El Gobernador de Salta ha debido salir en persona a capear el temporal ante la catarata de críticas que ha recibido la operación financiera de endeudamiento provincial, que terminó con una emisión limitada de títulos de deuda con vencimiento a ocho años y una tasa de interés del 9,125%. Sobre esta tasa, considerada por expertos como una severa penalización al gobierno de Urtubey por sus debilidades e inconsecuencias, el mandatario ha dicho que «resulta más baja en comparación con la existente en otro bono provincial cuyo vencimiento operará en el año 2022, garantizado con regalías».
Al hacer esta afirmación, el mandatario no tuvo en cuenta que el «otro bono provincial» al que se refiere fue emitido cuando la deuda argentina tenía una calificación internacional de incobrable a causa de la suspensión de pagos decretada por el gobierno Kirchner. Comparar la tasa de interés de ambas operaciones no solo es improcedente sino que induce a confusión.
Más razonable, en todo caso, ha sido la defensa que Urtubey ha hecho de la tasa de interés obtenida recientemente por sus negociadores en el mercado internacional. Sobre ella ha dicho Urtubey que «es acorde al momento y a la transacción».
La afirmación es inobjetable, aunque le faltó agregar, que la tasa de interés guarda relación también con la reducida confianza de los inversores internacionales en el gobierno de Urtubey y en la buena marcha de las finanzas provinciales, después de que el ejercicio anterior cerrara, por primera vez en varios años, con un importante déficit fiscal.
En el ánimo de los inversores ha pesado también la endeblez del plan de obras anunciado por Urtubey, su dudosa viabilidad y la sospecha de que los recursos económicos obtenidos puedan ser empleados para atender gastos corrientes de la administración y no para las obras previstas en la ley.
Finalmente, no ha pasado desapercibido en los programas informáticos de simulación que utilizan las grandes entidades financieras el hecho que fue el gobierno de Urtubey -el mismo que firmó la última operación- el que demostró una alarmante incapacidad para gestionar el paquete de obras públicas previstos en el llamado Fondo de Reparación Histórica, cuyos recursos sirvieron para asegurar el resultado de dos elecciones, pero no para concretar la revolución en infraestructuras prometida por el gobierno.