La actitud de un sector sindicalizado de los docentes de Salta es incomprensible: Después de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno provincial para aumentar sus salarios, han decidido ratificar la huelga con la que habían amenazado antes de sentarse a negociar. Frente a este escenario bastante particular, que amenaza por cierto la regular prestación de un servicio púiblico esencial, el gobierno de Urtubey, que tantas veces se equivoca, ha mostrado una insual firmeza y un también poco frecuente apego a la legalidad.
El propio Gobernador de la Provincia ha salido a decir que las clases van a comenzar en la fecha decidida de antemano y que si los docentes van a la huelga, los días que no trabajen por esta causa -como corresponde- no serán remunerados por el gobierno.
En una comparecencia ante los medios de prensa, el Primer Mandatario provincial ha intentado desligar el conflicto docente que atenaza al gobierno nacional con la situación de Salta, y en esta línea no ha dudado en calificar a la huelga planteada contra el gobierno de Macri por los docentes como una huelga con motivaciones «políticas».
Ha dicho también el Gobernador que si bien el gobierno federal aporta recursos para pagar los salarios de los maestros provinciales, estos recursos no alcanzan sino al 15% del total y que el resto -el 85%- es pagado con recursos propios de la administración provincial.
El gobierno también ha dado a entender que si los docentes rebeldes se niegan -como han insinuado- a firmar el acta de la negociación salarial recientemente concluida, el gobierno echará mano de un decreto para poner en vigor los aumentos acordados.
Si desde el punto de vista jurídico, la actitud de los sindicatos pudiera encuadrarse dentro de lo que se conoce como «mala fe negocial», desde el punto de vista moral, el anuncio de huelga y -con más razón aún- la velada pretensión de que los huelguistas sean pagados por todos los salteños, son incalificables.
La huelga anunciada y sostenida, entre otros, por el sindicato local ADP y por su secretaria general, es una «huelga de simpatía», ya que los afiliados a este sindicato, y los trabajadores docentes que el mismo representa no están en conflicto ni con el gobierno ni con los ciudadanos que van a sufrir la huelga. En tal sentido, si la medida de conflicto efectivamente se concretara (sin conflicto a la vista), la huelga podría ser calificada tanto en sede administrativa como en judicial como una huelga ilegal, lo que dejaría al gobierno las manos libres para adoptar contra los huelguistas las medidas disciplinarias correspondientes, que podrían, en algún caso, llegar a la exoneración.
Si el gobierno de Urtubey se hubiese mostrado condescendiente o dubitativo en este asunto, habría sentado un nefasto precedente para las relaciones de trabajo en el ámbito del empleo público. Su falta de consistencia no solamente le habría granjeado nuevas y justificadas acusaciones de demagogia, sino que habría dejado la puerta abierta para que por ella otras minorías laborales planteasen, a su antojo, chantajes al Estado.
Pero más grave que esto, sin dudas, es que la irresponsable actitud del sindicato docente y de su secretaria general (otrora fogosa aliada del gobierno) deja herida de muerte a la negociación colectiva en Salta, que arrastra graves problemas de precariedad jurídica y de ausencia de una cultura negocial. Si dejamos a los docentes salirse con la suya, en adelante, cualquier sindicato, sea del sector público o del sector privado, que amenace con una huelga para obtener un mejor convenio o mejores condiciones de trabajo corre el riesgo de no ser tomado en serio por su contraparte, que con todo derecho puede temer que tras hacer los esfuerzos del caso en la mesa de negociación colectiva, solo minutos después de concluido el acuerdo, el sindicato le anuncie que hará la huelga de todas maneras y que ésta deberá ser pagada por la empresa.