Participación en las ganancias y libertad sindical

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El modelo sindical argentinoLa CGT oficialista acaba de sorprender a la opinión pública auspiciando un proyecto de Ley[1] que obliga a determinadas empresas a distribuir sus ganancias entre los trabajadores empleados y no empleados en esas mismas compañías. La sorpresa surge del hecho de tratarse de la primera iniciativa reformista de cierta envergadura que la CGT presenta en estos casi diez años de estrechas coincidencias con el Gobierno de los señores Kirchner. Esta ausencia de iniciativas relevantes para reformar el sistema argentino de relaciones laborales [2], habla a las claras de la satisfacción que sus reglas producen en la dirección del sindicalismo oficialista, que durante esta década orientó sus esfuerzos a derogar los cambios introducidos en los años noventa, restaurando el modelo tal y como quedara configurado tras la actuación convergente de la ortodoxia peronista y de los gobiernos radicales y militares.

Sorprende también que la CGT invoque enfáticamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional[3], no tanto por tratarse de una norma introducida en 1957 por una Convención de la que el peronismo estuvo marginado, sino porque los cimientos del modelo sindical vigente, monopólico y vertical, violan el mismo artículo 14 bis en cuanto consagra la libertad y la democracia sindicales[4]. Resulta entonces contradictorio que la CGT oficial demande una ley para garantizar la participación en las ganancias de las empresas, cuando lleva 53 años resistiendo, con singular éxito, la vigencia de la libertad sindical[5].

Se trata, a mi entender, de una contradicción que desnuda la trama íntima del modelo sindical vigente en nuestro país y de los pactos no escritos que vinculan -desde hace décadas- al sindicalismo oficial con la patronal y el régimen político. La vitalidad del monopolio sindical en la Argentina no se entiende sin la existencia de este pacto tácito que los vértices sindicales sellaron primero con el peronismo[6], más tarde con las dictaduras[7], en 1988 con el radicalismo[8] y, a lo largo de casi todo el ciclo, con la representación de las grandes y medianas empresas industriales[9].

Me refiero a un pacto que unas veces reflejó afinidades ideológicas, otras comportamientos oportunistas[10], y en algún caso fue el resultado del peso desequilibrante del peronismo sindical en alianza con su brazo político[11]. La común desconfianza hacia la libertad sindical y el antidemocrático temor a una real o imaginaria irrupción de la izquierda[12] dentro de las empresas, abonaron este pacto corporativo e inconstitucional.

LOS EJES DEL MODELO SINDICAL OFICIAL

El régimen sindical argentino es, como se sabe, un caso singular dentro del panorama mundial[13]. Se trata de un complejo entramado en donde el monopolio impuesto por el Estado desplaza a la libertad sindical; de un sistema que excluye la solidaridad de clase en beneficio de las solidaridades corporativas, que resigna la autonomía obrera[14] en aras de acuerdos de cúpula orientados a defender el modelo[15], y que se estructura verticalmente desdeñando la democracia interna[16] y el federalismo[17].

Desde el punto de vista dinámico, el sindicalismo oficial argentino ha desarrollado una cultura reivindicativa donde la presión y la negociación[18] se ejercen sin sujeción a las leyes y, en más de una ocasión, en abierta violación a las normas éticas. No es un sindicalismo amarillo pero, llegado el caso, pacta con su interlocutor basándose en un pragmatismo sin lealtad a la república[19] ni los a intereses cuya representación detenta.

Tampoco es un sindicalismo revolucionario, pero no desdeña impugnar, incluso violentamente, los principios de la economía de mercado procurando implantar un capitalismo de Estado y autárquico conducido por el partido peronista, con áreas de cogestión a cargo del sindicato único. El desapego del sindicalismo oficial a los principios que vertebran los modelos democráticos de relaciones laborales[20] se patentiza en los modos que utiliza para paralizar la producción, excediendo en mucho aquello que las democracias modernas[21] entienden como derecho de huelga[22].

Añadiría que, en realidad y salvo breves interregnos, la organización oficial conforma un sindicalismo eficaz respecto, no del conjunto de los trabajadores, sino de sus afiliados[23]. Tratándose, como se trata, de un sindicalismo de matriz corporativa y no de clase, su acción reivindicativa se organiza alrededor de la defensa de los trabajadores con empleo y siguiendo un guión que a veces define la solidaridad por oficios (camioneros, porteros de edificios) y otras por rama o sector de actividad (metalurgia, transporte automotor, judiciales), pero sin abarcar nunca al conjunto de los asalariados[24].

Es asimismo evidente que el sindicalismo oficial y las fuerzas políticas y patronales que le apoyan han logrado reproducir este modelo corporativo en los ámbitos de la Seguridad Social; comenzando por las Obras Sociales[25] que prestan a los trabajadores servicios de salud diferenciados en función de la cuantía de sus salarios[26] y de su pertenencia a un ámbito sindical determinado. Vale decir que la existencia de una seguridad social  contributiva, segmentada y no universal, es una consecuencia buscada por aquel sindicalismo.

La propiedad que de facto[27] detentan los sindicatos oficiales respecto de las Obras Sociales los ha convertido en aquello que la teoría sindical comparada llama sindicatos de negocios[28]. Conviene destacar que el control no democrático[29] que ejercen sobre el área de la salud de los trabajadores, es la clave de bóveda que cierra el modelo vigente y que, dicho sea de paso, facilita prácticas ilegales como las sometidas hoy a investigación judicial.

CONSECUENCIAS DE UNA ACCIÓN SINDICAL DE MATRIZ CORPORATIVA

En materia de condiciones de trabajo y de organización obrera, los resultados de estos casi 70 años de sindicalismo monopólico y gremial[30] están a la vista.

Buena parte de la fragmentación que se observa en el mercado de trabajo y que se traduce en condiciones divergentes entre asalariados (incluso entre los formalizados)[31], es consecuencia directa de un modelo que fuerza la centralización de la negociación colectiva, que acepta convivir con la inflación[32] y que apuesta por maximizar el poder de presión en un sector u oficio[33], aún a costa de dejar en la estacada a los trabajadores con menor fuerza movilizadora. La historia reciente de la anómala negociación colectiva[34] protagonizada por el Sindicato de Camioneros, expresa tanto los abusos del poder de presión que exceden los márgenes del derecho democrático de huelga[35], como el ideario corporativo del sindicalismo oficial argentino[36].

Mientras que, sobre todo en momentos de crisis, en Europa los sindicatos de clase[37] se avinieron y se avienen a desplegar políticas salariales socialmente responsables[38] pensadas para impedir la segmentación obrera, los sindicatos oficiales argentinos se han resistido siempre a acordar pautas salariales de ámbito nacional[39] que apunten a hacer realidad la solidaridad entre todos los trabajadores, incluidos aquellos sin empleo.

Por lo que se refiere al impacto del modelo de sindicalismo estatalizado[40] sobre la organización obrera, destacaría la emergencia del movimiento piquetero (expresión de la falta de vocación de los sindicatos oficiales para representar a los desempleados y a los,  excluidos), y el nacimiento de la Central de Trabajadores de la Argentina[41] (que propone un diseño basado en la autonomía[42] de los trabajadores y en el programa constitucional).

El empresariado y los sectores que se ubican del centro a la derecha del espectro político argentino[43], deberían revisar sus complicidades con el monopolio sindical y, en un ejercicio de coherencia republicana y democrática, apoyar la libertad sindical y reconocer representatividad a estas nuevas estructuras que nacen de la autonomía de los trabajadores.

LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS GANANCIAS

Dejando para otra oportunidad el análisis de la letra de nuestra Constitución[44], diré que el instituto de participación en las utilidades de las empresas tiene una larga e irregular trayectoria en los sistemas laborales comparados[45] y en nuestro propio país. Una historia que muestra, de un lado, que se trata de una herramienta compatible con las economías de mercado y, de otro, que paulatinamente ha ido desilusionando a los sindicatos occidentales[46] que, en los años 50 y 60[47], vieron en ella (sobre todo a través de lo que se dio en llamar accionariado obrero[48]) una forma de democratizar el capitalismo y mejorar la distribución de la renta. Antecedentes que sirven para desmentir tanto a la UIA cuando denuncia al proyecto como la antesala de la sovietización de las empresas, como a la CGT que lo presenta como una herramienta justiciera.

Por lo que se refiere a los antecedentes de este instituto en la Argentina, podemos remontarnos tan lejos como propone BENITEZ de CASTRO al situar en las misiones jesuíticas guaraníes los primeros experimentos en materia de participación, o recordar las prácticas que hacia mediados del siglo pasado llevaron adelante varias de las principales empresas locales, de capital nacional o extranjero que implantaron voluntariamente sistemas de participación en los beneficios, generalmente bajo la forma de accionariado obrero como fueron los casos de “Casa Thompson”, “Joyerías Escasany”, “Gath y Chaves”, “Casimiro Polledo” y de la empresa SUIXTIL[49]; por ese entonces, la difusión de las experiencias participativas de carácter voluntario, movieron al Banco Central de la República Argentina a regular, por circular del 28 de mayo de 1954, la emisión de acciones destinadas a los obreros.

La Ley de Contrato de Trabajo (LCT), aprobada bajo la inspiración del peronismo en 1974, contempla la participación en las ganancias incorporando criterios para encuadrar jurídicamente esta suerte de adicional remunerativo, así como para resolver determinados conflictos que pueden surgir a la hora de calcular los beneficios a repartir. Puede decirse, entonces, que el artículo 110 de la LCT desarrolla el párrafo respectivo del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, aun cuando, como bien señala GRISOLIA, se trata de una modalidad “poco difundida”[50].

Más adelante, en la década de los 90, el Programa de Propiedad Participada, creado para facilitar las privatizaciones y atenuar sus efectos más negativos sobre el empleo y los trabajadores, ensayó una forma de participación económica semejante al accionariado obrero[51]. Es bueno recordar también que los “aportes convenidos” de la Ley 24.241, fueron pensados como una vía indirecta de participación voluntaria y negociada en las ganancias, en términos que recuerda a la Ley Alemana de 1984 sobre constitución del capital[52]; pese a su escaso desarrollo, estos aportes tuvieron el final de todos conocidos: fueron confiscados por decisión del Gobierno Kirchner.

EL DEBATE POLÍTICO ARGENTINO ALREDEDOR DE LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA

La idea de que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas adquiere carta de ciudadanía parlamentaria en 1920 a raíz de una iniciativa de Ricardo Pereyra Rozas, diputado bonaerense por la Unión Cívica Radical. En una línea parecida puede situarse a las fuerzas conservadoras del siglo pasado, como se verá al reseñar la posición del Partido Demócrata en la Convención Constituyente de 1957.

Por lo que hace al peronismo, no hay indicios que permitan pensar que Juan Domingo PERON tuviera el propósito de implantar un sistema obligatorio y generalizado de participación en las ganancias de las empresas. Los  únicos antecedentes relevantes figuran en sus Planes Quinquenales (el primero se inspiró en este punto en la antigua legislación francesa) que preservaron siempre el carácter voluntario que para las empresas tendría este tipo de participación[53]. Tampoco la Constitución de 1949, que expresó la opinión excluyente del peronismo entonces mayoritario, reconoce ni se refiere a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas (ver artículo 37).

Entiendo que para tener un panorama más acabado acerca de la génesis del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, resulta imprescindible revisar el intenso e interesante debate[54] que, a propósito de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, se produce en la Asamblea Constituyente de 1957 que, como se sabe, se celebró bajo el signo de la proscripción y exclusión del partido peronista.

Este debate (que, por cierto, revela el alto nivel intelectual de los representantes y el dominio que muchos constituyentes tenían sobre la legislación extranjera), muestra las amplias coincidencias que, a propósito de este asunto, tenían las fuerzas políticas argentinas con sus homologas europeas. Puesto a resumir estas posiciones, diría que mientras la derecha conservadora apoyó la inclusión[55] de una forma abierta de participación económica de los trabajadores, la izquierda socialista y comunista en unos casos la admitió con severas condiciones y reservas ideológicas y en otros la rechazó bien que con algunos matices. Por lo que se refiere a las posiciones de la derecha, hay que recordar que la primera referencia a este instituto de la participación aparece en una propuesta del Convencional por Santa Fe Horacio THEDY adscripto al Partido Demócrata Progresista, que recibió los apoyos del Partido Demócrata[56], de la Democracia Cristiana[57] y de la Unión Cívica Radical (UCR). A su vez, los representantes de los partidos socialista[58] y comunista[59] expresaron puntos de vista casi idénticos a los sustentados por las organizaciones europeas y americanas a las que estaban ligados por lazos ideológicos y políticos.

Dejando en este punto el análisis de las posiciones políticas expuestas por los Constituyentes de 1957, diré que las reiteradas manifestaciones que, con citas anacrónicas y sesgadas al pensamiento de Perón, ciertos líderes locales hacen en favor de una distribución de la renta que garantice un 50% de la misma a los salarios, no es sino un reclamo demagógico y populista, sin asidero en la ciencia económica ni en la historia social contemporánea[60]. En realidad, la equitativa distribución de lo que un país produce depende de la magnitud del trabajo no registrado, del régimen impositivo, de la estabilidad de la moneda y de los precios, y de las prestaciones del Estado de Bienestar[61], más que de los salarios o del reparto forzoso de ganancias empresariales.

Si la CGT quisiera de verdad defender al conjunto de los trabajadores debería rechazar abiertamente el recurso a las devaluaciones competitivas[62], bregar por prestaciones sociales universales y financiadas con impuestos progresivos, establecer bandas salariales contra la inflación y la segmentación retributiva, definir reglas que hagan compatible el trabajo con la vida familiar, reivindicar la participación de los trabajadores en las mejoras de productividad, y federalizar la negociación colectiva y la estructura sindical.

Así las cosas, injertar un régimen de participación en las ganancias dentro de la actual arquitectura que enlaza el monopolio sindical con los convenios colectivos híper-centralizados, con la realización de huelgas que desbordan el contenido esencial de este derecho, y con la negociación de salarios según inflación y no según productividad, no hará sino profundizar los males que hoy exhibe nuestro modelo productivo y su mercado de trabajo: desempleo encubierto[63], exclusión masiva[64], brechas salariales, distancia creciente entre pobres y ricos[65], migraciones forzadas[66].

UN PROYECTO CON POCAS LUCES Y MUCHAS SOMBRAS

He señalado antes la incongruencia de un proyecto de ley que se apoya en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, cuando sus impulsores vienen resistiendo por décadas la aplicación de otra cláusula del mismo artículo que garantiza la libertad sindical. Esta adhesión selectiva al texto constitucional resta legitimidad política y jurídica al Proyecto.

