Con motivo o sin él, el gobierno nacional ha acordado el aumento de las tarifas de la energía que consumen los ciudadanos. Acto seguido, el Presidente de la Nación ha pedido a las provincias que eliminen los impuestos locales que se reflejan en las facturas de los servicios correspondientes.
El pedido presidencial ha sido interpretado al pie de la letra por algunos, como el Gobernador de la Provincia de Salta, que rápidamente ha salido a decir que no puede eliminar ningún impuesto provincial porque en las facturas de la energía no se liquidan tributos de este tipo.
Pero lo que en realidad ha pedido el Presidente a las provincias es un esfuerzo fiscal, un sacrificio, para que los ciudadanos afectados por los aumentos paguen menos, algo que por lo visto el gobernador Urtubey no está dispuesto a hacer, a diferencia de buena parte del resto de sus colegas.
Es improbable que las facturas del gas o de la luz no tengan impuestos locales (provinciales o municipales), como también es improbable que las empresas distribuidoras de energía en la Provincia de Salta no paguen tasas, sellos o ingresos brutos. Pero en el caso de que efectivamente no lo hicieran, la negativa del Gobernador de la Provincia a realizar el esfuerzo fiscal que le ha pedido el Presidente tiene como resultado uno solo: el que los ciudadanos en Salta deban pagar más dinero por la energía que consumen, en comparación con los que viven en otras partes del país.
Si no hay impuestos que se puedan quitar, ¿de qué forma se puede concretar este esfuerzo fiscal? De mil maneras. La peor de todas ellas es renunciar a hacer el esfuerzo y esperar que sea el gobierno nacional el que subsidie el consumo de energía de los salteños, «porque sí».
Urtubey dice tener sofisticadísimas herramientas de «inteligencia artificial» para saber si va a llover, pero al mismo tiempo se muestra incapaz de poner en marcha imprescindibles medidas de «ingeniería fiscal».
El gobierno provincial, sin transgredir la disciplina fiscal ni violar la ley presupuestaria, puede arbitrar mil medidas diferentes para lograr que los ciudadanos que residen en su territorio puedan acceder a la energía en condiciones de igualdad con los del resto del país. Probablemente Urtubey no quiera hacerlo, pero es más razonable pensar que no puede hacerlo, debido a la grave situación de las finanzas públicas que él solito ha creado después de diez años y medio de «fiesta».
Diez años y medio que incluyeron por lo menos ocho de un aplauso cerrado y acrítico a la política de subsidios de los Kirchner (señalada casi unánimemente como la causa de este gigantesco descalabro), que jamás fue contestada por el gobierno de Urtubey, al menos con la misma vehemencia y convicción que parece mostrar ahora frente a las políticas del presidente Macri.
Diez años y medio en los que el gobierno de Urtubey no se ha preocupado por cambiar los patrones de consumo de energía, ni de las empresas ni de los particulares, que no ha realizado ninguna campaña de ahorro de energía ni de concienciación acerca de los costes medioambientales de su abuso, ni ha propiciado la construcción ni la renovación de viviendas especialmente preparadas para el ahorro energético.
Frente a esta situación, que solo es producto de la irresponsabilidad y la imprevisión, el gobierno de Urtubey -aun con un reducido margen de maniobra para poder salir en auxilio de sus ciudadanos- ha preferido «instruir» a «sus» legisladores nacionales (que desde hace tiempo no son representantes del pueblo sino procuradores del Gobernador) para que presenten un proyecto de ley que contemple:
1) Tarifas diferenciales para el NOA (es decir, que los pampeanos comodones paguen el dispendio de los salteños comodones);
2) el aumento de las tarifas residenciales de los servicios públicos de acuerdo a la variación de los salarios y, para la industria, al índice de precios mayoristas (como si el que tuvo esta idea no supiera que el mercado de energía es uno de los más fluctuantes e imprevisibles del planeta);
3) un coeficiente de actualización «acorde a lo que se puede pagar» (para que la energía cueste una cosa para unos y otra para otros, lo que puede ser muy justo en apariencia, excepto por los desastrosos efectos distorsivos que una medida como esa puede tener sobre la economía en su conjunto); y
4) medidas de «concientización» para el ahorro de la energía «impulsadas por Nación» (como si la Provincia de Salta no pudiera hacer nada o destinar sus propios recursos para una finalidad tan importante como esta).
Si hay alguna definición perfecta del término «insolidaridad» esa es la suma de estas cuatro medidas, que han sido esbozadas con docta maestría, como era de esperar, por esa «experta social» que es la ministra Paula Bibini.
Con medidas como estas (ya en el pasado ha adoptado otras parecidas), Urtubey lo que se propone es fracturar el país. Piensa todavía que vive y gobierna en una provincia rica en energía, cuando las cifras le están gritando a la cara todo lo contrario y le están pidiendo un día sí y otro también que haga esfuerzos para que más de un millón de salteños no caigan en las garras de la pobreza energética.
La respuesta de Urtubey es: «Que lo haga el gobierno nacional. Nosotros somos productores de energía. Que vengan al pie». Pero la poca energía que produce Salta es carísima e ineficiente, y el gobierno provincial no hace prácticamente nada para que esto no sea así. Si Urtubey, en vez de soñar despierto con ser Presidente, no hubiera dejado pasar diez años y pico, el conjunto del país no tendría por qué estar sufriendo ahora mismo las consecuencias de un brutal aumento de las tarifas.
Los ciudadanos, directamente o a través de los partidos políticos tienen que exigir al gobernador Urtubey, ya mismo, que:
1) Tome inmediatamente las medidas que estén a su alcance para hacer el esfuerzo fiscal que ha pedido el Presidente y que, como hemos visto, no solo consiste en la quita de impuestos en las facturas.
2) Informe sin dilación a los ciudadanos sobre el verdadero estado de las cuentas públicas en Salta.
3) Promueva iniciativas internas que hagan más barata y más eficiente la producción de energía en territorio provincial, incluidas la adecuación de las infraestructuras, el diseño fiscal acorde con la configuración del mercado y sus variaciones o la formación profesional de los trabajadores del sector.
4) Ponga en marcha campañas informativas para promover el uso racional de la energía disponible, penalizando a aquellas empresas y residentes que demuestren comportamientos insolidarios.
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