Lo ha hecho, a pocas semanas de haber declarado -también por decreto- la emergencia alimentaria en todo el territorio provincial, y a pocos meses de que se vea obligado a abandonar su cargo de Gobernador, por haber llegado al límite de mandatos consecutivos previsto en el artículo 140 de la Constitución de Salta.
Las medidas de gracia decididas por Urtubey han sido presentadas en sociedad bajo el engañoso nombre de «Plan de Alivio Fiscal para las pequeñas y medianas empresas de Salta».
Lo que no ha dicho Urtubey al presentar este curioso plan, es cómo van a impactar sobre las cuentas del Estado las quitas, moratorias y reducciones de impuestos que ha decidido, y, sobre todo, cuáles serán las consecuencias de tales medidas sobre la próxima administración que resulte electa en el mes de noviembre. La situación de los salteños y de las cuentas públicas a partir de diciembre parece no formar parte de las preocupaciones del actual Gobernador y candidato a Vicepresidente de la Nación
Mientras Urtubey acusa al gobierno nacional de «recortar sin derecho» los recursos económicos que él considera propios y privativos del Estado provincial, alegando que sin ellos no se pueden prestar determinados servicios públicos esenciales, por otro lado resuelve estrechar aún más la capacidad financiera de la administración, con medidas que, si bien pudo haber acordado con los empresarios, no fueron de ningún modo negociadas con el resto de las fuerzas políticas, ni sometidas al filtro legitimador del Poder Legislativo.
Si Urtubey tiene o no margen para acordar en estos momentos determinadas medidas de gracia, es algo imposible de saber, habida cuenta de la grave opacidad de las cuentas que maneja el gobierno. Y aunque tuviera este margen de maniobra, el que las medidas hayan sido acordadas en este momento, en el que rige una emergencia alimentaria y están en vigor las medidas nacionales que restringen el envío de recursos a las provincias, solo puede ser calificado de irresponsable.
Pero a la irresponsabilidad fiscal se le debe añadir la irresponsabilidad política, pues el hecho de que un Gobernador en franca retirada decida, por las suyas, «aliviar» la carga fiscal de determinadas empresas (esto es, reducir la solidaridad) es un acto que debería merecer el inmediato rechazo de las demás fuerzas políticas, cualquiera sea la opinión de los empresarios al respecto.
No se debe olvidar, por último, que Urtubey perdona los impuestos a unos empresarios que mantienen el índice de trabajo no registrado en Salta (el trabajo en negro) en el 50%, lo que constituye la cifra de trabajo clandestino más alta del país. De esta patología social, los empresarios son responsables en un 65%, el gobierno provincial (que ostenta las facultades de inspección) en un 30% y solo un 5% es responsabilidad de los trabajadores.
Lo que ha hecho Urtubey, por tanto, es premiar indiscriminadamente a unos empresarios que mantienen a la mitad de la fuerza de trabajo del sector privado de Salta sin derechos sociales de ninguna naturaleza.