Agrego ahora que el Proyecto que motiva esta nota no es sino el injerto de una idea constitucional, y por lo tanto, irreprochable, dentro de un modelo sindical que funciona en permanente conflicto con el programa constitucional globalmente considerado.

Tal injerto, en los términos en que ha sido formulado en el Proyecto de Ley avalado por la CGT oficial, está diseñado precisamente para reforzar el poder de los sindicatos que usufructúan las ventajas del régimen monopólico, con la lógica consecuencia de retrasar u obstaculizar los avances hacia la libertad sindical que garantiza nuestra Constitución.

Adviértase que el control de la existencia y cuantía de los beneficios empresariales queda remitido a la “asociación sindical”[67] externa, sin referencia explícita al papel que habrán de jugar los delegados y comisiones internas que, como sabemos, en nuestro país son apéndices de los sindicatos únicos[68]. Se trata de una elección en línea con los ejes del modelo sindical monopólico, que excluye ciertamente la creación de órganos libres donde se exprese la voluntad democrática de todos los trabajados, incluso de los no sindicalizados, como ocurre, por ejemplo, en los comités de empresa no sindicalizados existentes en otros países[69]. Esta centralización, sindicalización y externalización del control está lejos de corresponderse con la índole de los asuntos referidos a las ganancias de una empresa y a su forma de distribución que, por definición, interesan a cada empresa concreta y a sus trabajadores y que, por consiguiente, debieron ponerse en cabeza de representaciones democráticas no necesariamente sindicalizadas.

Si bien soy de los que piensan que un sistema democrático de relaciones laborales sólo merece el nombre de tal cuando los trabajadores cuentan con sindicatos fuertes (tan fuertes como democráticos y libres), no creo saludable alentar la emergencia de poderes exorbitantes que rompan los equilibrios imprescindibles en la empresa y dentro del sistema productivo y, en nuestro caso concreto, refuercen estructuras de raigambre corporativa.

A su vez, todo hace presagiar que el propuesto régimen de participación en las utilidades funcionará como una nueva fuentes de conflictos laborales, que unas veces se ventilarán en el seno de la empresa con el sindicato único, y otras en el Consejo Nacional ideado por la CGT. Vale decir que la configuración del régimen obligatorio, por lo demás innecesariamente farragosa, añadirá confusión y costos que soportarán las empresas sin provecho alguno para sus trabajadores, aunque si para la diligente burocracia que se mueve alrededor de los conflictos laborales.

El programa constitucional referido a la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, tal y como quedara formulado en el tantas veces citado artículo 14 bis, permite -ciertamente- varias alternativas de desarrollo. Tan cierto como que el Proyecto de la CGT ha seleccionado aquellas más acordes con su ideología económica y su trayectoria política[70], que no siempre son las más convenientes para los trabajadores ni para el interés general.

La preferencia por un modelo de participación impuesto por una ley uniforme, desplaza la alternativa de otro voluntario[71] o sujeto a las reglas que fije la negociación colectiva[72] convenientemente descentralizada; lo hace sin ningún beneficio para la buena marcha del sistema de relaciones laborales.

En la misma dirección, la idea de circunscribir la participación en el otorgamiento de una suerte de paga extraordinaria anual, rechaza o desalienta la posibilidad de que tal participación adquiera la forma del accionariado obrero. Al proceder de tal manera, la CGT oficialista es fiel a su desconfianza o desdén por todo lo que pueda llamarse salario diferido[73].

REFLEXIONES FINALES

Cierro esta nota con dos consideraciones finales:

En primer lugar y por lo que se refiere al modelo sindical y sus implicancias para el sistema productivo y las relaciones de trabajo, diría que sindicalismo monopólico y corporativo debe ser urgentemente reemplazado para ajustarlo a la Constitución y ponerlo al servicio del bienestar general y de la inclusión social[74].

En segundo lugar y centrándome en el proyecto de la CGT, entiendo que resulta incongruente con el artículo 14 bis en cuanto propone distribuir ganancias manteniendo el monopolio sindical, y demagógico en tanto propone una medida ilusoria[75] que no logrará mejorar la distribución de la riqueza en beneficio del conjunto de los trabajadores.

Salta, 17 de setiembre de 2010.

Nota: Armando Caro Figueroa fue Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Argentina entre 1993 y 1997
[1] El título completo de este proyecto es: “Régimen de participación laboral en las ganancias de las empresas” y fue presentado por los diputados Héctor P. RECALDE y Juan Carlos Dante GULLO, entre otros. Su texto completo puede consultarse en “Trámite Parlamentario”, Boletín número 135 de 16 de setiembre de 2010.

[2] DUNLOP J. T. “Sistemas de relaciones industriales”, Editorial PENINSULA, Barcelona, 1978 (Según DUNLOP, estos sistemas se caracterizan por la presencia de ciertos actores que se desenvuelven en determinados contextos, alrededor de una ideología común y contando con un entramado de reglas que gobiernan a esos actores).

[3] Idéntica sorpresa produce la apelación a fallos de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación (en su actual composición) que hacen los autores del Proyecto en el capítulo de Fundamentos. Sobre todo si se recuerda las descalificaciones que, de parte de caracterizados líderes sindicales, recibió el mismo tribunal con motivo de sus recientes sentencias favorables a la libertad sindical. En realidad, la cita al caso VIZZOTI (CSJN 14/09/04) suena mal en boca de quienes desconocen la libertad sindical y reniegan delas sentencias que la favorecen.

[4] Según el miembro informante del artículo 14 bis en la Convención Constituyente de 1957, José María JAUREGUIBERRI, el texto aprobado establece que los sindicatos serán libres, “libres hasta para decidir su propia atadura, libres hasta para constituir una central única y monolítica”. Los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la democracia interna están consagrados, además, por los Convenios 87 y 98, aprobados por la OIT en 1948 y 1949, respectivamente y ratificados por la Argentina en 1960 y 1956 (Obsérvese que el primer peronismo, que gobernó hasta 1955, omitió ratificar ambos Convenios). Ambos Convenios tienen rango constitucional desde la reforma de 1994 (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional); como han puesto de manifiesto organismos internacionales, su vigencia no está suficientemente asegurada por la legislación argentina (Ver Resoluciones recientes de la Comisión de Expertos de la OIT -ILOLEX 062010ARG087-, y del Comité de Libertad Sindical de la OIT -ILOLEX 0320073462477-, entre otras). La inconstitucionalidad de los ejes del llamado modelo sindical argentino ha sido declarada por la CSJN 11/XI/08 (caso PECIFA) y 15/IX/09 (caso Rossi vs Armada Argentina).

[5] Las sucesivas leyes dictadas para regular la creación y actuación de los sindicatos no respetaron la libertad sindical ni incluyeron garantías para la democracia interna. Desde luego no lo hicieron las leyes anteriores a la reforma constitucional de 1957 (Decreto-Ley 23.852/45). Tampoco las normas dictadas con posterioridad (Ley 14.455/58 que de alguna manera traduce el pacto entre Arturo FRONDIZI y Juan Domingo PERON; Ley 20.615/73 aprobada en tiempos de ortodoxia peronistas; Ley 22.105/79 sancionada por la dictadura militar y que restringió aún más la libertad sindical; Ley 23.551/88 fruto del acuerdo entre el Presidente ALFONSIN y el sindicalismo peronista). Hubieron también intentos fallidos de imponer la libertad y el pluralismo sindicales como el ocurrido durante el gobierno de facto presidido por el General ARAMBURU (Decreto-Ley 9270/56), y que fuera posteriormente reflotado sin éxito por el presidente Arturo U. ILLIA (Decreto 969/66). Sobre esta cronología legislativa: ETALA, Carlos Alberto “Derecho Colectivo del Trabajo”, Editorial ASTREA, Buenos Aires – 2001. Hay que decir, sin embargo, que la fórmula elegida por peronismo en la Asamblea Constituyente de 1949 para regular la libertad sindical, resulta conforme con la mejor doctrina de la OIT; no sucediendo lo mismo con el derecho de huelga que fue omitido del texto de aquella Constitución, por las extrañas razones que se transcriben en la nota número 18 de este documento.

