La fiesta de Urtubey y sus empleados la pagarán los salteños con su consumo en la red

Del anuncio del Jefe de Gabinete Fernando Yarade se desprenden algunas cosas bastante claras:

1) que el gobierno de Urtubey no piensa bajar el gasto público más de lo que pudo haberlo hecho ya (e hizo bastante poco);

2) que no piensa tocar la monstruosa planta de personal, que cumple la doble función de dar de comer a mucha gente y mantener el nivel de votos del Gobernador; y

3) que aumentará la presión fiscal creando nuevos impuestos.

Aún no se conoce el texto del proyecto de ley que Urtubey va a enviar a la legislatura y que tiene por objeto crear impuestos provinciales al consumo en determinadas plataformas digitales de prestación de servicios o de intermediación en las transacciones sobre bienes o servicios.

Es difícil que la futura ley los mencione por sus nombres, pero, en principio, los servicios gravados por el Estado provincial salteño serán los que prestan empresas como Apple, Netflix, Spotify, AirBnB o Booking.com.

Todas estas empresas comparten un modelo de estrategia fiscal que consiste en mantener su casa matriz en países como Estados Unidos, pero facturar a sus usuarios desde países más pequeños (Irlanda, Holanda, Luxemburgo y otros) en donde funcionan filiales igualmente pequeñas, sin personal, y que solo tienen como misión recibir las transferencias de los impuestos que pagan los consumidores en terceros países, en donde estas grandes compañías no tributan.

Este modelo de elusión fiscal no solo es inequitativo sino complejo y difícil de desmontar por los Estados interesados en que estas empresas paguen impuestos por los servicios que prestan o las ganancias que obtienen en sus territorios.

Según lo que ha publicado hoy el diario El Tribuno, consciente (o más o menos consciente) el gobierno de Salta de esta dificultad, que se agrava por el hecho de que muchas de estas empresas no tienen ni siquiera una filial en el país (no digamos ya en Salta o en Rosario de Lerma), hará lo que hace cualquier «buen recaudador» ávido por hincarle el diente a estos jugosos pulpos de la economía digital: que sean las tarjetas de crédito (las emisoras del plástico) las que paguen tributo y que luego sean ellas las que ajusten sus cuentas con las grandes empresas. Una receta típicamente kirchnerista.

Hasta aquí, todo fenómeno.

Pero lo primero que se debe observar es que, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, los salteños y las salteñas pagarán más dinero por sus abonos de televisión por streaming, descargas de música, almacenamiento de datos, o incluso por su simple participación en plataformas de intercambio y acercamiento de oferta y demanda. Todo será más caro, porque realmente hay que ser muy ingenuo para pensar que con este mecanismo de recaudación tan rudimentario una provincia periférica del norte argentino podrá evitar que las empresas (expertas en esquivar la fiscalidad en tres cuartas partes del mundo) no trasladen los mayores costes fiscales a los usuarios que pagan sus tarifas.

Es probable que, a pesar de ello, los salteños sigan consumiendo y haciendo negocios en estas plataformas. Lo que es indudable que será su esfuerzo (y no las rentas de Apple, Netflix, Spotify, AirBnB o Booking.com) el que pagará la falta de criterio del gobernador Urtubey y su ministro Yarade, que se niegan a recortar en donde deben hacerlo y prefieren soñar con que Netflix se haga cargo de la factura de sus gastos.

Obsérvese que la imposición fiscal a los llamados gigantes digitales (Google, Facebook, Apple, Amazon) es un asunto que aún no se ha podido resolver en Europa, pero sí en Salta. Hay que sacarse el sombrero frente a quienes han resuelto antes que España, Italia y Francia (los países que aún se plantean impuestos específicos a esta plataforma) un problema tan complicado.

Y es del caso advertir que los países citados se plantean en mayor medida crear un impuesto a los gigantes digitales para poder salvar su sistema de pensiones, y no -como en Salta- en donde el impuesto tiene la misión de salvarle el pescuezo a Urtubey, pues es él quien debe pagarle el sueldo mensualmente a los casi 100.000 zánganos que viven opíparamente a costillas del Estado y que lo seguirán haciendo, porque su Gobernador ha decidido no tocarlos, más por razones electoralistas que por convicción.

Lo peor de todo, quizá, es que se ha presentado al futuro impuesto salteño como muy moderno, como un verdadero «smart tax», cuando tiene toda la pinta de ser una chapuza de quienes presumen de avanzadísimos conocimientos y herramientas en materia fiscal, y terminan secuestrando cargamentos de ropa usada en la ruta a Güemes, mientras el 60% de los que trabajan en el sector privado lo hacen en negro.

Es que cuando los halcones de Spotify o AirBnB se enteren de eso (y del cierre del ingenio San Isidro), se van a agarrar la panza de risa con la ley de Urtubey y Yarade. Salvo, claro está, que Spotify acierte a convertir en trending mundial la recientemente creada «Zamba para Isabelita», en cuyo caso ya hablaríamos en otros términos.