Desde el 1 de febrero de 1997

    La vulgarización del lenguaje forense

    Desde que la recatada vida judicial ha empezado a reclamar algún protagonismo en los medios de comunicación, y más claramente aún, desde que éstos han encontrado en aquélla un inagotable filón para saciar su incontenible apetito de fisgar en las vidas y fortunas ajenas, el lenguaje de los tribunales se ha convertido en una caótica avenida de doble vía, de la que son tributarios, de un lado, jueces, secretarios, fiscales y abogados y, del otro, los tan modernos como improvisados analistas judiciales de la prensa.

    Me propongo en este artículo efectuar un breve repaso de los barbarismos forenses más frecuentemente empleados tanto por los profanos como por algunos profesionales, de aquellos que suelen ejercer con más eficacia en los platós de la televisión que en los estrados judiciales. Asumo como punto de partida y referencia que así como la práctica totalidad de nuestras instituciones jurídicas, privadas o públicas -y la terminología que se emplea para designarlas- son, en general, herederas del derecho romano y, más en particular, del derecho continental europeo, las instituciones procesales argentinas, en su mayoría, hunden sus raíces en las antiguas -pero aún vigentes- formas creadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil española y la tan abundante como erudita doctrina procesal hispanoamericana.

    La idea de poner de relieve, críticamente, la preocupante pérdida de calidad de nuestro lenguaje forense más común surge de una paradoja: el hecho de que los repertorios de jurisprudencia argentina de la primera mitad de este siglo constituyan, en general, un ejemplo acabado de un correcto uso del lenguaje procesal, en tanto que los de la segunda mitad -desde un cierto momento que no me atrevo a precisar- parezcan haber hecho tabla rasa con aquel depurado lenguaje, apegado tanto a las formas como al rigor científico, y le hayan convertido en una jerga críptica, oscura y plagada de seudo-tecnicismos.

    No me detendré en la tentadora parada que supone poner en relación el deterioro de nuestro lenguaje forense y procesal con la decadencia de la justicia argentina. Del mismo modo, evito cualquier propósito de erigirme en una especie de fiscal filológico y lanzar anatemas contra quienes utilizan aquel léxico. Simplemente, me he propuesto divertirme y divertir a mis colegas, poniéndonos por un momento de cara a los usos más impropios, aunque acríticamente aceptados, del lenguaje procesal.

    Para empezar he escogido una de las expresiones favoritas de los órganos judiciales y de la prensa, cuya incorrecta y difundida utilización hace parecer a los jueces y tribunales simples acomodadores de pretensiones. Me refiero a la expresión hacer lugar como expresiva de la voluntad del órgano judicial frente a las pretensiones de las partes en el proceso. Su difundida utilización ya le ha dotado de un inequívoco sentido estimatorio de aquellas pretensiones, pero ello no le resta, ni un poquito, su imprecisión y en definitiva su incorrección.

    Hacer lugar a una demanda, significaría tanto más como dejarle sitio para ser cosida en el expediente. ¿Cuál es la realidad en torno a esta expresión? Pues que se trata de una poco explicable deformación por el uso de la expresión desestimatoria no ha lugar, de gran solera en la práctica procesal hispanoamericana. Al contrario de lo que se piensa comúnmente, no ha no comporta una fórmula simplificada del no hacer, sino que es una forma absolutamente regular de otro verbo: el haber, que significa, como todos sabemos, algo bien distinto. Se trata de una expresión arcaica, conservada por el lenguaje jurídico, que emplea el verbo haber con el significado actual de tener.

    \r\nPor tanto, allí donde solemos decir hacer lugar deberíamos mejor decir haber lugar. Es precisamente esta fórmula la que emplean aún los tribunales españoles que, según los diversos estilos, suelen utilizar en sus sentencias la expresión declarando haber lugar a (por ejemplo, la restitución de los bienes donados). Haber lugar significa, pues, haber lugar en derecho o, lo que es lo mismo, que las pretensiones de las partes, a las que el órgano debe dar satisfacción, se ajustan al ordenamiento procesal y, en su caso, también al sustantivo. Lo mismo puede decirse de la expresión contraria no ha lugar.

    Pero todavía el léxico forense contemporáneo nos guarda más sorpresas. La actividad que cumplen los peritos en el proceso es designada, incorrectamente, como pericia. Se habla, por ejemplo, de que el juzgado no resolverá hasta tanto no se haya concluido la pericia o de que las conclusiones de las pericias revelaron que... El Diccionario no puede ser más claro sobre este punto: pericia significa sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. El vocablo alude por tanto a una cualidad mas no a una actividad. Su utilización sería en todo caso tolerable si es que no existieran palabras técnicamente adecuadas para designar aquella actividad. Y las hay: peritación que es el trabajo o estudio que hace un perito y peritaje que es sinónimo de la anterior.

    La vulgaridad terminológica no se detiene aquí y tal parece que se ha ensañado con la actividad probatoria en el proceso. Se ha hecho casi una religión hablar de prueba testimonial para referirse a la prueba de testigos. Estamos casi acostumbrados a escuchar frases como prestó declaración testimonial o carecen de valor las testimoniales de... Pero ocurre que todo lo que se refiere a la prueba de testigos tiene un adjetivo específico y, por consiguiente, mucho más preciso que es testifical, cuyo uso ha sido inexplicablemente desterrado de nuestra práctica judicial. Lo testimonial es relativo al testimonio (el de los apóstoles, por ejemplo) y no a los testigos, y posee, desde el punto de vista procesal, un significado mucho más vago e impreciso que lo testifical.

