La primera, una evidente discriminación jurídica rotundamente prohibida en la esfera de las relaciones de trabajo y que consiste que el trabajador que sí ha trabajado los días de huelga tendrá el mismo tratamiento remunerativo de otro trabajador que decidió plegarse a la huelga y que, por tanto, no ha trabajado.
La segunda injusticia es lo que se podría llamar la extensión forzada de la solidaridad, puesto que lo que pretenden hacer una huelga gratis (es decir, los que pretenden que la abstención del deber de trabajar no se traduzca en ningún sacrificio para ellos), lo que buscan es que los costes de la huelga sean soportados por todos los contribuyentes, y no solamente por los huelguistas o los trabajadores que simpatizan con ellos. Es decir, quieren que la huelga sea soportada económicamente (y por la fuerza) incluso por aquellos que no simpatizan con ella.
Cuando el gobierno -generalmente por debilidad pero también por ignorancia de los efectos de la huelga sobre los contratos individuales de trabajo- accede a pagar los salarios de los huelguistas, lo que estña haciendo es lesionar de un modo injusto y antijurídico los derechos de todos aquellos que no han hecho huelga y los de aquellos que ni siquiera pertenecen al colectivo de trabajadores afectados. Es decir, la huelga docente la deben pagar también los bomberos, los médicos, los soldadores, los encofradores, los empleados de comercio, los de banca y un montón de gente, entre trabajadores públicos y privados, que no tienen la suerte (o la capacidad de presión necesaria) para que cada huelga suya finalice también con un «acuerdo» de pago de los salarios por los días en que no han trabajado.
Ya se pueden desgañitar los ‘autoconvocados’ y cualquier otro que piense que las huelgas deben ser gratuitas para los trabajadores que las realizan. Si la abstención de trabajar no fuese una medida dura para los que la deciden, las huelgas podrían durar años y los servicios públicos -como la educación, por ejemplo- podrían durar años y meses enteros. El sacrificio de los trabajadores huelguistas es, pues, un elemento que introduce racionalidad en el conflicto.
Cuando las fiestas las paga otro, suelen durar más y ser más alocadas que cuando tiene que pagarlas el interesado en seguir la juerga. Y si ese «otro» son las arcas públicas, a cuya conformación contribuimos todos, la situación no puede ser más injusta.
Un funcionario -pongamos por caso, el Ministro de Educación o el Ministro de Gobierno- que, amparados en la «costumbre» o en los precedentes administrativos, decidiera pagar a los huelguistas cantidades que no se deben, podría incurrir en un delito de incumplimiento de sus deberes o de desvío de fondos públicos. Y en Salta no va a faltar quién se lo recuerde.