La información oficial disponible sobre este tema es bastante confusa, toda vez que la propia oficina de prensa de la diputada del Partido Propuesta Salteña ha difundido un parte que señala "Diputada Cornejo promueve demanda al Estado nacional por movilidad a jubilados".Lo cierto es que la diputada no ha promovido acción judicial alguna sino que se ha limitado, dentro de las competencias que le son propias, a presentar un proyecto de resolución que, de resultar aprobado, dejaría en manos del Poder Ejecutivo, esto es, del gobernador de Salta, la posibilidad de demandar judicialmente al Estado nacional para que éste cumpla con lo acordado en el convenio de transferencia de la Caja de Jubilaciones de Salta, en lo referido a la actualización de los haberes jubilatorios de los beneficiarios transferidos.
Se trata de una triangulación institucional que deja entrever la preocupación de la legisladora por este tema, pero que no se traducirá en una efectiva reclamación judicial, al menos no en un plazo relativamente breve.
Aun así, Cornejo ha convocado a "todas las asociaciones y movimientos de jubilados" de Salta a participar en la sesión del próximo día martes 2 de septiembre, en la que se tratará esta iniciativa.
Llama la atención de los fundamentos del proyecto que entre tanta y tan elevada versación jurídica que respiran sus párrafos, la diputada califique al recurso extraordinario federal como una "amansadora", expresión bastante poco académica donde las haya.
En fin, que para evitar la "amansadora" de aquel medio de impugnación, la legisladora propone una demanda directa de la Provincia de Salta al Estado nacional, que por ser un asunto de competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia, "acortaría muchísimo los plazos".
Los mismos fundamentos indican que "la posibilidad que pesa sobre el Defensor del Pueblo de que se le niegue la legitimación para representar a los jubilados (como ya se le negó en otra ocasión respecto de los ahorristas), no es probable que se produzca respecto de la Provincia, si ésta se presenta invocando sus propios derechos como parte de un convenio incumplido".
Lo cierto es que tampoco la Provincia está en disposición de "representar a los jubilados" y su legitimación como "parte de un convenio incumplido" no asegura que la sentencia que eventualmente pudiera pronunciar la Corte de Justicia resulte suficiente para obligar al Estado nacional a actualizar las jubilaciones de los jubilados salteños, al menos no sin un ulterior proceso judicial promovido por los propios jubilados.
En suma, que la iniciativa de Cornejo se antoja insuficiente para resolver el problema planteado en torno a la movilidad de las jubilaciones salteñas, si bien es posible que su aprobación determine finalmente al Poder Ejecutivo a prescindir de las soluciones políticas parciales y a intentar la vía judicial.