Sexo, mentiras, cintas de audio y reforma constitucional

Imprimir
Los salteños todavía recuerdan, con una mezcla de hilaridad y espanto, los reveladores diálogos telefónicos, entablados a finales de los 80, entre dos altos empleados del holding económico/político que rige los destinos de esta Provincia desde hace algunos años. Aquellas conversaciones, inmortalizadas en un cassette de audio que tuvo amplísima difusión a nivel internacional, daban cuenta, con finísimos detalles, de los intentos del poder de turno por torcer la voluntad de una honrada magistrada de la justicia provincial (que es más o menos como decir la voluntad de la ley), con el innoble propósito de «acomodar» la legalidad vigente a los intereses (omnipresentes intereses, cabría decir) del grupo económico gobernante.

Los niveles de escándalo que alcanzaron por entonces las deshinibidas revelaciones de estos locuaces personajes hubiesen pasado desapercibidos para la mayoría de los salteños de no ser por la curiosa e infeliz circunstancia de que uno de los partícipes de aquel arriesgado juego de influencias y de maniobras ilegales, era un alto magistrado del Estado provincial, encargado nada menos que de velar por las libertades y la seguridad material y jurídica de todos los salteños.

Fieles a su costumbre y consecuentes con sus hábitos favoritos, muchos salteños ignoraron o perdonaron aquellos despropósitos. Otros, en cambio, prefirieron hurgar en el contenido de las famosas cintas para descubrir un novelesco y freudiano enredo de faldas, en el que no faltaba una divertida apología del consumo de tranquilizantes.

Una minoría, sin embargo, todavía recuerda con auténtico pavor que en aquellos diálogos se produjo una referencia bastante explícita a las «jurisprudencias a la carta», que eran por entonces el instrumento mediante el cual el poder político de turno «organizaba» la actividad de los tribunales inferiores y de los jueces en Salta. Aquello fue todo un preludio de una década de atropellos a la dignidad de jueces y magistrados y la antesala de una era autocrática -como no ha conocido Salta a lo largo de su cuatricentenaria historia- en la que los poderes del Estado fueron instrumentalizados y puestos al servicio de intereses y apetitos particulares.

Desde entonces, a nadie sorprende el que la ley y los pronunciamientos judiciales (que son la individualización de la voluntad general que expresa la ley) se acomoden constantemente a las necesidades y urgencias del grupo que nos gobierna; sea en función de sus languidecientes intereses económicos, sea en función de necesidades políticas, que generalmente nunca van más allá de la liquidación del enemigo y del allanamiento de cualquier forma de oposición.

El anunciado propósito de modificar por tercera vez en menos de dos décadas la Constitución de Salta, no debería, por tanto, sorprender ni escandalizar a nadie.

Entre aquellos atropellos a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley de finales de los ochenta y el que se aprestan a perpetrar ahora, apenas si hay diferencias cuantitativas: antes, de lo que se trataba era de «ajustar» la legalidad para favorecer a un grupo minoritario; hoy lo que se pretende es modificar la Constitución para «revisar» la situación de un solo ciudadano.

Algunos han comparado este intento de perpetuación en el poder con la instauración del absolutismo más rancio, pero una cosa es hacer la ley para situarse fuera de ella (por lo que la ley ni favorece ni perjudica al que la hace) y otra muy distinta es hacer, en un Estado de Derecho, la ley a nuestro antojo, para beneficiarnos directamente de ella. Hablamos entonces de algo probablemente más censurable y más inmoral que el auténtico absolutismo.

Por definición, las leyes son normas abstractas y generales. Cuanto mayor sea el nivel de abstracción y generalidad las leyes desempeñan su cometido más eficientemente, por cuanto sólo así constituyen un marco relativamente estable para regir las relaciones que se entablan entre los ciudadanos y entre éstos y el Estado. Al contrario, cuanto más concretas y particulares sean, las leyes sólo sirven para limitar o distorsionar los poderes normativos y reglamentarios de la Administración, para favorecer la discriminación y los tratos de favor, y para complicar la tarea de los jueces y tribunales de justicia.

En consecuencia, una reforma constitucional pensada para reformar un solo artículo y modificar la situación jurídica de un solo ciudadano, es no tanto un acto antidemocrático como un recurso profundamente antijurídico e inmoral.

Hace tan solo cinco años atrás los salteños, en medio de polémicas que todavía no se han acallado, decidieron que los gobernadores no puedan ejercer su cargo más de dos periodos constitucionales consecutivos. Desde entonces pocas cosas han cambiado. El único suceso que ha «modificado» este panorama es la derrota del actual gobernador en las recientes elecciones presidenciales y la consecuente incertidumbre que rodea a su futuro político.

Una razón, en todo caso, demasiado trivial para justificar un cambio normativo de tanta y tan crucial importancia.