La política de Salta nunca ha sido un juego de caballeros, por más que algunos se hayan empeñado en elevar a los altares a ciertos personajes a los que han adornado con la vitola de pundonorosos portadores de nuestras mejores virtudes republicanas.
La verdad, sin embargo, es que si tuviésemos que comparar a la política de Salta con algún deporte, este no sería precisamente el ajedrez, sino el levantamiento de piedras o los torneos de forzudos, pues década tras década hemos asistido más a la brutalidad que a la estrategia serena, y cuando por temporadas aparcamos la fuerza, cansados de ejercerla, presenciamos a una seguidilla de jugadores encabritados que se levantan uno a uno pateando el tablero.
Algo de esto le ha pasado recientemente al diputado provincial Héctor Martín Chibán, que ha sido objeto de un ataque mediático tan furibundo como hace mucho tiempo no veíamos en Salta. Bienvenido sea el señor legislador al selecto club de los que han sufrido y sufren en sus propias carnes las mentiras corrosivas de quienes no comulgan con sus ideas.
Hasta donde se ha podido leer, el diputado radical -una figura en sorprendente ascenso en el panorama político local, habitualmente plano y de bajos vuelos- tiene el pequeño defecto (no solo personal, sino también familiar) de «ser pudiente». Tremendo pecado.
Llegar a la política teniendo ya lo suficiente para vivir parece ser mucho más grave e imperdonable que convertirse en pudiente después; es decir, gracias al ejercicio de la política. Al político que se corrompe y se enriquece a costillas de sus conciudadanos se le terminan perdonando sus pecados. Al que nace rico o edifica su patrimonio de forma leal y transparente, y luego decide dedicarse a la política, no se le perdona absolutamente nada, aunque después de pasar por la política sea más pobre. Así funcionan las cosas en Salta.
A Chibán se le ha cargado en su pasivo el cierre de un supermercado de propiedad de sus abuelos, que cerró sus puertas cuando el actual diputado era solo un niño. Mi madre, que solía hacer las compras en aquel supermercado, contaba siempre -como si hubiera sido accionista del negocio- que los dueños de entonces no habían dejado a ningún trabajador privado de sus derechos con ocasión del cierre. Si había comerciantes honrados en Salta, estos eran generalmente de origen árabe. No solo los Chibán, sino también don Juan Hannawy, don Pepe Saicha o los hermanos Fortunato y Titi Ahanduni, por citar solo a algunos.
Pero aun en el hipotético e improbable caso de que aquel supermercado hubiera dejado a alguien en la cuneta, culpar a un descendiente por decisiones que pudieron haber tomado sus ancestros es toda una pintura de la pequeñez del espíritu aldeano. El padre de Güemes recaudaba los impuestos para el rey de España y sin embargo su hijo es considerado un héroe nacional. ¡Y ni qué decir del chozno!
La cuestión es muy sencilla de enfocar: en muy poco tiempo Héctor Martín Chibán ha hecho más cosas por Salta, los derechos y las libertades de los salteños, de lo que en largas décadas han podido hacer quienes hoy lo acusan temerariamente de «ser pudiente», con unos argumentos tan pobremente elaborados que solo leerlos provocan vergüenza ajena.
No soy partidario de denunciar por denunciar, pero mi deber como ciudadano y como abogado es recordar que la denuncia no obliga en ningún caso a recabar y presentar las pruebas de lo que se denuncia. En nuestro sistema legal son los fiscales quienes deben ocuparse de las pruebas. Los denunciantes -ocasionales o consuetudinarios- solo asumen la responsabilidad que a cualquier ciudadano le cabe en relación con las denuncias falsas. Mientras las denuncias no sean declaradas falsas por la autoridad competente, no ha lugar a ninguna persecución penal de estas conductas.
En cambio, la injuria puede ser constitutiva de delito aunque se utilice la verdad para denigrar o menoscabar la fama o la honra de una persona. Suponiendo que hubiera sido verdad que aquel supermercado dejó un tendal de trabajadores sin indemnizar, el uso de este argumento para descalificar a alguien puede ser delito. Justamente en este punto se diferencia la injuria de la calumnia, que precisa de la falsa imputación de un delito de acción pública para ser objeto de castigo penal, y en que, por tanto, la prueba de la verdad excluye la antijuridicidad de la conducta.
No nos confundamos. El ataque mediático dirigido al diputado provincial, haya sido o no pagado por sus autores intelectuales, es inadmisible en nuestro sistema constitucional, más allá de que los hechos que se mencionan en su contra sean verdaderos o falsos. El legislador no solo puede sino que debe denunciar y debe ser libre de hacerlo, sin amenazas, sin presiones, sin ataques; en eso consiste precisamente su genio. Y ser libre de denunciar por razones o con intencionalidad política. Faltaría más que no pudiera tenerla, ya que para eso le pagamos: para que se ocupe de la política precisamente y para que tenga toda la intencionalidad política que sea necesaria.
Por el contrario, sin entrar a juzgar de ningún modo la honorabilidad de los actuales gestores de la Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de Salta, es preciso decir que esta agencia ha servido siempre y sirve ahora para finalidades políticas, y no veo nada de malo en que así ocurra. Intentar protegerse de un ataque «político» situándose fuera de la política, como si fueran las hermanitas del Carmelo de la calle Santa Fe, no le hace ningún favor ni a la institución ni a sus gestores. Más bien contribuye a desfigurar a la una y a avergonzar a los otros.
Todos -diputados y cooperadores- están para cumplir la ley, sin excepciones. Si ha sido el diputado el que ha sacado los pies del tiesto, ya lo dirán los jueces. Y si ha sido la Cooperadora Asistencial, pues que se vaya preparando. Aquí no hay culpables ni inocentes de antemano, ni condenados por la cuantía de su patrimonio. Para eso existe el proceso penal y será este el que diga la última palabra.
Mientras tanto, los salteños no podemos hacer otra cosa que reconocer en el diputado atacado unas cualidades especiales para el combate político. Solo él sabe en su fuero interno por qué ha renunciado a la diplomacia y al cálculo en este asunto. Puede equivocarse, como todos, por supuesto. Pero sus razones, en cualquier caso, deben ser respetadas, por todos; especialmente por los señalados en su denuncia, que la peor actitud que podrían adoptar es intentar hacer añicos el prestigio del denunciante antes que hacer resplandecer la verdad.