La decisión del gobierno federal de discontinuar la financiación de la tarifa social de la energía eléctrica ha sido interpretada en Salta como el final irremediable de esta ayuda. Pero lo cierto es que resolución del Ministerio de Energía de la Nación a través del cual esta decisión ha tomado forma prevé que el auxilio que el Estado venía prestando a las familias de más escasos recursos para que pudieran pagar su consumo de luz, en vez de ser prestado por el Estado nacional lo sea por las provincias.
Será aplicable, dice la resolución, «por los mecanismos que se instrumenten en cada una de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran a dicho régimen».
En consecuencia, si a partir del 1 de enero de 2019 desaparece la tarifa social de la luz en Salta y muchas familias pobres se ven obligadas a pagar la luz a precio de mercado y se extiende y profundiza la perniciosa pobreza energética, no será pues porque el gobierno nacional haya suprimido tal ayuda, sino porque el gobierno provincial (el nuevo encargado del asunto), o bien no tiene recursos para pagarla o, teniéndolos, prefiere gastar el dinero en otra cosa.
Detrás de la aparente complejidad del asunto se halla una cuestión muy simple: si el gobernador Urtubey no puede pagar la luz de las familias pobres es que el dinero que la Provincia ingresa se destina a fines aun superiores a la ayuda social, y, en tal caso, corresponderá que el gobierno explique detalladamente cuáles son esas finalidades tan elevadas.
Si el gobernador Urtubey no tiene el dinero que hace falta para sostener la tarifa social de más 80.000 familias usuarias de la energía eléctrica debería pensar en retroceder el nombramiento de una parte no muy numerosa de los miles de empleados y agentes a los que dio un puesto de trabajo en el Estado, de forma absolutamente discrecional, sin controles de ninguna naturaleza. Y desde luego, debería pensar en dejar de seguir nombrando a gente que el Estado no necesita pero que sí necesita del Estado para poder sobrevivir.
Si no hay más remedio que elegir entre salvar a unos o a otros, el dilema tiene fácil resolución: se debe auxiliar a las familias pobres.
Si el precio del kilovatio/hora es de 1,4 pesos y el descuento social cubre el 100% de los primeros 150 kwh y el 50% de los 150 kwh siguientes, y si en Salta, como dicen los diarios, son aproximadamente unos 80.000 usuarios los que se encuentran acogidos a esta tarifa, la cantidad que el gobierno provincial debe desembolsar mensualmente para atender esta factura es de unos 25.000.000 de pesos. Lo que equivale a la suma del sueldo mensual (incluidas las cotizaciones sociales) de entre 400 y 500 trabajadores del Estado.
Urtubey deberá en consecuencia sopesar si provocará una crisis social mayor colocando en la calle a 500 agentes improductivos y que han conseguido un puesto de trabajo sin pasar por ninguna prueba de selección objetiva, sin demostrar su mérito o su idoneidad y violando el principio de igualdad, o convirtiendo en un infierno la subsistencia de unos 250.000 salteños, que deberán elegir entre comer y encender su computadora.
{articles tags="current" limit="3" ordering="random"}
{Antetitulo}
{link}{title limit="58"}{/link}
{created} - {cat_name} -