[6] Pese a que existieron momentos de tensión (TORRE, Juan Carlos, “La formación del sindicalismo peronista”, Editorial LEGASA, Buenos Aires - 1988; TORRE, Juan Carlos “Los sindicatos en el gobierno 1973/1976”, Editorial CEDAL, Buenos Aires – 1983; DI TELLA, Guido “Perón – Perón”, Editorial SUDAMERICANA, Buenos Aires - 1976), las coincidencias sustantivas entre gobiernos peronistas y sindicatos peronistas fueron notorias durante todos los períodos en los que le tocó gobernar a este Partido. Hay que contabilizar como fruto de las mismas, las leyes que -por ejemplo- consagraron la negociación colectiva con eficacia general como derecho exclusivo del sindicato con personería gremial.

[7] Además de las ya reseñadas leyes sindicales, en tiempos de ONGANIA los sindicatos más poderosos establecieron acuerdos explícitos con la dictadura y lograron la generalización y el control de las Obras Sociales. En los aspectos directamente vinculados con la institucionalización de las organizaciones obreras, las relaciones de estos sindicatos con la dictadura del General VIDELA lograron conservar el statu-quo. En ningún de ambos períodos, estos acuerdos tácitos excluyeron actos sistemáticos y salvajes de persecución a la acción sindical y a sus agentes.

[8] En 1988 el Presidente Raúl ALFONSIN alcanzó un amplio pacto con los sindicatos nucleados en el “Grupo de los 15” que se tradujo en la designación del señor Carlos ALDERETE (dirigente de la Federación Sindical de Luz y Fuerza) como Ministro de Trabajo y en la aprobación de las leyes aún vigentes y que estructuran la organización sindical, la negociación colectiva y las Obras Sociales.

[9] Si bien no hay constancias escritas de este acuerdo, sobran evidencias respecto de las preferencias de las empresas medianas y grandes (en especial de las agrupadas en la Unión Industrial Argentina -UIA) por el modelo sindical peronista. Los conflictos y las tensiones, a veces severos, se tramitan dentro de este modelo y se resuelven según sea la relación de las fuerzas que actúan dentro del escenario político. Este pacto tácito incluye, como queda dicho, la no impugnación por el empresariado del monopolio sindical, de la centralización de la negociación colectiva, de la propiedad sindical de las Obras Sociales, ni de la sindicalización de la representación obrera dentro de las empresas. Una de las principales contrapartidas a cargo de los sindicatos oficiales es la tolerancia de la inflación y de las devaluaciones competitivas. Este tipo de pacto (una suerte de compromiso creciente para sus actores) alcanzó su punto culminante hacia mediados de 2001 cuando ya se insinuaba el liderazgo del señor Hugo MOYANO y fuerzas políticas y sociales se aprestaban a desalojar al Presidente Fernando de la Rúa. El agotamiento de los efectos de la mega devaluación competitiva de 2002 y el reciente Proyecto de Ley sobre participación en las ganancias, seguramente desatará nuevas tensiones, sin que en ningún caso pueda preverse una quiebra del consenso central acerca del modelo sindical imperante.

[10] Arturo FRONDIZI accedió a la Presidencia gracias a los votos peronistas cuyo trasvase a la UCRI fue el resultado de un pacto expreso que incluyó el retorno a la estructura sindical tradicional. Juan Carlos ONGANIA y los sindicatos participacionistas pactaron el mantenimiento del tradicional modelo sindical y su reforzamiento a través de la generalización de las Obras Sociales, con el designio de limitar el poder el exiliado Juan Domingo PERON y frenar el crecimiento del sindicalismo combativo.

[11] Fue el caso del antes citado acuerdo que celebraran el Presidente Raúl ALFONSIN, acosado por la marcha de la economía y la situación militar, y el “Grupo de los 15”.

[12] La conflictiva experiencia del sindicalismo de fábrica (como sucedió en Córdoba en el sector del automóvil y las organizaciones SICTRC y SITRAM), es uno de los argumentos que en círculos empresarios y políticos se esgrime aún hoy contra la libertad sindical. Conviene añadir que esta irrupción de un sindicalismo de base que confrontaba con la estructura representativa tradicional, con las empresas y con el sistema político, fue un fenómeno que de alguna forma reproducía lo que estaba sucediendo en los países desarrollados (OJEDA AVILES, Antonio “Derecho Sindical”, Editorial TECNOS, Madrid – 2003, página 128; MARINET, Gilles. “Siete sindicalismos”, Editorial MTSS, Madrid – 1991, página 34). El consenso entre los sindicatos oficiales y el empresariado incluye, como se dijo, el control de las Comisiones Internas por el sindicato monopólico.

[13] Aunque se trata de un diseño ciertamente original, que el paso del tiempo fue acentuando, algunos de los trazos del modelo sindical argentino reconocen puntos de contacto con criterios introducidos por la fascista Carta del Lavoro y por el Sindicato Vertical franquista. Esta singularidad, unida a su adscripción al nacionalismo latinoamericanista (que alumbró el Proyecto ATLAS), demoró hasta los años 70 la incorporación de la CGT a la CIOSL.

[14] Concepto de autonomía sindical. Una reflexión sobre las relaciones entre autonomía y democracia, ver SANCHEZ CUENCA, Ignacio “Mas democracia, menos liberalismo”, Editorial KATZ, Buenos Aires – 2010.

[15] Y, naturalmente, a los distintos actores y partícipes que se benefician del mismo.

[16] La existencia de sindicatos con conducciones hereditarias (como es el caso del Sindicato de Encargados de Edificios y Casas de Rentas), las prácticas electorales no siempre respetuosas de la lógica democrática, el monopolio del sindicato con personería gremial respecto de la elección de representantes dentro de las empresas (que la CSJN acaba de declarar contrario a la Constitución Nacional) son prueba de esta característica del sindicalismo oficial argentino. Una característica que el Gobierno del Presidente Raúl ALFONSÍN, a través del llamado “Proyecto MUCCI”, intentó sin éxito corregir haciendo hincapié en la representación de las minorías en los órganos de dirección y en la organización de las comisiones internas.

[17] El modelo sindical argentino es esencialmente unitario. Tanto en su aspecto organizativo (las uniones son todavía una forma relevante de organización, y las llamadas federaciones aparecen lastradas en su funcionamiento por el peso determinante de las concentraciones de obreros y empleados en el área del Gran Buenos Aires), como en su vertiente negociadora (los convenios colectivos centralizados, que fijan las condiciones de trabajo siguiendo las pautas que surgen de la realidad productiva existente en el área más industrializada del país, funcionan como una traba al desarrollo económico y social del interior). Ver sobre este punto mi trabajo “Hacia un nuevo modelo productivo y de bienestar” (Editorial MUNDO GRAFICO, Salta – 2009).

