La comparecencia ante la Cámara de Diputados del Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno provincial de Salta, señor Fernando Yarade, para explicar los detalles del proyecto de presupuestos del Estado para el año 2019, ha sido una especie de clase magistral sobre las finanzas internacionales y el mercado de capitales.
Yarade ha desaprovechado la ocasión de hablar de los problemas reales de Salta -que es lo que esperaban los diputados- para remontarse mucho más allá de las fronteras nacionales, en donde, por supuesto, se siente mucho más cómodo.
El funcionario ha demostrado conocimientos más o menos básicos sobre el funcionamiento de los mercados de capitales, pero al tiempo que su gobierno ha amparado el diseño de las cuentas públicas en argumentos internacionales (el cual más complicado que el otro), las políticas que el mismo gobierno viene aplicando desde hace años dan a entender sin tanta complicación que existe una distancia enorme entre el conocimiento de los entresijos de las finanzas a nivel mundial y el conocimiento de los nuevos desafíos de la política en idéntica escala.
Algunos diputados no se explicaban esta mañana el motivo por el cual un gobierno que dice estar conectado con el mundo parece tan agudo y vigilante en materia financiera y al mismo tiempo se muestra tan ignorante y atrasado en cuestiones políticas, como lo demuestran sus continuos retrocesos en materia de derechos, de libertades y de lucha contra la pobreza.
En el tramo final de su largo periodo de gobierno, Urtubey ha conseguido convencer a los incautos de Salta (que son muchos) que su gobierno se encuentra a la vanguardia en algunas materias importantes para la vida democrática, como por ejemplo el combate contra la pobreza o el ejercicio del derecho de sufragio.
Para consumar el engaño, Urtubey se ha valido, por un lado, de un discurso críptico e indescifrable, que muchos salteños aceptan de forma acrítica, sin analizarlo ni siquiera de modo superficial, y, por el otro, de la exagerada atención que muchos de nuestros comprovincianos prestan a los movimientos políticos nacionales, cuya dinámica tiende a postergar -y llega en algunos casos a anular- la atención sobre los problemas políticos locales, que no solamente son más interesantes, sino que, en muchos casos también, son más graves.
Las restricciones presupuestarias previstas para 2019 en Salta no obedecen ni de lejos a la coyuntura financiera internacional ni a la crisis de las finanzas públicas federales, sino más bien y en todo caso a la perezosa ineficiencia del gobierno provincial salteño, retratada en un solo detalle: la mora de varios años en la obligación constitucional de someter sus cuentas a examen por parte de la Legislatura.
Es verdad que la contracción de la economía nacional y la consecuente reducción de los recursos federales influye en el diseño de las políticas provinciales, pero más que ese detalle lo que se esconde detrás de este presupuesto apresurado es un intento desesperado por cuadrar unas cuentas que amenazan con convertirse en incontrolables por el desmesurado aumento del gasto de personal, consecuencia de la alegre política de designaciones en la Administración del Estado.
Si Urtubey tuviese la misma finura dialéctica en materia política para conectar sus actuaciones con la situación mundial, como ha demostrado que la tiene en materia financiera, debería explicar a los salteños por qué motivo el Gobernador de la Provincia considera que la falta de denuncias penales en su contra es un indicador de buen gobierno, cuando él y los miembros de su gobierno se han venido negando en redondo a asumir ninguna responsabilidad política, como lo hacen los líderes políticos de los principales países del mundo democrático, que no esperan a que los cite un fiscal para abandonar sus cargos cuando han dejado de cumplir sus obligaciones y sus compromisos.
Urtubey lleva años sin rendir cuentas a la Legislatura, ha introducido sin demanda y sin consenso el voto electrónico, ha errado el camino en la protección de las mujeres y de los menores de edad, ha fracasado en la lucha contra la pobreza, ha aniquilado derechos fundamentales, ha incumplido su promesa electoral de limitar el poder, ha matado el pluralismo político y parlamentario con su debilidad por la hegemonía, ha fracturado la cohesión territorial comprando y vendiendo intendentes como si fuesen churros, y ha cambiado de opinión, sin una justificación convincente, en temas muy delicados para la sociedad como el matrimonio homosexual o la interrupción voluntaria del embarazo. Y sin embargo, espera que le cuelguen medallas por no haber sido objeto de denuncias penales, como si estas fuesen un mecanismo político normal.
Cualquier otro gobernante del mundo, aun uno ignorante del funcionamiento de las finanzas en Wall Street, habría ya dado muestras de su responsabilidad política, rectificando, haciendo autocrítica, dimitiendo o exigiendo la dimisión de sus colaboradores. Al contrario, el Gobernador de Salta, en el crepúsculo de su mandato, todavía se da el lujo de tratar a sus comprovincianos como ignorantes, negándose a asumir cualquier tipo de responsabilidad en un descalabro que si alguna virtud tiene es que ya no se puede seguir ocultando.