El proceso de desaceleración inflacionaria que experimenta la economía argentina permitirá una mejora real de los haberes jubilatorios sujetos a actualización por la ley de movilidad, según un informe elaborado por la empresa de consultoría Ecolatina. El mismo informe advierte que esta mejora del poder adquisitivo de las pensiones generará un cargo adicional para las cuentas fiscales.
Para la entidad privada, la inflación acumulada entre los meses marzo y septiembre podría llegar al 10%, mientras que el gobierno ha planteado que el segundo aumento del año en virtud de la ley de movilidad jubilatoria será del 13,3%.
Ecolatina ha dicho también en su informe que si se tiene en cuenta el primer aumento de las jubilaciones del año (12,96% en marzo), aquellos ingresos que cuya cuantía depende del ajuste automático previsto por la ley de movilidad acumularán un aumento anual del 28%, lo que significa en términos reales cinco puntos porcentuales por encima de la inflación anual del 22% que espera el mercado a nivel nacional.
"En contextos de marcada desaceleración de la inflación, el mecanismo de indexación tiende a elevar los gastos ajustados por dicha ley, dificultando la reducción del déficit fiscal", ha advertido la consultora al señalar "una dinámica en que los gastos previsionales se mueven de acuerdo a la inflación pasada, mientras que el resto de las erogaciones de acuerdo a la nominalidad vigente".
Ecolatina estima que por cada punto de desaceleración de la tasa anual de inflación se genera un aumento del déficit primario de 0,1 puntos porcentuales del PIB, producto del desfase de la ley de movilidad jubilatoria.
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