[18] Augusto T. Vandor, líder metalúrgico brutalmente asesinado en los años 70 por el terrorismo de izquierda, fue el mayor y, si se quiere, el más sutil exponente de esta cultura reivindicativa que incluyó una intensa actividad en el campo de la política en sintonía con la estrategia estrictamente sindical.

[19] La frase “Desensillar hasta que aclare” fue utilizada por la cúpula sindical, más de una vez frente a golpes de Estado o amenazas a las instituciones de la Constitución. Sin embargo, estas deslealtades se alternaron con vigorosas acciones sindicales contra regímenes militares, cuando las circunstancias lo hicieron propicio.

[20] Una buena síntesis de este concepto puede verse en ALONSO GARCÍA, Manuel y otros “Hacia un modelo democrático de relaciones laborales”, Editorial UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, España – 1980).

[21] Estas construcciones jurídicas y sociológicas han sido elaboradas con la participación, y en sus ejes fundamentales, con el consenso de los sindicatos de la izquierda democrática. El caso italiano con compromisos de auto-regulación, es paradigmático (Ver GIUGNI, obra citada). La clave de estas construcciones parte de reconocer la necesidad de armonizar el derecho de huelga con el ejercicio de otros derechos fundamentales de igual o superior jerarquía constitucional. Las ideas del primer peronismo sobre el derecho de huelga, llamativamente extrañas a la luz de las ideas modernas, fueron expresadas por el Convencional don Arturo SAMPAY en ocasión de la Asamblea Constituyente de 1949: “El derecho de huelga es un derecho natural del hombre en el campo del trabajo, como lo es el de resistencia a la opresión en el campo político; pero si bien existe un derecho natural de huelga no puede haber un derecho positivo de huelga, porque –aunque esto haya sonado como un galimatías- es evidente que la huelga implica un rompimiento con el orden jurídico establecido… el derecho absoluto de huelga, por tanto, no puede ser consagrado en una Constitución a pesar de lo cual, dentro del derecho positivo argentino, se reglamenta esta zona de guerra extrajurídica que es la huelga”. El señor Convencional SALVO, un dirigente gremial, fue más directo: “la causa peroniana no quiere el derecho de huelga, que trae la anarquía… Consagrar el derecho de huelga es estar en contra del avance de la clase proletaria en el campo de las mejoras sociales. Todos saben bien que ese derecho es un canto de sirena” (para ambas opiniones ver AAVV “La Constitución de 1949 comentada por sus autores”, Editorial El Coloquio, Buenos Aires – 1975; también, Revista Hechos e Ideas, año IX, números 58 a 60, Buenos Aires, Marzo de 1949).

[22] La celebración de huelgas que por su forma, su carácter sorpresivo, su desprecio a los servicios mínimos esenciales, su acompañamiento de acciones violentas, su desconocimiento de otros derechos de igual o superior jerarquía (como la libertad de trabajar o el derecho a la salud), no caben dentro del concepto que del derecho de huelga han elaborado las democracias más desarrolladas, coincide, de alguna manera, con las ideas que a este respecto preconizan los Gobiernos Kirchner que a más de tolerar huelgas salvajes o antijurídicas, han sido reacios a replicar en el país la legislación reguladora de este derecho para hacerlo compatible con el cuadro constitucional. La estructura sindical por oficio vigente en diversas empresas (Aerolíneas Argentinas, por ejemplo) y sectores, da pie a huelgas que la doctrina extranjera califica como huelgas neurálgicas, de sectores estratégicos o articuladas y que las legislaciones más avanzadas proscriben (OJEDA AVILÉS, A. obra citada, página 486).

[23] Aunque no se dispone de datos fiables en materia de afiliación a los sindicatos argentinos, es probable que la tasa local sea superior a la de muchos sindicatos europeos; esta comparación cambia de signo cuando es corregida por la incidencia del trabajo informal y del desempleo. Hay que tener en cuenta asimismo el efecto que, para incentivar o forzar la afiliación, tiene el régimen de Obras Sociales. Con independencia del número de afiliados, la historia sindical argentina muestra una sucesión de liderazgos o, lo que es lo mismo, de organizaciones que protagonizaron la actividad sindical y política durante los últimos 70 años: Ferroviarios, Metalúrgicos, Energía, Camioneros.

[24] La fórmula reivindicativa de los sindicatos oficiales argentinos articula la acción reivindicativa sindical frente a las empresas, con las presiones políticas frente al Estado. El salario mínimo y el asistencialismo son las vías que utilizan para expresar su preocupación por los trabajadores sin capacidad de presión y por los desempleados.

[25] Un ámbito de la seguridad social privatizado en favor de los sindicatos únicos por la llamada Ley MANRIQUE dictada durante la dictadura de Juan Carlos ONGANIA; a la que, tiempo después y bajo el mismo Gobierno, se sumó la Ley de creación del PAMI que alivió a los sindicatos de la carga de atender a los trabajadores jubilados.

[26] Aunque la aprobación, en los años noventa, de un Programa Médico Obligatorio atenuó estas diferencias.

[27] SI bien no hay una norma explícita que reserve a las organizaciones obreras la propiedad de las cuotas y del patrimonio de las Obras Sociales, los sindicatos con personería gremial la ostentan sin mayores cuestionamientos.

[28] OJEDA AVILES, A. obra citada. HOBSBAWN, Eric “Estudios de historia de la clase obrera”, Barcelona – 1979.

[29] La dirección y gestión de los servicios de salud para los trabajadores corre a cargo de las conducciones sindicales oficiales, que la ejercen sometidas a los muy débiles controles internos y con exclusión de toda participación y control por parte de los aportantes al sistema que no son afiliados a los sindicatos. De hecho, estas conducciones son elegidas sin el voto directo de todos los trabajadores incluidos en el ámbito de actuación de cada Obra Social.

[30] Aunque en la Argentina los términos gremio y sindicato suelen usarse de manera indistinta, apreciándose incluso una cierta preferencia por la palabra gremio para denominar a todas las asociaciones de trabajadores, ambas presentan matices diferenciales tanto desde el punto de vista etimológico como desde una óptica centrada en la historia social. Mientras que lo gremial reconoce vínculos con la antigua estructura de oficios y profesiones propia de la era pre-industrial en donde la solidaridad está reducida al ámbito del oficio compartido y sujeta a las jerarquías profesionales, lo sindical alude a la representación y defensa de los intereses que son propios a una determinada categoría social que decide singularizarse y auto-organizarse (desde los trabajadores de una fábrica, al conjunto de los asalariados).

[31] Aunque su medición no forma parte del programa de estadísticas oficiales, encuestas privadas muestran la dispersión del “abanico” salarial argentino. A la debilidad estadística hay que añadir la ausencia de preocupación de los sindicatos oficiales por un indicador (y por la realidad de debería exteriorizar su medición) que es muy valorado por los sindicatos no corporativos para afinar su estrategia reivindicativa en materia de salarios.

[32] El líder de la CGT oficial, señor Hugo MOYANO, que ya había prohijado la mega-devaluación de 2002 considerándola la mejor alternativa a la Ley de Convertibilidad, declaró recientemente que un cierto nivel de inflación puede resultar incluso beneficioso para los trabajadores.

