La sanción, ventilada ampliamente por la comunicación oficial del gobierno provincial de Salta, confirma que su oficina de defensa del consumidor persigue primordialmente a las empresas de capital foráneo que se instalan en Salta a hacer negocios, pero deja fuera de la órbita de su poder sancionador a los comercios locales -generalmente más pequeños- que maltratan al consumidor de mil maneras sin arriesgarse a ser ni inspeccionados ni sancionados por la autoridad.
Bancos, empresas de tarjetas de crédito, supermercados, grandes superficies comerciales, operadores de telecomunicaciones y concesionarios de coches de marcas internacionales se encuentran en la mira del anticapitalista Morello, para quien la igualdad ante la ley es solo poesía y no de la mejor.
Dice la información oficial que Mostaza ha sido multada por infracción al artículo 19 de la ley nacional 24240 de defensa del consumidor y confirmada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Salta. Pero cabe preguntarse si Morello exige, con el mismo celo, el «libro de quejas, agradecimientos, sugerencias y reclamos» a los que mantienen puestos en las ferias americanas y en un sinfín de negocios igualmente obligados en los términos del artículo 10 de la ley provincial 7800.
Al final, resulta ser que quien en Salta más o menos hace algún esfuerzo por cumplir con la legalidad vigente es objeto de duras sanciones, mientras que aquellos que eluden sistemáticamente las normas en el anchísimo campo de la economía informal no tienen ninguna sanción y hasta gozan de la simpatía de funcionarios como Morello. El activismo de este señor en contra de las empresas organizadas, que dan empleo legal y registrado a cientos de personas en Salta, conspira decididamente contra el crecimiento de la economía provincial, ya que desalienta las inversiones y la creación de empleo.
Bien es verdad que no todo es color de rosa en este tipo de empresas, en donde también se cometen abusos, pero no hay razón para que el rigor se aplique solo a ellas y que, con absoluto desprecio por el principio de igualdad, se ignoren los incumplimientos y los abusos de otro tipo de negocios, que son los más pequeños y que a sabiendas de que la autoridad de consumo mira para otro lado cuando de ellos se trata, perpetran verdaderos atropellos contra los derechos de los consumidores más pobres en Salta.
Morello, no obstante, debe ser considerado como un precursor de la persecución ideológica contra el capital, ya que sin dudas su avsalladora política de castigo a las empresas organizadas ha inspirado al titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de Buenos Aires a prohibir a las empresas de delivery, como Glovo y otras que funcionan en base a aplicaciones, sin intentar siquiera que estas empresas cumplan con la legislación que dicen no están cumpliendo. Resultado: 25.000 trabajadores se han quedado sin poder prestar sus servicios, porque un juez, de la misma hechura mental que Morello, ha suprimido a sus empresas.
El propio Morello reconoce que los comerciantes con establecimientos abiertos al público deben registrar y hacer autorizar su libro de quejas mediante un escrito dirigido a él mismo, indicando razón social, CUIT, domicilio y número de sucursales. Bien haría en revelar el señor Morello cuántos libros de quejas tiene autorizados, sellados y foliados en Salta, y comparar su número con la cantidad de negocios en los que se atiende al público en todo el territorio.
Y mejor haría en ejercer su animadversión hacia el capital foráneo en otros lugares menos dañinos para la salud de la economía provincial y para el empleo de los salteños que en la Secretaría de Defensa del Consumidor.