un complicado escenario, por cuanto los fiscales que lo acusan han solicitado formalmente la apertura de juicio oral contra él. Por otra parte, el juez Bavio deberá resolver, a la vista de los informes médicos, si Reynoso debe esperar el juicio en un lugar en el que su salud no se encuentre en riesgo. Y el propio Reynoso aún puede insistir ante los jueces, por la vía señalada por los mismos jueces de la Cámara de Casación Penal que inadmitieron su recurso, a comienzos del pasado mes de junio.
En aquella resolución, los jueces que suscribieron el voto mayoritario dijeron que el auto de prisión preventiva que afecta a Reynoso no tiene efectos equiparables a los de una sentencia defintiva, y que «la ley deja expedita la vía de la excarcelación y/o exención de prisión para promover y discutir la procedencia de la soltura del imputado».