La Secretaría de Defensa del Consumidor, que depende del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Salta, ha impuesto a la empresa Telecom Argentina una multa de 150.000 pesos argentinos, «por no haber suministrado información detallada sobre la facturación realizada y por trato indigno a un cliente».
La sanción releva el extraordinario celo jurídico de un gobierno que tolera que algo más del 60 por cien de la economía provincial se desenvuelva sin papeles de ninguna naturaleza, en perjuicio de consumidores, trabajadores de escasos y ingresos y personas vulnerables en general.
Según el gobierno, el expediente contra Telecom Argentina se abrió con la denuncia formulada por un cliente de la compañía que había solicitado su baja de Arnet «por un servicio que no se estaba brindando». Dice la información oficial que, «a pesar de los numerosos reclamos», la empresa multinacional siguió facturando de forma indebida por el servicio de Internet y procedió a cortar el servicio telefónico por impago.
Sin decir en ningún momento que su intervención en el asunto puso fin a la facturación indebida o logró que la línea de teléfono del cliente volviera a funcionar, el gobierno dice que multó a la compañía por infracción a los artículos 4, 8 bis y 19 de la ley 24240, «ya que no se dio respuesta ni informe cierto, claro y detallado a los reclamos efectuados oportunamente por el consumidor y por trato indigno».
A renglón seguido añade el gobierno que «la empresa representa una violación al artículo 19 de la mencionada normativa debido a que no se respetaron las condiciones contractuales convenidas, ya que Telecom continuó cobrando por un servicio que no estaba brindando».
Según el Secretario de Defensa del Consumidor, señor Carlos Morello, Telecom debe garantizar las condiciones de atención y el trato digno al consumidor, «absteniéndose de desplegar conductas que coloquen al usuario en condiciones vergonzantes».
Por supuesto, nada ha dicho el señor Morello sobre las potenciales consecuencias jurídicas de la humillación institucional; es decir, cuando las agencias y oficinas del gobierno -incluida la suya- lesionan la dignidad del ciudadano y lo someten a «condiciones vergonzantes».
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