El Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, ha atacado con dureza la postura procesal del gobierno de la Provincia de Buenos Aires que pretende que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare inconstitucional el artículo 104.b de la ley de impuesto a las ganancias, que establece un límite anual de la cantidad de dinero que debe recibir aquella Provincia con destino al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense y determina que la cantidad que supere dicho límite debe ser distribuida entre las demás provincias argentinas.
Escaso de argumentos jurídicos o quizá con poca confianza en su Fiscal de Estado -visto el papelón de los abogados del gobierno jujeño- Urtubey ha dicho en un cónclave de gobernadores peronistas que lo que busca la gobernadora María Eugenia Vidal es un «atajo judicial» que busca evitar la discusión política en el Congreso Nacional.
Sus palabras exactas -según la comunicación oficial del gobierno provincial de Salta- han sido estas: “pretende ir por el atajo de la Justicia para evitar que el Congreso se pueda expedir sobre el tema”.
Estas palabras, pronunciadas al calor de las llamas que suelen adordar este tipo de reuniones, dan a entender que el Gobernador de Salta considera a los mecanismos jurisdiccionales en general -no solo a la demanda de Vidal- como «un atajo»; es decir, como un subterfugio para abreviar el camino.
Lo que le escuece al Gobernador de Salta es que, de ser estimada la pretensión de la gobernadora Vidal, Salta perdería alrededor de 2.000 millones de pesos, cifra que él mismo considera que equivale al 5% del total de los recursos financieros del Estado salteño.
Si bien Urtubey considera a la eventual decisión de la Corte federal como «una pérdida», habría que preguntarle a la Gobernadora bonaerense cuál es su opinión acerca del límite legal introducido en 1996 sobre la disposición del 10% de que habla el artículo 104.b de la ley que regula el impuesto a las ganancias.
Tal vez, si se ven las cosas de otro modo, el dinero que reclama Salta como propio le pertenezca en realidad a la Provincia de Buenos Aires.
Para decidir una cuestión como esta (si el límite legal es congruente con los principios constitucionales), la mejor solución, sin dudas, es un pronunciamiento de la Corte. Lo que Urtubey quiere es que sean los trapicheos que acostumbra y el consecuente chantaje político los que decidan el destino final de un dinero.
Esta estrategia no conseguiría mejor cosa que dejar a Salta en una posición de debilidad extrema frente al arrollador poder político de los legisladores que representan a la Provincia de Buenos Aires.
Lo que debería hacer el Gobernador de Salta, en vez de andar echando sombras sobre el recto proceder de los tribunales argentinos es mejorar la preparación jurídica de la abogacía del Estado y defender los recursos financieros de Salta con los mejores argumentos legales y no con travesuras parlamentarias.
{articles tags="current" limit="3" ordering="random"}
{Antetitulo}
{link}{title limit="58"}{/link}
{created} - {cat_name} -