Milagro Sala, la activista jujeña afín al kirchnerismo que mantiene desde hace años un enfrentamiento personal con el actual Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, fue detenida ayer por la Policía provincial, bajo el cargo de instigación a cometer delitos y tumultos. La detención, que no pudo llevarse efecto sino tras una orden emitida por el propio Gobernador de la Provincia, o al menos con su previo conocimiento, se concretó cerca del mediodía del sábado en el domicilio de Sala, ubicado en el barrio Cuyaya de la capital jujeña.
La detención de Sala por delitos aparentemente menores, contrasta con la reciente afirmación del gobernador Morales acerca de que la piquetera kirchnerista retiró recientemente de un banco de la ciudad una cantidad estimada en 29 millones de pesos en dinero efectivo.
El gobierno jujeño decidió hace unos día suspender la personería jurídica de la agrupación Tupac Amaru, que dirige Sala, y bajo cuyo paraguas la mujer se hacía con grandes sumas de dinero para realizar con él, supuestamente, obras de carácter social cuya efectiva realización ahora está en duda.
La detención de Sala no solo ha caldeado los ánimos en el «acampe» (como se denomina a la concentración permanente de simpatizantes de Tupac Amaru en el espacio público jujeno), convocado para protestar contra la decisión del gobernador Morales de exigir la confección de una nómina escrita de beneficiarios de las ayudas sociales gestionadas por la agrupación de Sala. También ha provocado un importante impacto internacional, ya que Sala es miembro del Parlasur.
Inmediatamente conocida la noticia de la detención de Salta, el que fue canciller del gobierno Kircher y actual parlamentario del Parlasur, Jorge Taiana, se dirigió a la Ministra de Relaciones Exteriores del gobierno nacional, señora Susana Malcorra, a quien requirió para que cesara la detención de Sala, invocando la inmunidad al arresto de los miembros de la asamblea internacional.
Como respuesta, la Cancillería argentina ha informado a Taiana que «no tiene injerencia en las cuestiones vinculadas a los delitos que se le imputan a la mencionada dirigente política».
En el mismo comunicado, el Palacio San Martín ha dicho que la situación procesal de Sala y su eventual desarrollo «es de incumbencia exclusiva de la justicia argentina».