El gobierno de Urtubey no es «Salta»; es apenas el que formula y dirige las políticas del Estado provincial.
La precisión no es superflua, ya que el aparato de comunicación del gobierno ha enviado a los medios una noticia en la que dice que «Salta» se opone al aumento de los impuestos a la producción de vinos que planea el gobierno federal.
Evidentemente, no es «Salta» la que se opone a la medida, como esta Provincia o sus habitantes conformaran un bloque homogéneo. Solo se opone su gobierno y por los mismos peregrinos argumentos con que en su día se opuso a las restricciones al consumo de tabaco.
Dice el gobierno de Urtubey que el aumento de los impuestos «afecta negativamente a la economía de los valles calchaquíes» y que «va a causar un gran daño a la generación de empleo».
Sin embargo, la declaración gubernamental no dice en qué medida resultará afectada la economía regional ni cuántos puestos de trabajo -y por qué razón- se perderán en Salta. Tampoco ha dicho el gobierno qué medidas -que no sean la resistencia activa o la desobediencia civil- piensa adoptar para evitar que se destruyan puestos de trabajo en la región.
También afirma el gobierno, con cierto tono amenazante que «vamos a defender la producción local», pero tampoco dice cómo la defenderá. Su silencio inclina a pensar que movilizará a los gauchos para que se «levanten en armas» contra el poder federal, como ya sucedió el año pasado cuando un jefe gaucho presionó a los senadores nacionales con ocasión de la votación de ley del feriado de Güemes.
La comunicación gubernamental dice que el proyecto de reforma tributaria presentado la semana pasada por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, «implica un aumento gradual en impuestos internos para bebidas alcohólicas y gaseosas azucaradas».
Añade que la medida anunciada por el gobierno federal supone que los vinos, el champagne y la sidra, hasta ahora exentos de una fiscalidad específica, pasarán del 0 al 17 por cien. Mientras que las cervezas lo harán del 8 al 17 por cien.
El gobierno provincial considera el aumento como «una medida recaudatoria disimulada en la protección de la salud de los consumidores», pero da la casualidad que medidas del mismo alcance se han adoptado en otros países del mundo, y por las mismas razones. Si el gobierno provincial piensa que debe continuar el consumo desbocado de bebidas azucaradas -causante de graves enfermedades sistémicas- será conveniente que lo diga.
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