La agencia oficial de noticias Télam publica esta mañana la noticia de que los ministros del gobierno federal argentino Rogelio Frigerio y Luis Caputo firmaron ayer en Washington un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo por «un préstamo» (sic) de 120 millones de dólares. La información -cuyo carácter oficial merece la pena ser subrayado aquí- confirma que la entidad crediticia multilateral ha otorgado al Estado argentino un préstamo, cuyo plazo y condiciones de reembolso no han sido informados.
Sin embargo, uno de los integrantes de la delegación argentina -el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey- ha salido rápidamente a difundir la noticia de que él «consiguió» 25 millones de dólares no reintegrables para la Provincia de Salta. Una afirmación de tal calibre merece que nos detengamos un momento a analizar las circunstancias que rodean la concesión de este préstamo.
Una vez más se trata de una verdad a medias, por cuanto el Gobernador de Salta nada ha «conseguido», ni por su bonita cara ni por la eficacia de sus gestiones, por cuanto tratándose del Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión Provincial, a Salta le hubiera correspondido igual recibir esa cantidad (u otra), aunque tuviera un Gobernador menos «glamouroso».
Sobre el carácter «no reintegrable» de este dinero, si bien es cierto que no es el Estado salteño quien lo tiene que devolver a quien lo ha facilitado, ello no quita que quien deba reembolsarlo sea el Estado nacional, que integran 1.300.000 salteños. De los impuestos nacionales o coparticipables que pagan los salteños saldrán, a no dudarlo, los recursos para devolver este dinero al BID.
Sobre la cantidad efectivamente «conseguida» por Urtubey (aproximadamente un quinto del total del préstamo) debe tenerse en cuenta lo siguiente: que la población de las cinco provincias a la que se destinarán los recursos prestados es cercana a los 5.500.000 habitantes, con lo que el préstamo otorgado (120 millones de dólares) significan algo así como 21,81 dólares por habitante. Si en Salta -la segunda más poblada entre las beneficiadas- viven 1.300.000 personas, en términos de pura equidad demográfica debería haberle correspondido más de 28 millones de dólares y no solo 25 como «consiguió» Urtubey.
Si a ello le sumamos que, de entre las cinco elegidas, Salta es por lejos la provincia más pobre, más necesitada y peor gestionada, la cifra de 25 millones de dólares anunciada por el gobierno provincial se antoja exigua.
Desde este punto de vista, la negociación (si es que hubo una) llevada a cabo por Salta ha sido sumamente deficiente.
Obra pública y empleo privado
Según la agencia oficial de noticias, «la firma de la iniciativa (...) tiene por objetivo contribuir al crecimiento, al desarrollo de obras y el empleo privado».Dejando a un lado las obras (en el caso de Salta la noticia nacional solo menciona «el desarrollo de un parque industrial»), lo cierto es que el gobierno de Salta, tras nueve años de mandato de Urtubey, exhibe las peores cifras de empleo privado que se hayan conocido en muchos años: alarmante precariedad, cifras de trabajo no registrado tercermundistas, los sueldos más bajos del país.
En este contexto, cualquier inyección de recursos al empleo privado significará una profundización de unas inequidades, que no solo están amparadas en la deficiente legislación vigente sino en la dejación de sus obligaciones de control por parte de un gobierno provincial que tiene todas sus fichas colocadas en la casilla del empleo público, un terreno en el que se desenvuelve a espasmos de demagogia.