La superficial agitación que en estos días se verifica en ciertos sectores políticos a causa del precipitado anuncio del nuevo gobierno provincial sobre una próxima reforma de la Constitución de Salta, no permite por el momento que los salteños reflexionen con la debida profundidad sobre este asunto.
Pero nos encontramos frente a una enorme inmoralidad, que demanda de la ciudadanía de Salta una reacción inmediata y contundente.
Los dos ciudadanos que se han beneficiado personalmente de las descaradas manipulaciones constitucionales de 1998 y 2003, y que, al amparo de unas normas que fueron alteradas con la inocultable intención de blindar su poder personal (político y económico) y en abierto desafío a la razón jurídica y moral consumieron entre los dos seis mandatos consecutivos sin interrupciones, reclaman ahora que quienes ocupen el mismo cargo que ellos han ocupado duren menos tiempo en él.
La responsabilidad de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey en la alteración caprichosa de las reglas del juego de la política de Salta es todavía más grave e intensa, por cuanto ellos no solo han sido beneficiarios de la modificación interesada y antidemocrática de las normas fundamentales sino que han sido sus convencidos arquitectos y sus entusiastas impulsores.
Romero lo fue en 1998 y Urtubey lo fue en 2003, para beneficiar al primero, a quien cuatro años antes había llamado «sembrador de progreso» en un empalagoso libro, y, posteriormente, para beneficiarse a sí mismo.
Ninguna operación de reforma constitucional puede llevarse a cabo en Salta sin denunciar previamente la responsabilidad moral que a los dos anteriores Gobernadores cabe por la manipulación de las normas fundamentales para su beneficio personal. Ninguna reforma del artículo 140 de la Constitución provincial será éticamente posible, y su razón jurídica nacerá herida de muerte, si antes los reformadores no declaran por escrito y en un documento redactado de forma clara y sincera, que aquel mismo precepto fue objeto de una inaceptable manipulación en las convenciones constituyentes de 1998 y 2003, para beneficio de un sector político que obró en todo momento en perjuicio del resto de la ciudadanía.
Ni Romero ni Urtubey pueden defender ahora que la limitación de los mandatos consecutivos del Gobernador de Salta era beneficiosa cuando ellos la consiguieron para sí y que es perjudicial ahora que ellos se han alejado del poder. No basta tampoco que uno de ellos, o los dos al unísono, entonen ahora un sonoro mea culpa y reconozcan su «error» en las reformas de 1998 y 2003. Las razones que hoy aconsejan limitar los mandatos consecutivos del Gobernador de Salta ya existían y eran lo suficientemente poderosas en el pasado para que ninguno de los dos pudiera haberlas ignorado entonces. Aun así, los dos propiciaron, irresponsablemente, de espaldas a la ciencia y en contra del sentido de la historia, la extensión de los límites constitucionales, sin reparar en las consecuencias.
La ciudadanía debe exigir ahora sin dilaciones la responsabilidad moral tanto de Romero como de Urtubey, y no quedarse en el plano de las declaraciones meramente testimoniales o simbólicas. Es decir, se debe avanzar en un proceso social y político que concluya con la censura más rotunda a los dos comportamientos (el de antes y el de ahora) y se traduzca en medidas concretas de responsabilidad política o, incluso, de responsabilidad civil, a la luz de las novedosas regulaciones que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación en la materia.
Salta no puede darse el lujo de ignorar la gravedad de estas conductas, porque atentan contra la buena salud de nuestro sistema democrático, convierten a las libertades civiles en juguetes en manos del poder político y reducen significativamente nuestra credibilidad y nuestro prestigio como pueblo amante de la Ley y respetuoso de los Derechos Humanos. No podemos pasar de puntillas sobre un tema de semejante envergadura, so pena de que Salta como provincia y los salteños como sociedad seamos considerados poco serios, políticamente volubles y portadores de una moral meramente instrumental y selectiva.
En Salta, como sucede en otros lugares del mundo, la responsabilidad moral ocupa un lugar cada vez más importante en la opinión pública, sobre todo cuando la atribución de la responsabilidad jurídica a través de los tribunales es insuficiente para cerrar satisfactoriamente escándalos de corrupción económica ligados al ocultamiento de cifras en la contabilidad de empresas, financiamientos ilegales de campañas y episodios de corrupción política.
Los salteños no pueden pasar por alto, bajo ninguna circunstancia, que de las acciones contradictorias de Romero y Urtubey emerge un tipo específico de responsabilidad que se relaciona con su valor moral.
Sea que se juzguen los acontecimientos desde una ética consecuencialista o se los enfoque desde la perspectiva de una ética deontológica (tanto Romero como Urtubey son políticos profesionales), ninguno de ellos puede proclamarse ahora ajeno a las consecuencias de sus acciones, pasadas o presentes.
Sus decisiones no solo han provocado un daño cierto y cuantificable a individuos, a grupos y a la sociedad entera, sino que también, con independencia de sus consecuencias concretas, se deben juzgar como incorrectas desde la perspectiva de un sistema compartido de principios y de juicios que se desprenden de las creencias culturales, religiosas y filosóficas de los salteños.
Si los salteños no concentramos nuestros esfuerzos en denunciar la responsabilidad moral de Romero y de Urtubey, no quedará otro remedio que investigar cuidadosamente en qué bando estuvo cada uno y qué postura adoptó cuando el poder personalista y omnímodo de los anteriores Gobernadores buscaba afanosamente acomodar la legalidad constitucional a sus deseos y conveniencias. Y denunciar, en consecuencia, a todos los que cooperaron, con su actividad o su silencio cómplice, a que se consumara uno de los mayores fraudes contra la soberana voluntad del pueblo y el constitucionalismo moderno de que se tenga memoria en la historia institucional de Salta.