El concepto de «responsabilidad fiscal» no se puede ceñir solamente al equilibrio de las cuentas públicas; es decir, a un simple cálculo de equivalencia entre el dinero que se recauda y el que se gasta. Involucra también aspectos muy importantes como la racionalidad del gasto, el establecimiento de metas fiscales asequibles y, sobre todo, el acierto en los cálculos, no solo en materia de gastos sino también en materia de recursos.
Se incurre en grave irresponsabilidad fiscal cuando quien diseña los presupuestos del Estado incluye en ellos ayudas financieras que provienen de fondos extraordinarios y que, por su misma naturaleza, son revocables a voluntad de la autoridad que las concede.
Los términos del Decreto 206/2009, que crea el llamado Fondo Federal Solidario (o Fondo de la Soja) apenas si dejan lugar a la interpretación, pues la propia motivación de la medida se encarga de dejar claro que se trata de una medida de coyuntura, destinada a hacer frente a las consecuencias que, sobre el nivel de empleo y el bienestar general, proyectaba la gran crisis de los mercados globales de 2008 sobre las poblaciones de los países emergentes.
Para cualquiera -menos para el Gobernador de Salta y su espabilado Ministro de Economía- la existencia de tal fondo se encontraba estrechamente anudada al cobro, por parte del gobierno federal, de derechos de exportación de la soja. Es decir, que cuando dichos derechos dejaran de percibirse por su agente natural (por la causa que sea) el fondo dejaría de existir, sin remedio.
El caso es que el mismo gobernador Juan Manuel Urtubey aplaudió a rabiar la imposición de retenciones a las exportaciones agropecuarias, decidida por el gobierno de Cristina Kirchner, y años más tarde saludó jubilosamente la medida contraria, adoptada por el gobierno de Mauricio Macri. Lo sorprendente no es esto -porque, en el fondo, el Gobernador de Salta nos tiene acostumbrados a decir una cosa un día y hacer exactamente lo inverso al siguiente- sino que para adherir a las medidas contradictorias sus argumentos han sido prácticamente los mismos.
Si una actitud como esta es moralmente insostenible, mucho más reprochable es que quien aplaude el final de las retenciones a las exportaciones del campo, sabiendo las consecuencias inmediatas que puede acarrear para las finanzas de su Provincia, luego se queje porque el gobierno nacional ha suprimido un fondo que se conformaba, precisamente, con el producto de aquella recaudación.
La irresponsabilidad del Gobernador se extiende al momento de proponer a la Legislatura unos presupuestos que incluyen, como fijos e inamovibles, unos recursos que se basan en una norma extraordinaria y de coyuntura, a cuyo mantenimiento no está jurídicamente obligado el gobierno que recauda y distribuye los recursos.
Desde luego que el recorte lo van a sentir los salteños, pero lo van a sentir mucho menos, por ejemplo, los cordobeses, cuyo gobierno ya había descontado la extinción del Fondo Federal Solidario y adoptado las medidas oportunas para suplir su falta, previendo incluso que el gobierno nacional adelantara, como lo hizo, el final de las ayudas.
Lo de Salta -lo de Urtubey, Yarade y Estrada- es de una irresponsabilidad supina y falta en ellos el coraje necesario para reconocer que se equivocaron y que la culpa no es del gobierno nacional (o no toda la culpa) y que gran parte de los efectos nocivos de este recorte se debe a su confianza ciega en la automaticidad de las ayudas federales, así caigan chuzos de punta en la economía.
Por eso es que sorprende y disgusta que un ministro sin experiencia como Emiliano Estrada diga que el problema se agrava «porque la economía de la Argentina no muestra signos de recuperación». ¿Es que acaso la Provincia de la que él es ministro está en Bolivia? Porque que se sepa, tampoco despega la economía de Salta y no porque su gobierno haya dejado de tomar medidas, sino porque las que ha tomado son tan absurdas e ineficaces, que ningún buen resultado han dado ni darán hasta finales del año que viene.
Es tiempo de que los ciudadanos de Salta se den cuenta de que las finanzas públicas -de cuya buena marcha dependen variables como el bienestar o el empleo- está en manos de aficionados a las pizarras de las casas de cambio, de pequeños expertos en travesuras financieras y no en manos responsables y sensatas.
Porque sensato no es, precisamente, echar las culpas afuera cuando la principal responsabilidad de la imprevisión y de la «alegría fiscal perpetua» se debe atribuir a los que diseñan las cuentas del Estado provincial, recortan donde no deben, gastan lo que no tienen y hacen pagar a los ciudadanos de Salta con miseria sus delirios de poder en forma de campañas presidenciales.
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