La senadora del Partido Obrero por el Departamento de la Capital, señora Gabriela Cerrano, ha vuelto a soltar la yarará. Lo hizo después de provocar un incendio de pastizales en las redes sociales con su alegre y poco fundamentada calificación de «genocidas» para los soldados conscriptos del Ejército Argentino.
Esta vez lo que se le ha atravesado a la legisladora obrerista es el concepto de impunidad, cuyo exacto significado parece desconocer o pretende hacer creer que ignora.
Cerrano ha utilizado esta palabra para calificar a la propia Cámara a la que pertenece como «garante de la impunidad de los funcionarios que violentan los derechos de las mujeres» (sic).
Semejante juicio ha sido vertido después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Salta decidiera no someter a juicio al juez y al fiscal que tramitaron la primera parte del sumario penal instruido a raíz de la violación de una menor de edad en un alejado paraje del norte provincial.
Los errores son varios y muy graves. Intentaremos repasar aquí solo los más importantes.
El primer error es de tacto político. Si Cerrano quiere sacar adelante su trabajo (que por ahora es bastante pobre) lo peor que puede hacer es dedicarse a insultar al cuerpo al que pertenece. Quizá el Senado de Salta no sea una asamblea modélica, pero de ahí a arremeter de esa manera contra él (entrar como elefante en un bazar) no parece ser demostrativo de una gran capacidad o habilidad política.
El segundo error es técnico. El Senado, como cuerpo, no es responsable de juzgar a los jueces y magistrados inferiores. La competencia juzgadora de la cámara alta se limita al Gobernador, al Vicegobernador, al Fiscal de Estado (Art. 149), los miembros de la Auditoría Provincial (Art. 169) y los jueces de la Corte de Justicia (Art. 160). Lo que quiere decir, que salvo que se hubiese dejado sin castigo a uno de estos funcionarios, el Senado no es responsable de ninguna impunidad.
El tercer error se refiere al Jurado de Enjuiciamiento. Recordemos que Cerrano no solo cita el caso de la violación wichi sino también el del juez Víctor Soria y la asesora de incapaces Flores Larsen, contra quienes tampoco el Jurado procedió al considerar inadmisible la acusación formulada contra ellos. Pero que el Jurado de Enjuiciamiento no haya procedido contra ellos no significa que las conductas de Mariscal Astigueta, Cazón, Soria y Flores Larsen hayan quedado «sin castigo», como dice Cerrano, porque el juicio destitutivo del artículo 160 no supone castigo alguno. Dicho en otras palabras: la ejecución de la responsabilidad política de ciertos funcionarios no forma parte de la potestad punitiva del Estado.
Cerrano debería saber que si cualquiera de los magistrados citados ha cometido un delito o dañado a terceros por su acción u omisión, su responsabilidad penal, civil y administrativa sigue intacta.
Es decir, que si Cerrano considera que Mariscal Astigueta, Cazón, Soria y Flores Larsen son culpables, por ejemplo, del delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas), su deber como senadora de la Provincia, antes de echar sapos y culebras por la boca, es el de acudir a los tribunales a denunciar las conductas supuestamente delictivas. ¿Por qué motivo no ha acudido a la justicia a denunciar este delito? Debería responder a esta pregunta.
Claro, es mucho más fácil lanzar por los micrófonos que el Senado de Salta es la «guardia de reserva del régimen oligárquico, del oscurantismo clerical y de la opresión de las mujeres», que plantarse delante de un fiscal a denunciar un delito y asumir una responsabilidad política. Cerrano debería saber que si su denuncia penal prosperara y los magistrados fueran hallados culpable de un delito penal, el Jurado de Enjuiciamiento debería volver a reunirse para enjuiciarlos y destituirlos. Así, no habría impunidad ninguna.
Tampoco se sabe que Cerrano haya ido contra los magistrados por la vía civil, ejerciendo una acción de daños y perjuicios. Menos aún que se haya personado en la Corte de Justicia para exigir su responsabilidad disciplinaria. Si no lo hizo solo puede ser por dos razones: 1) porque no está muy segura de que sean culpables y 2) porque la senadora por la Capital no conoce la Constitución que juró.
Cuarto error. Si la Cámara de Senadores de Salta fuese un cuerpo corrupto (como lo sugieren los ácidos comentarios de la señora Cerrano) no corresponde pedir la renuncia de dos senadores y de un secretario, sin antes concretar o al menos ofrecer la renuncia propia. Si el Senado está podrido (cosa que no es de descartar) lo peor que se puede hacer es pensar en la senadora Cerrano como en la Virgen María, sin pecado original nacida.
Quinto y último error. El «oscurantismo clerical» que denuncia la senadora se da de narices con el hecho de que una de las dos universidades existentes en el territorio (y la más antigua) es confesional; es decir, propiedad de esos mismos clérigos perversos supuestamente partidarios de no extender la educación a las clases populares.
En conclusión, que los ciudadanos del Departamento de la Capital (más de medio millón) estarían muy bien representados por Cerrano, pero en una barricada, entre alambres de púas, neumáticos ardiendo y megáfonos rugientes. No tanto en una asamblea democrática en la que sus miembros se lucen con discursos moderados y los diferentes tratan de llegar a un entendimiento en beneficio de todos. Si por Cerrano fuera, la Provincia viviría perpetuamente en llamas. Si le hubieran dado a elegir, habría luchado contra el mismo Trotsky en caso de que éste tuviera la osadía de declarar triunfante y agotada a la revolución.