[33] Conviene insertar aquí algunas referencias y comentarios a la estructura del sindicalismo con “personería gremial”, en donde coexisten varias formas de agrupamiento: por oficios, por rama de industria o sector de actividad, (los sindicatos por empresa han prácticamente desaparecido con la extinción de las grandes empresas del Estado, como fuera el caso de los sindicatos únicos en YPF o en Gas del Estado), uniones, federaciones, confederaciones, comisiones internas. Aún dentro de cierta flexibilidad, el modelo sindical vigente impone determinadas formas y prohíbe otras, lo que ha sido reiteradamente considerado por la OIT como violatorio a la libertad sindical. Es que el derecho de los trabajadores a definir en cada caso y autónomamente la estructura que quieran dar a sus organizaciones, forma parte del contenido esencial de la libertad sindical (Ver GUINI, Gino “Derecho Sindical”, Editorial MTSS, Madrid – 1982). El autor considera propia del régimen corporativo la pretensión de considerar al grupo profesional con aptitud para sindicalizarse como una categoría ontológica que el legislador se limita a reconocer e imponer al conjunto de los trabajadores). Una de las singularidades del caso argentino es el escaso peso de la cúpula confederal (o sea, de la CGT) a la hora de definir estrategias de acción coordinadas en función del principio de solidaridad abarcativo del conjunto de los trabajadores (solidaridad “de clase”). Sin duda la CGT declara huelgas generales, pero en todas ellas procura acoger todas las demandas sectoriales que tienen que ver con las condiciones de trabajo, sin realizar el más mínimo esfuerzo -que se supone propio de una confederación obrera- para arbitrar entre las demandas de los sindicatos de oficio o de industria; sus plataformas meramente acumulativas son expresión típica de una forma de corporativismo sindical.

[34] Una negociación colectiva caracterizada por la obtención de mejoras salariales muy por encima de la evolución de la productividad en el sector y que, en determinados casos, supera incluso el crecimiento real de los precios. Este óptimo resultado para los trabajadores del sector está en íntima conexión con el poder político del Sindicato que facilita a las empresas la obtención de subsidios estatales que ayudan a financiar aquellas mejoras. La acción de este sindicato se caracteriza también por provocar reiterados conflictos de encuadramiento sindical que, al amparo de las reglas que organizan el modelo de sindicato único, están  permitiéndole reforzar su franja de representación del oficio a expensas de los sindicatos oficiales de industria o sector.

[35] Para la mejor doctrina democrática (BAYLOS GRAU, Antonio “Derecho de huelga y servicios esenciales”, Editorial TECNOS, España – 1988; MATIA PRIM, Javier “El abuso del derecho de huelga”, Editorial CES, España – 1996), el derecho de huelga consiste en el derecho de los trabajadores a cesar temporalmente en la prestación laboral a su cargo, sin ocupar el centro de trabajo, sin que el huelguista tenga derecho a los salarios caídos, y respetando el derecho a trabajar de quienes decidan no adherir a la convocatoria. Tal doctrina explica también que el carácter fundamental del derecho a la huelga no le releva de la necesidad de ejercerlo de manera tal de preservar otros derechos fundamentales de igual o superior jerarquía.

[36] En realidad, este ideario -como tal cuerpo de doctrina- no figura en ninguno de los textos sindicales que se conocen. Si en otras latitudes se ha lamentado la escasez de teorías sistemáticas sobre acción y conducta sindical (POOLE, Michael “Teorías del sindicalismo”, Editorial MTSS, España – 1991), en la Argentina el vacío produce vértigo. Es, en nuestro caso, radicalmente cierta la afirmación de DUNLOP en el sentido de que “los diferentes ámbitos de las relaciones laborales han ido cambiando más rápidamente que las ideas destinadas a interpretarlos, explicarlos y relacionarlos entre sí”.

[37] Utilizo el concepto sindicato de clase a sabiendas de su carácter ambiguo que, además, reconoce una determinada trayectoria en la Argentina en donde el clasismo fue y es sinónimo de izquierdismo sindical en tanto identifica a grupos obreros minoritarios que, vinculados a fuerzas de izquierda marxista o trotskista, enfrentan al sindicalismo oficial de raíz peronista. Sin embargo, cuando a lo largo de este artículo utilizo el término sindicato de clase, aludo al significado que el mismo adquiere en la moderna historia social europea; me refiero entonces a un concepto caro al sindicalismo democrático europeo (Véase GIUGNI, G. obra citada página 89). En ese contexto, lo característico de los sindicatos de clase es el papel y el peso de las confederaciones obreras a la hora de arbitrar las demandas sectoriales con vistas a integrar los intereses de todos los trabajadores (OJEDA AVILES, A. obra citada, páginas 35 y 196), incluidos los desempleados y aquellos sin capacidad de presión. En la Europa democrática, un sindicato como el de los camioneros argentinos sería considerado (por su estructura, su ideario y su acción reivindicativa) un sindicato corporativo al estilo de los sindicatos de pilotos de líneas aéreas, de toreros (España) o de ingenieros (Francia).

[38] El concepto de políticas salariales socialmente responsables inicio su andamiento poco después de la primera crisis petrolera (1973/75) y sirvió de fundamento a las diversas experiencias, europeas y no europeas, de concertación con la que los actores sociales y políticos enfrentaron aquella y las sucesivas crisis económicas. Sus principales objetivos son la lucha contra la inflación (que daña las rentas salariales y las pensiones), la defensa del empleo, el combate contra el desempleo y el apoyo a los salarios rezagados.

[39] Los sindicatos europeos (y otros que siguieron su línea incluso en este lado del mundo), encontraron en la formulación de bandas salariales (con pisos y techos) de ámbito inter-confederal una herramienta útil para defender simultáneamente el empleo y la cohesión social, evitando la segmentación extrema del mercado de trabajo y de las remuneraciones reales. Funcionaron, y en algunos casos siguen funcionando, como una referencia para la negociación colectiva sectorial o de empresa; además, permitían a los sindicatos tomar una cierta participación en la determinación de las variables macroeconómicas que recogen los Presupuestos Generales de los Estado. La CGT oficial, incluso desde los tiempos de Saúl UBALDINI, se negó siempre a utilizar este tipo de herramientas típicas del sindicalismo de clase (Véase una excelente análisis sobre las relaciones entre el Gobierno del Presidente Alfonsín y los sindicatos peronistas en NOVARO, Marcos, “Argentina en el fin de siglo”, Editorial PAIDOS, Buenos Aires – 2009). El único antecedente que se asemeja a una política de rentas socialmente responsable es la que logró imponer Juan Domingo PERON en el llamado Pacto Social, un acuerdo tripartito firmado en 1973. Antes y después, las cúpulas sindicales y patronales oscilaron entre acuerdos tácitos o luchas encrespadas (que incluyeron la abolición lisa y llana de la negociación colectiva) alrededor de los salarios. Durante la presente década, los Gobiernos KIRCHNER preconizaron exitosamente acuerdos secretos que definían únicamente un techo de referencia para la negociación colectiva de los salarios; este techo se situaba en el nivel que se estimaba podía alcanzar el sindicato coyunturalmente más poderoso o mejor situado.

[40] Un régimen centrado en el discernimiento administrativo de inscripciones y personerías gremiales, además de desconocer la libertad sindical, otorga al Estado un especial poder del control sobre la actividad de los sindicatos; un poder que, en ocasiones, los gobiernos utilizan para disciplinar a los sindicatos reconocidos cada vez que parecen vacilar en su oficialismo. Cuando los compromisos dentro del movimiento peronista (entendido como el ámbito en donde coexisten sindicato y partido) lo hacen posible, es mayor la dependencia del sindicalismo respecto de las políticas de turno, en detrimento de la autonomía de los trabajadores.

