La forma que ha encontrado el gobierno de Salta para paliar el déficit en la distribución de gas que padece esta provincia es la de hacerle comprar a los ciudadanos afectados unos quemadores eléctricos calificados G (la más baja graduación) en la escala de eficiencia energética. El gobierno insiste en que sus funcionarios «entregan» estos aparatos a las personas necesitadas, pero la verdad es que tal entrega no es producto de una liberalidad del gobierno sino de un contrato cautivo de compraventa a plazos, ya que los afortunados le compran al gobierno el aparato a unos precios que duplican o incluso triplican su costo en el mercado europeo, y en cuotas que se cobran de forma compulsiva, junto al recibo de la luz. Es decir, que quien quisiera dejar de pagar las cuotas del anafe sufiriría automáticamente el corte del suministro.
Más que una ayuda o un paliativo social, lo de los anafes es un negocio, una evidencia a la que parecen negarse aquellas personas que acogen la colocación de estos aparatos con una sonrisa gigantesca. Esta reacción social es cuanto más inexplicable en la medida en que cada vez está más claro que la venta sistemática de anafes constituye un injusto impuesto a la pobreza.
Si quien se los vendiera en larguísimas cuotas fuera una firma privada de electrodomésticos, la satisfacción no sería tan intensa. A nadie se ocurriría publicar un agradecimiento en los diarios porque Garbarino o Megatone les ha vendido una cocina en cuotas. Pero para el gobierno de Salta, los nuevos usuarios de anafes están o deben estar agradecidos con ellos por hipotecar a largo plazo su futuro energético.
Los ciudadanos, ya sea individualmente o a través de las asociaciones que han constituido para defender sus derechos como consumidores, en vez de tolerar esta práctica abusiva, poco transparente y lesiva de la libertad de consumir, deberían exigir, por este orden:
1) Que el gobierno asegurara con carácter universal que el gas natural llegue a toda persona que lo necesite;
2) Que las familias con ingresos insuficientes paguen una tarifa de gas proporcional a su capacidad de pago y sus patrones de consumo;
3) Si no queda más remedio que acudir a la energía eléctrica, que el gobierno se asegure de proveer a la familias con aparatos de calificación energética C o superiores;
4) Que cualquiera sea el aparato utilizado, que el exceso de consumo de electricidad generado sea pagado íntegramente por el gobierno, y...
5) Que los anafes (o los aparatos eficientes que los sustituyan) sean entregados gratuitamente, sin contraprestaciones ni compromisos de permanencia; y que la factura de la luz no contenga ningún otro cargo que sea ajena al consumo de electricidad y los impuestos que lo gravan.