Un ministro del gobierno -de cualquier gobierno- está generalmente autorizado a adoptar una gama bastante amplia de decisiones en el terreno de su competencia. Si no pudiera hacerlo o si lo hiciera con temor a una sanción penal más o menos inminente, el gobierno de un país se paralizaría o sería sencillamente imposible.
En el día de ayer, un fiscal penal de la Nación ha anunciado su decisión de formular una denuncia penal contra el Ministro de Energía del gobierno federal, por la presunta comisión de los delitos de abuso de poder y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la prensa que se ha referido a este hecho, el ministro habría cometido estos dos delitos al autorizar el aumento de la tarifa del gas; y el fiscal, de paso, habría pedido a la jueza competente que suspenda de forma cautelar este aumento.
Sin entrar a considerar, por el momento, si una decisión ministerial de este alcance puede ser constitutiva de delito o no, la primera pregunta y las más obvia que cualquiera se puede formular es la siguiente: En un país medianamente organizado, ¿las tarifas de la energía que consumen los ciudadanos las decide el gobierno o las deciden los fiscales?
Ahora supongamos que el Ministro de Energía, en lugar de haber consultado a los mercados, hubiera adoptado la decisión de aumentar las tarifas desparramado sobre un sillón, con un vaso de whisky en la mano, fumando un cigarro cubano como el de Groucho Marx, tronchándose de la risa y disfrutando al calcular el sufrimiento de muchas familias cuando les llegue la boleta del gas. Aun así, sería muy difícil que estuviera cometiendo ningún delito (no solo ya los denunciados por el fiscal). El sadismo gubernamental, por decirlo de algún modo, no es algo de lo que se deban ocupar los tribunales penales de la Nación, que no están para cambiar a su gusto las decisiones del gobierno sino para otra cosa.
Dicho en términos parecidos, que si la decisión del ministro Iguacel no es jurídicamente válida, no es el orden jurisdiccional penal el llamado a restaurar la legalidad preterida, ni es un fiscal penal la autoridad para reclamar que se restaure.
Ahora pensemos en lo siguiente: ¿A qué ministro le gusta aumentar las tarifas porque sí en un momento de aguda crisis económica? Si este fuese realmente el caso del señor Iguacel, la competencia del asunto tendría que saltar de la sección penal del Juzgado Federal de la Capital Federal al comité científico del Hospital Borda. Si de verdad se consigue probar que Iguacel está encantado con el aumento que ha decidido es porque necesita hacérselo mirar de forma más bien urgente.
Hablando un poco de división de poderes, es lógico y razonable pensar que los ministros y demás funcionarios del gobierno no deben amedrentar a los jueces y fiscales, amenazándolos, por ejemplo, con destituirlos. Pero es del mismo modo lógico y razonable, por idénticos motivos de independencia funcional y política, pensar que los fiscales no deben meter miedo a los ministros, amenazándolos con enviarlos a la cárcel.
Todos los días alguien en la Argentina se llena la boca hablando de república. Y, a menudo, quienes lloran por la república que no supimos afianzar no dicen nada cuando los ministros extorsionan a los fiscales o los fiscales chantajean a los ministros. ¿Por qué no dejar que cada uno haga su trabajo con la máxima libertad y tranquilidad posible?
Es de suponer que si el señor Iguacel no aumenta el gas, la consecuencia más probable es que en algún momento el gas pase a valer cero, porque no habrá forma de que fluya por las cañerías. Si se aumenta la tarifa -entiendo yo- es para intentar que el servicio se mantenga y evitar que colapse. Ahora, que si el ministro ha adoptado su decisión para que las empresas que distribuyen el gas ganen más dinero, la solución no es meterle una denuncia penal y amenazarlo con la cárcel. Si se llegara a comprobar que el aumento ha sido decidido sin razones operativas o de mercado que la justifiquen, la única solución posible es exigirle al presidente Macri que eche a su ministro. Eso se llama, en algunos países un poco más organizados que el nuestro, «responsabilidad política», concepto que también abarca y comprende una posible dimisión del ministro.
Lo otro -es decir, que frente a un asunto que se debería resolver en el ámbito del derecho administrativo se alce un fiscal penal pidiendo que metan en la cárcel a alguien- es una solución típicamente republicana, pero de las repúblicas bananeras.