[41] La CTA nació en los años noventa alrededor de sindicatos de empleados públicos y con fuerte influencia del socialcristianismo. Su firme rechazo a las políticas económica y social del Gobierno del Presidente Carlos MENEM no fue obstáculo para que éste habilitara su condición de sindicato simplemente inscripto. A su turno, los sucesivos Gobiernos de Néstor y Cristina KIRCHNER, desmintiendo simpatías preelectorales, vienen negándose terminantemente a reconocer personería gremial a la CTA; sobre todo a partir del momento en que se consolidó su pacto con el sindicalismo tradicional liderado ahora por el señor Hugo MOYANO.

[42] Por estos días, la CTA es el ámbito de un intenso debate entre las listas que compiten por acceder a su conducción (siendo las principales las lideradas por Hugo YANKI y Víctor DE GENARO), alguna de las cuales, por su proximidad al Gobierno Kirchner parecería poner en peligro esta idea fundacional de la CTA y que consagra a la autonomía (de la patronal, de los gobiernos, y de los partidos políticos) como seña de identidad de esta central obrera alternativa.

[43] Idéntica actitud cabría reclamar a sectores de izquierda y al seudo progresismo locales que, de forma acrítica e indocumentada, consideran que el modelo sindical argentino es el no va más del poder obrero. Es llamativo, en este sentido, el giro de la seudo izquierda peronista que pasó de promover el exterminio de la “burocracia sindical” a pactar con ella.

[44] Me limitaré aquí a llamar la atención sobre el carácter sistémico o integrador que tiene el artículo 14 bis cuando completa el marco del programa socio-laboral argentino. Es este carácter, de inusual coherencia, el que precisamente impide desarrollar, por ejemplo, el derecho de los trabajadores a participar en los beneficios de las empresas y, en paralelo, mantener la vigencia de un modelo contrario a la libertad sindical o implantar el despido libre y gratuito. Se trata de un artículo que debe leerse en su integridad e interpretarse en consonancia con los Tratados Internacionales ratificados por nuestro país y por el resto de las cláusulas constitucionales. Lo contrario configura una suerte de manipulación de nuestra Carta Fundamental, aun cuando se pretenda cubrirla bajo el manto de la teoría que preconiza el “uso alternativo del derecho”. Sobre el debate en la Asamblea Constituye de 1957, véase PEREZ GUILHOU, Dardo y otros “La convención Constituyente de 1957. Partidos políticos, ideas y debates” – Mendoza 2007.

[45] DOMINGUEZ GARRIDO, José Luis y MOLERO MANGLANO, Carlos “La participación de los trabajadores en la empresa de los países del BENELUX” (Editorial IES-MTSS, España – 1979); ASPLUND, Ch. “Algunos aspectos de la participación de los trabajadores” (Editorial CIOSL, Bruselas – 1972); COMISIÓN de las COMUNIDADES EUROEPAS “Participación de los trabajadores y estructura de las empresas – Libro Verde” (MTSS, España – 1976); BENITEZ de CASTRO, Cecilio “Cogestión y participación en las ganancias”, Editorial EUDEBA, Buenos Aires – 1969; MARINET, G. “Siete sindicalismos”, antes citado; OIT “La participación en la empresa – 1981/1985”, Editorial MTSS, España - 1987.

[46] Conviene añadir que no todos los sindicatos occidentales admitieron como válida esta vía participativa a la que muchos de ellos consideraron la antesala de una integración indeseada en la trama del capitalismo. Puede afirmarse que el de reparto de los beneficios empresariales, preferentemente bajo la forma de participación en el capital de la empresa, entusiasmó primero a los sindicatos enrolados en el socialcristianismo (BELAUNDE, Cesar H. “La economía social según Pío XII y Juan XXIII”, Editorial TROQUEL, Buenos Aires – 1962, página 188; MARINET, G. obra citada, página 48) y luego, en casos aislados, a algunos socialdemócratas (Ver la bibliografía citada en la nota 42). El citado “Libro Verde” de la CEE refleja la opinión dominante en los años setenta: “La participación de los trabajadores en el capital y en los beneficios de la empresa existe en cierta medida en numerosos estados miembros, donde a veces es favorecida mediante medidas fiscales. En Francia está establecida por Ley. Pero, con muy escasas excepciones, ninguno de los sistemas existentes tiende a dar a los trabajadores una influencia real sobre la adopción de decisiones en las empresas en las que trabajan. Estos sistemas de participación revisten casi siempre la forma de primas o sistemas de estímulo a la producción o al ahorro personal, tanto cuando se deben a iniciativas de la dirección como cuando son resultad de un convenio colectivo o de una disposición legislativa” (página 54).

[47] En los tiempos inaugurales de la participación en los beneficios de las empresas a través de una Ley de clara influencia gaullista (BENITEZ de CASTRO, obra citada), la CGT francesa decía: “La Ley no ha aportado innovaciones, a pesar de su nombre y de las consecuencias estadísticas. El motivo especial del Gobierno y de las empresas es la promoción de la autofinanciación de la empresa, y de un ahorro impuesto a los trabajadores”. A su turno, la CFDT expresó su preferencia por las vías que abre la negociación colectiva para mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores (ASPLUND, Ch. obra citada, página 52).

[48] Como es notorio, la participación en los beneficios es un postulado que reconoce diversas manifestaciones o, dicho de otro modo, que puede concretarse a través de varias instituciones o herramientas. El Proyecto de la CGT oficial que acaba de conocerse prefiere el modelo que aproxima estos beneficios al sueldo anual complementario; dejando de lado, por ejemplo, diseños que apuntan a desarrollar un “capitalismo popular” como el que propugna la doctrina social de Iglesia Católica (Juan XXIII, Encíclica “Mater et Magistra”, Congreso Católico de Malinas, de 1927; véase César BELAUNDE y BENITEZ de CASTRO, obras citadas) y se estructuran a través del llamado “accionariado obrero”. Como recuerda Ignacio SOTELO en el libro que cita más abajo, al igual que sucede con la participación en las ganancias, “el Estado Social comenzó siendo una invención de los conservadores, apoyados por las Iglesias, que fue siempre combativo por la izquierda revolucionaria, y que la socialdemocracia al principio miró con desconfianza” (página 407).

[49] BENITEZ de CASTRO, obra citada.

[50] GRISOLIA, Julio Armando “Manual de Derecho Laboral”, Editorial ABELEDO Y PERROT, Buenos Aires 2009, página 279.

[51] LOZANO, Luis F., TOMADA, Carlos y otros “Los trabajadores y las privatizaciones”, Editorial ATLANTIDA, Buenos Aires – 1992.

[52] Ver: OIT “La participación en la empresa”, obra citada, página 373

[53] BENITEZ de CASTRO, obra citada, página 64. Para la Constitución de 1949, véase el artículo 37.

[54] Sigo aquí el Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, Tomo II, Editorial IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACION, Buenos Aires – 1958.

[55] Con la excepción del Convencional Luis María OTERO MONSEGUR que representaba al Partido Cívico Independiente, antecesor de la Unión de Centro Democrático, cuyo líder más notorio fuera el Ingeniero Álvaro ALSOGARAY.

