Han sido suficientes unas pocas semanas para:
1) Desmentir con rotundidad que la situación social en Salta era tan boyante como lo proclamó el exgobernador Urtubey durante todo el tiempo que duró su inusualmente dilatada campaña proselitista (2016-2019). El rebrote de la pobreza extrema, la muerte de niños a causa de cuadros graves de desnutrición y la incapacidad del Estado para evitarlas, así lo demuestran.
2) Desmentir con idéntica rotundidad que las cuentas públicas del Estado salteño «estaban en orden» cuando se produjo el traspaso de poderes el pasado 10 de diciembre. Las draconianas medidas de contención del gasto público anunciadas por el ministro Dib Ashur, las igualmente duras medidas de ahorro decididas por el gobernador Sáenz y la urgente necesidad de reestructurar la deuda provincial, demuestran que los anuncios de Urtubey y de su ministro Estrada fueron interesadamente falsos.
3) Desmentir que entre el gobierno anterior y el actual se hubiera producido una «transición modélica», algo que fue anunciado tanto por unos y por otros. Bastan para comprobar este extremo, la vergonzosa desaparición de activos del Ministerio de la Primera Infancia o las discrepancias en el seno del departamento de Asuntos Indígenas.
4) Confirmar que los anuncios del gobernador Juan Manuel Urtubey en materia de mortalidad infantil y materna fueron sesgados y electoralistas, no se correspondían con la realidad, y desencadenaron una reacción de ocultación en cadena por parte de funcionarios de los diferentes niveles administrativos.
5) Confirmar que en el territorio de la Provincia de Salta el narcotráfico y el crimen organizado disfrutan de amplios espacios de impunidad, como lo demuestra el hecho comprobado de que un avión extranjero, pilotado por ciudadanos extranjeros, con una tonelada de cocaína a bordo intentó aterrizar en un aeropuerto de México, después de haber decolado en Salta, no se sabe aún si con la droga en su interior o no.
6) Confirmar que algunos organismos de control de la gestión del gobierno, como por ejemplo el Ente Regulador de los Servicios Públicos, funcionaban como auténticas cuevas, productoras de privilegios y garantes de la figuración de sus directivos, más que como cuerpos encargados de velar por los derechos de consumidores y usuarios.
7) Confirmar el agudo déficit de la Provincia de Salta en materia de infraestructuras básicas (especialmente en materia de comunicaciones y transporte), hecho demostrado por la creciente vulnerabilidad de nuestra red de carreteras durante el verano, y el retraso en materia de inversión externa en todos los órdenes, que el triunfalismo del gobierno de Urtubey nos ha impedido ver y resolver durante los pasados años.
A Gustavo Sáenz y a su todavía perplejo y perturbado gobierno todavía le queda tiempo para seguir descubriendo los agujeros negros de la administración anterior, sea en materia de educación, sea en materia de seguridad, sea en materia de empleo, de calidad de los trabajos o de niveles de protección social.
La admisión por parte del gobernador Sáenz de que Salta «es una provincia pobre» lleva incluso a pensar que toda la excelencia declamada en materia de turismo, enología, vitivinicultura o producción minera debe ser objeto de una profunda revisión para determinar si estos sectores económicos contribuyen como debieran al crecimiento económico armónico de Salta y si hacen o están dispuestos hacer esfuerzos solidarios mediante la justa redistribución de sus ingresos a través del sistema fiscal o el sistema de empleo.
Conviene tener presente que la mayoría de estos «descubrimientos» ya habían sido advertidos con antelación e insistencia, no solo por este medio sino también por importantes protagonistas de la política de Salta cuya voz se pretendió silenciar mediante el abuso de la propaganda progubernamental y el control político -a través del empleo abusivo y discrecional del dinero público- de la mayoría de los medios de comunicación de la Provincia.