Los diputados franceses han aprobado ayer una enmienda propuesta por el grupo ecologista, que ha sido incluida en el proyecto de ley sobre la transición energética. La finalidad de esta enmienda es que la llamada obsolescencia programada (el conjunto de técnicas que se emplean para reducir de forma deliberada la duración o la vida útil de un producto con el fin de aumentar la tasa de reemplazo del mismo) sea considerado un delito penal, castigado con dos años de prisión. La enmienda aprobada prevé que esta práctica sea considerada como un engaño sobre la duración de un producto, intencionalmente reducido desde su diseño y concepción. En el derecho del consumo francés, la «tromperie» o engaño se perfecciona cuando alguien engaña o trata de engañar sobre la naturaleza, la cantidad o la aptitud para el uso de un producto. Si esta tentativa se demuestra, el autor del engaño se enfrenta a una pena máxima de hasta dos años de prisión y una multa de 37.500 €. Las penas se pueden incluso agravar si del engaño se derivan consecuencias graves.
«Los productos que utilizamos en la vida cotidiana son a menudo programados por el fabricante para que dejen de funcionar después de un cierto número de usos», sostienen los autores de la enmienda, los diputados Eric Alauzet, Denis Baupin y Cécile Duflot, esta última exministra de la Vivienda del primer gobierno de Hollande. Los diputados han justificado la reforma legal en que estas prácticas «son perjudiciales para el medio ambiente y pesan sobre el poder adquisitivo de los hogares».
Ya en 2012, la candidata a la Presidencia de la República del partido Europe Écologie-Les Verts (EELV), Eva Joly, hizo del combate contra la obsolescencia programada uno de los ejes de su campaña. Según Joly, está comprobado que una máquina lavadora puede permanecer funcionando durante 30 años. En su momento, la ecologista propuso utilizar la vía legislativa para obligar a los constructores a producir máquinas y electrodomésticos con un periodo de vida útil más prolongado.
La idea resurgió en 2013 con el proyecto de ley presentado en el Senado francés por el presidente del grupo parlamentario EELV, Jean-Vincent Pláce. El senador denuncia una «aberración ecológica y social» y anuncia el propósito de lucha contra lo que él denomina «estafa», proponiendo la extensión del período de garantía, la tifipicación legal del delito de obsolescencia programada y el aseguramiento de la disponibilidad de piezas de repuesto. Algunas de estas medidas han sido incluidas en la ley Hamon sobre consumo, votada en marzo de 2014, que obliga a los fabricantes a fijar la fecha hasta la cual estarán disponibles las piezas de repuesto y a suministrarlas.
Fuente: Le Figaro