[56] El entusiasmo del conservadurismo alrededor de la propuesta fue expresado por el Convencional José AGUIRRE CÁMARA, con citas a ideas de Carlos PELLEGRINI y al Programa partidario de 1951: “si bien los conservadores no somos los inventores de los derechos sociales (porque en esto en definitiva ya no se inventa nada), somos por lo menos sus propugnadores más directos en los últimos años, y me refiero en concreto a la participación de los obreros en las ganancias de las empresas”.

[57] Horacio José PEÑA, que expresaba esta corriente apoyó el dictamen con citas a las Encíclicas papales y a lo que llamo el laborismo cristiano.

[58] El Convencional Julio César MARTELLA, al fundamentar su disidencia con el dictamen de comisión, expresó su escepticismo respecto de los beneficios que para los trabajadores pudiera traer la participación en las ganancias y propuso sindicalizar el instituto. Adviértase que esta propuesta de poner en cabeza de los sindicatos el derecho a participar se sostenía en la simultánea defensa de la libertad sindical. MARTELLA cita pronunciamientos de la OIT que afirman que este tipo de participación “no es recomendable desde el punto de vista obrero”, y al catedrático español Carlos GARCÍA OVIEDO cuando dice que “en los últimos regímenes totalitarios ha hallado ambiente favorable esta sistema que se compadece con la idea de que en la empresa debe imperar un espíritu de comunidad”.

[59] Irma Carmen OTHAR explicó la posición de los comunistas argentinos abiertamente contrarios a la participación en las ganancias a la que considera una engañifa para los obreros que, además, tiende a adormecer su conciencia de clase.

[60] Sobre este punto, resulta de sumo interés la lectura de libro “El Estado Social. Antecedentes, origen, desarrollo y declive” cuyo autor es Ignacio SOTELO (Editorial TROTA, Madrid – 2010). La cita es propicia para llamar la atención acerca de la falta de interés de los sindicatos oficiales por los debates que en todos los países viene dándose a propósito del futuro de lo que en su día se conoció como Estado de Bienestar, seriamente amenazado por sucesivas crisis.

[61] SOTELO, Ignacio, obra citada; MUÑOZ del BUSTILLO, Rafael “El Estado de Bienestar en el cambio de siglo”, Editorial ALIANZA, España – 2000; NAVARRO, Vicente “Globalización económica, poder político y Estado del Bienestar”, Editorial ARIEL, España – 2000.

[62] Como he señalado antes, el actual Secretario General participó en el tejido que erosionó y forzó el alejamiento del Presidente Fernando DE LA RUA, y se manifestó conforme con la mega-devaluación de 2002. Una conformidad que había anticipado personalmente al autor de esta nota en noviembre de 2001.

[63] Me refiero al que se esconde detrás de las aun bajas tasas de actividad, de los desalentados que han cesado la búsqueda de un trabajo e incluso de los seudo empleos que se traducen en subsidios sin prestación laboral.

[64] Sobre este punto he recogido mis puntos de vista en la presentación inédita titulada “Un ejército de excluidos marca los límites del modelo argentino de integración social” (Julio de 2010).

[65] La CGT oficial dice perseguir con su Proyecto de participación en las ganancias la absoluta equidad en la distribución del ingreso nacional. Sin embargo, lo concreto es que la política que apoya con énfasis desde 2002 no ha logrado resultados positivos en materia de equidad social. Medida por el Índice de GINI, la Argentina de 2008 se encuentra aún por debajo de las condiciones distributivas vigentes en el peor año de la década de los noventa (véase www.selconsultores.com.ar)

[66] La legislación laboral, los convenios colectivos de trabajo (centralizados y antifederales), sumados a la acción de los sindicatos tienen un cierto grado de responsabilidad en la inmigración masiva y forzada de cientos de miles de norteños al Gran Buenos Aires (un mayor desarrollo de esta afirmación en: CARO FIGUEROA, José Armando “Hacia un nuevo modelo de producción y bienestar”, citado).

[67] El artículo 18 del Proyecto impulsado por la CGT habla siempre de la “asociación sindical” o de la “representación sindical”, debiendo entenderse por tal, según los cánones de la legislación sindical vigente, al sindicato con personería jurídica cuyo ámbito de actuación comprenda a la empresa de que se trate y a sus trabajadores. Esta elección del sujeto sindical, deja sin resolver los problemas de encuadramiento (clásicos en el modelo argentino) que, de tal suerte, encontrarán nuevos motivos para alentar conflictos.

[68] El libro de Álvaro ABOS “Delegados del personal. Comisiones internas” (Editorial IUS, Buenos Aires – 1977) es, pese al tiempo transcurrido desde su publicación, el mejor análisis del tema tanto desde la óptica jurídica como desde el ángulo histórico y sociológico.

[69] BIAGI, Marco “Representación de los trabajadores y democracia en la empresa”, Editorial MTSS, España – 1992.

[70] Obviando el prudente consejo que, hacia 1955, diera la CSJN al referirse precisamente a la participación de los trabajadores en los beneficios y ganancias de las empresas: “Un deber elemental de prudencia aconseja en esta materia proceder no de manera imperativa, imponiendo compulsivamente el accionariado obrero, sino por convencimiento, para que todos los interesados en la producción lleguen a comprender que el cambio no solamente beneficia a los intereses particulares, sino también, lo que es más importante, a los de la colectividad” (fallo comentado por BENITEZ de CASTRO, C. obra citada, página 75).

[71] Es curioso que los Fundamentos del Proyecto sobre participación en las ganancias, pasen de puntillas por sobre asunto tan relevante como este (obligatoriedad/voluntariedad). No obstante, el rigor profesional de sus autores les lleva a poner de manifiesto que en buena parte de las experiencias comparadas que citan (Canadá, EEUU, Reino Unido, Alemania, Chile -Código del Trabajo, artículo 46-) la participación es siempre de carácter voluntario.

[72] Me permito recordar aquí el Proyecto de Ley sobre participación informativa y consultiva de los trabajadores en las empresas, presentado por el Presidente Raúl ALFONSIN en 1986 (Boletín Parlamentario número 52 de 5 de agosto de 1986) que, si bien establecía las bases del derecho obrero de la información inmediatamente las sometía a lo que los actores sociales pudieran resolver en la negociación colectiva. El artículo 8° del Proyecto permitía que los convenios colectivos dejaran íntegramente sin efecto el régimen.

[73] Coincide en esto con el seudo keynesianismo de los gobierno Kirchner; algo parecido a lo que MANGABEIRA llama keynesianismo bastardo (MANGABEIRA UNGER, Roberto “La alternativa de la izquierda”, Editorial FONDO DE CULTURA ECONÓMICA, Buenos Aires -2010). Refiriéndose al caso de los EEUU y la crisis económica en curso, STIGLITZ, a propósito de la decisión del Gobierno de animar a la gente a consumir más, señala que la misma era comprensible, dada la caída abrupta del consumo, pero advierte que la política economía debió haberse concentrado menos en fomentar el gastos en consumo cuando lo que se necesitaba para un crecimiento a largo plazo era más inversión (STIGLITZ, Joseph E. “Caída libre”, Editorial TAURUS, España – 2010, página 106).

[74] En línea con lo que sugiere MANGABEIRA UNGER cuando habla de la necesidad de un “nuevo conjunto de reglas que permitan proteger, organizar y representar a los que están fuera, a medida que tiene lugar la ampliación de las oportunidades para trabajar, producir y aprender” (obra citada, página 174)

[75] En el sentido del que habla Juan José SEBRELLI en su obra “Los deseos imaginarios del peronismo”, Editorial SUDAMERICANA, Buenos Aires – 2000.