    Por otro lado, el contenido de la declaración testifical es, en ocasiones, correctamente designado como los dichos del testigo. Así por ejemplo, no por ser habitual en los medios de comunicación deja de ser adecuada la expresión el testigo se ratificó de sus dichos en el careo. Pero no cualquier persona que declara, afirma, manifiesta o simplemente dice algo, pública o privadamente, es en derecho, sustentador de dichos. Por lo tanto, a menos que la prensa crea (al parecer, por lo menos lo sospecha) que todos en esta sociedad somos reos, no es posible hablar de los dichos del defensor de tal imputado, de los dichos del juez, los del tal diputado, los del ministro, los del técnico del seleccionado, o los dichos de un transeúnte.

    Esta repetida apelación a los dichos como sinónimo de manifestaciones, declaraciones, o expresiones, se encuadra también en la criticable utilización del plural en ciertas construcciones, lo que muchas veces aparece como un simple recurso del que habla o escribe, probablemente convencido de que las eses finales aportan mayor finura a la expresión. Es tan corriente -como chocante e inexplicable- oír hablar de los dineros, en vez de el dinero, y escuchar a futuros litigantes decir que el asunto ya está en manos de los abogados, porque tal parece que hoy en día tener uno solo es síntoma de un deplorable status.

    Ni qué decir del accionar mafioso de algunos. Expresión incorrecta donde las haya, nadie aún ha reparado que accionar es un verbo y que su carta de ciudadanía como sustantivo no es reconocida en el mundo hispanohablante, ni aún a título de regionalismo.

    La pretensión jurídica, por su parte, es también repetidamente aludida como reclamo, reflejo quizá del fuerte arraigo que la expresión tiene en el vocabulario político corriente, que le atribuye el significado de oposición o contradicción a lo que se considera injusto. Si bien su utilización, en ambos sentidos, no debe considerarse del todo incorrecta, resulta mucho más específica y ajustada la expresión reclamación que, según el Diccionario, significa oposición o contradicción que se hace a una cosa como injusta, mostrando no consentir en ella. Curiosamente, la primera acepción del Diccionario para el vocablo reclamo es la de ave amaestrada que se lleva a la caza para que con su canto atraiga otras de su especie. Es, por tanto, sinónimo de señuelo. Debe tenerse presente además, que reclamo no expresa la acción o el efecto de reclamar, pues a estas circunstancias alude el término reclamación. Por ello, a veces resulta extraño –aunque aceptado- que en algunas oficinas públicas y empresas existan ventanillas o mostradores de "informes y reclamos" para servicios que son, más propiamente, de información y recepción de quejas o reclamaciones. Lo de informes no deja de ser curioso, pues si ya es difícil obtener información en aquellos sitios, más improbable es que el empleado produzca o brinde un informe o nos entregue un dossier después de consultarle.

    De regreso al lenguaje de los expedientes, el empleo del verbo impetrar evoca la idea de un justiciable de rodillas frente al órgano jurisdiccional, del que espera más una concesión graciosa que la declaración de un derecho y la realización de la justicia. Si es ya inadecuada su utilización para referirse a las peticiones que se dirigen a los jueces, mucho más lo es cuando se lo emplea en expresiones tales como la demanda impetrada, pues la demanda, como acto procesal, es más el vehículo de la pretensión que la pretensión misma. Una demanda se interpone, se deduce pero no se impetra. El verbo que se emplea para dar cuenta de la iniciación de un trámite, de un expediente, de un pleito es incoar, aunque su uso, generalizado en otras épocas, parece ser hoy marginal y minoritario.

    ¿Apersonarse o personarse? No son sinónimos y en verdad sus significados jurídicos son bastante diferentes. Para el Diccionario, quien se presenta personalmente en algún lugar se persona (solemos decir por aquí: se apersona). Pero este último verbo significa comparecer como parte en un negocio el que, por sí o por otro, tiene interés en él. Ambos verbos significan genéricamente comparecer, pero el verbo personarse tiene además un sentido jurídico-procesal muy específico, y es que se persona quien comparece como parte interesada en un juicio o pleito.

    Y así podría continuar. Pero me detendré aquí para reflexionar sobre el futuro de estos ligeros apuntes terminológicos. Alguna vez he intentado hacer a mis colegas sugerencias en este sentido; la respuesta es casi siempre la misma: sí, pero aquí no se usa. Y este pronunciamiento suele ser una sentencia irrecurrible, porque el miedo a parecer excéntricos o aún demasiado cultos es más fuerte que el impulso a la precisión y al rigor jurídicos. El uso, por difundido o incontestado que sea, jamás sanciona la corrección de las expresiones incorrectas, mucho más si éstas se emplean en el lenguaje escrito. Aún a riesgo de pecar de un excesivo normativismo, se podría decir que las erratas lexicográficas están acompañadas por una nulidad absoluta e insanable. Pero bueno, lo dejaré ahí porque aquí en Salta no se usa.

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