
Los señores Emiliano Estrada y Diego Dorigato, Ministro de Economía y Secretario de Ingresos Públicos, respectivamente, han acudido a la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta a fin de explicar a los diputados del Partido Justicialista, los alcances del proyecto de ley de reforma del Código Fiscal que tiene como propósito gravar las operaciones de comercio electrónico.
Los funcionarios han explicado a los legisladores peronistas que todas las plataformas que presten un servicio directo de venta de bienes y servicios online serán alcanzadas por el Impuesto a las Actividades Económicas.
El señor Dorigato ha aclarado que si bien la venta electrónica ya es objeto de imposición, se incluye ahora el servicio de intermediación; es decir, las plataformas que ponen en contacto a vendedores con compradores.
Según la información oficial del gobierno de Salta, el proyecto considera actividad gravada la comercialización de servicios de suscripción online para acceso a toda clase de entretenimientos audiovisuales, películas, series, música, juegos, videos y transmisiones televisivas online.
El tipo impositivo será del 5% para la renta de inmuebles y el 7% en el resto de las intermediaciones comerciales.
Las tarjetas de crédito, agentes de retención
Desde luego, no serán las empresas que se dediquen a realizar estas transacciones las que paguen el impuesto al fisco. Según han informado los funcionarios, serán las tarjetas de crédito las que oficien como agentes de retención. Por un lado se gravará el servicio de venta ofrecido y por el otro un valor que se le cobrará a la plataforma informática a cuenta de la comisión que logra como consecuencia de ese alquiler.Los funcionarios no han informado sobre la posibilidad de que una vez que las entidades emisoras de las tarjetas retengan el impuesto de la cantidad que deben ingresar a las empresas, estas no repercutan el tributo aumentando las comisiones o los precios que cobran a sus suscriptores.
La información oficial dice también que cuando se trate de «una venta del exterior», el fisco salteño analizará «si hay habitualidad y sustento territorial». En tal caso, el proyecto de ley introduce la reforma del «responsable sustituto» como obligado al pago del tributo. Dice el gobierno que esta es la solución que han encontrado al problema que plantea la imposibilidad de exigir el pago del impuesto a empresas que no tienen domicilio en territorio nacional.
Es decir, que -en el caso de Netflix y otras empresas de su tipo- el impuesto lo pagará este responsable sustituto, residente en la Argentina.
El ministro Estrada ha asegurado que el fisco «no indagará en lo que cada uno compre online». La mecánica del impuesto consiste en solicitar a las tarjetas de créditos un informe de la cantidad de abonos de residentes en Salta que gestionan de determinados servicios y esa será la base de aplicación del impuesto.
Promesa de 40 millones de pesos anuales
El ministro Estrada ha asegurado que con esta forma de operar, y teniendo el cuenta el volumen poblacional de Salta, se estima que con este nuevo impuesto el fisco salteño va a recaudar 40 millones de pesos por año. Al cambio de hoy, menos de un millón y medio de euros.La cantidad calculada por el ministro equivale al 0,09%, aproximadamente, del total de gastos corrientes de la Administración, previstos en el artículo 1 de la vigente ley 8070, que establece los presupuestos del Estado para 2018.
Tanto Estrada como Dorigato han asegurado que el nuevo impuesto «brindará equidad al comercio local».
Ambos funcionarios han justificado esta medida en «experiencias similares» de otras provincias y en la recomendación de la OCDE.
Además del los funcionarios del gobierno, a la reunión asistieron los diputados Alberto Abadía, Lucas Godoy, Mario Moreno, Germán Rallé, Marcelo Paz, Alejandro San Millán, Nicolás Taibo, María del Socorro López, Enrique Domínguez, Elio Flores Royano, Mario Vilca, Gustavo Ruiz, Sergio Cisneros, Marcelo Oller Zamar, Gustavo Ruiz y Javier Vásquez.