Mediante un comunicado público difundido ayer por la tarde a los medios de comunicación, sin firma de persona responsable, el Ministerio de Hacienda y Finanzas del gobierno provincial ha salido al cruce de las acusaciones lanzadas por el diario El Tribuno en relación con un presunto circuito corrupto de cobros adelantados de cheques diferidos emitidos por el gobierno en pago a sus proveedores. La polémica es de muy bajo nivel, como lo demuestra el propio titular de la denuncia de El Tribuno («El Gobierno libera cheques en una trama de negocios incompatibles»). En rigor, el gobierno no «libera» cheques sino más bien los «libra», ya que este último verbo designa la acción de «expedir letras de cambio, libranzas, cheques y otras órdenes de pago, a cargo de alguien que tenga fondos a disposición del librador» (DRAE 23ª Edición).
Del lado del gobierno el asunto no pinta mejor, ya que a pesar de acusar al diario de difundir «información falsa» (sic) termina admitiendo la mayoría de los hechos narrados por la crónica periodística. Entre ellos, el más grave: que el gobierno utiliza de forma masiva para financiarse el sistema de pagos diferidos (en términos más sencillos, una vulgar «bicicleta financiera»), un mecanismo legal pero dudosamente legítimo, teniendo en cuenta que los acreedores se ven obligados a salir al mercado a negociar el cobro adelantado de dichos títulos a tasas de interés futuras, generalmente muy desventajosas.
Afirma el comunicado del gobierno que la Tesorería de la Provincia «eroga» (sic) mensualmente, en promedio neto de sueldos, más de 800 millones de pesos «(...) utilizando para ello diversas modalidades de pago, de acuerdo a las proyecciones financieras, incluida la cancelación mediante la emisión de cheques de pago diferido».
Añade que, una vez entregados los valores, «ante la conformidad de los proveedores y/o contratistas, resulta de exclusiva potestad de los mismos el destino y la aplicación que le pudieran dar, encontrándose, para el Estado, cancelada la deuda».
Esta última afirmación es sorprendente, ya que atribuir plenos efectos liberatorios a la entrega de un cheque de pago diferido colisiona con el principio general del derecho mercantil acerca de que la creación o trasmisión de los títulos valores no produce la extinción de la obligación emanada de la relación fundamental. Los títulos valores -entre ellos, los cheques diferidos- se presumen siempre recibidos salvo buen cobro, es decir pro solvendo y nunca pro soluto, como pretende el gobierno de Salta.
El gobierno tampoco aclara si la recepción «conforme» del cheque diferido por parte del acreedor (proveedor o contratista) supone la novación de la obligación anterior, lo cual, de producirse, pondría en más aprietos al gobierno todavía, ya que parece obvio que los funcionarios de la administración Urtubey recurren a su poder exorbitante para presionar a los acreedores a extinguir obligaciones preexistentes mediante novación y forzarlos a aceptar promesas de pago futuro.
El comunicado del gobierno tampoco alcanza a desmentir con la debida contundencia la denuncia de El Tribuno acerca de la existencia de un circuito de descuento anticipado de cheques diferidos «tutelado» por funcionarios del gobierno y la probable comisión por estos de un delito de negociaciones incompatibles.
Lo único que de verdad desmiente el Ministerio de Hacienda y Finanzas es la veracidad de los datos referidos a la deuda provincial a finales de octubre de 2015. Dice el gobierno que los datos consignados por El Tribuno en su publicación del pasado lunes 18 de enero «resultan técnicamente erróneos y no se condicen con la realidad».
La afirmación del gobierno de que los datos de El Tribuno son simplemente «erróneos» destruye la premisa fundamental del comunicado que consiste en sostener que el diario ha difundido «información falsa». Entre el error técnico en la transcripción de unos datos y la falsedad periodística hay un universo de diferencia.