Política y economía
"El Estado no garantiza el servicio de justicia en Salta. El fuero penal está colapsado. La seguridad está seriamente amenazada", afirmó el abogado Pedro García Castiella. El vicegobernador de la Provincia, Walter Wayar, admitió que "están fallando los controles y el sistema de seguridad".

Wayar dijo que el gobierno está preocupado porque los actos de violencia han rebasado los centros urbanos más poblados, en mucho de los cuales aumenta la presencia de bandas organizadas, y ahora están afectando a pequeñas localidades como Campo Quijano, situada a treinta kilómetros de la capital de Salta, y Cachi, localidad donde reside la familia del vicegobernador.

Esas críticas de Wayar tuvieron ayer un efecto inmediato en el gobierno provincial que dispuso el relevo del comisario Wilfredo Alejandro Ortuño, hasta ahora jefe de la subcomisaría de Quijano y también el traslado del personal policial que reside en esa localidad.

La escalada de violencia abrió un debate en el gobierno sobre la actual política en materia de seguridad. El secretario de Seguridad de la Provincia, reconoció que la mera visión policial es insuficiente para comprender en profundidad las causas de estos hechos. "No estamos frente a problemas estricamente policiales", admitió.

Desde el año 2002 el gobernador Romero insiste en colocar a Salta como un ejemplo en materia de seguridad. El contraste entre la inseguridad de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense ha sido uno de los datos que Romero utilizó con mayor énfasis para delimitarse de las políticas nacionales en la materia.

La presencia de bandas, la reiteración de robos, violaciones y asesinatos en Campo Quijano provocó la reacción de los vecinos que, el miércoles 25, protagonizaron una masiva marcha que no tiene precedentes en la historia de este pueblo.

Según el párroco Fernando Campero, a la pasividad policial, se suma la incapacidad de las autoridades municipales más preocupadas en preservar "la imagen" de este sitio turístico que en tomar medidas para erradicar la violencia.

Dos muertos en una comisaría

A esto se añade el saldo de una protesta de presos en la Comisaría 20 de Orán, a 286 kilómetros de la capital de Salta, donde murieron calcinados dos jóvenes de diecisiete años, allí detenidos. Martín Flores, padre de uno de los fallecidos, dijo que su hijo murió por inhalación de humo: "la policía no estaba en su lugar y los bomberos llegaron tarde".

Explicó que cuando comenzó el incendio, su hijo estaba durmiendo y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.

"Me quitaron un pedazo de mi vida. Esto no va a quedar así. Lucharé hasta las últimas consecuencias. Tienen que pagar los que debían estar allí y el Juez que le tenía que haberle dado la libertad hace días". Flores dijo que hasta ahora los familiares no recibieron ninguna explicación por parte de la Secretaría de Seguridad.

Celia Mendoza, madre de uno de los internados, reclamó que las autoridades responsables del hecho que se hagan cargo de la situación. "Mi hijo está en terapia intensiva y no me dan ninguna respuesta", dijo. Exigió la presencia del Secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, en el Hospital San Bernardo, donde se encuentran familiares de las víctimas.

La Secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, Inés del Carmen Daher, pidió informes sobre el incendio.

Malos tratos en la Alcaidía

Después de otra visita de inspección a la Alcaidía General de la Provincia, la diputada oficialista Nora Giménez admitió que se siguen produciendo abusos y malos tratos a los detenidos.

Reconoció que a esto se añade la lentitud con la que se tramitan y resuelven las causas penales. Detenidos en la Alcaidía y sus familiares de detenidos reclamaron el cese de los malos tratos a los presos, la ampliación del turno de visitas, reducido a quince minutos, un mayor contacto con los defensores oficiales y la agilización de los trámites judiciales.

En una visita de inspección, los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos solicitaron informes los responsables de ese organismo en el que se encuentran detenidas 240 personas, en su mayoría detenidas por causas federales, entre ellas 19 mujeres de un total de 22 detenidos de ese sector.

Periodista agredido

Otro episodio de violencia fue el que sufrió el periodista Moisés Koss, agredido ayer en el centro de la ciudad de Salta por un grupo de gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica de Tucumán. Al advertir que el periodista estaba denunciando una contravención del autobus donde estaban los gremialistas, éstos lo amenazaron, escupieron e insultaron a Koss. Forcejearon con su camarógrafo e intentaron impedir la filmación.

Koss dijo que hizo cuatro llamadas al servicio de emergencias 911, que llegó cuando los agresores se habían retirado del lugar, donde están instaladas cámaras de seguridad. "El gobierno gastó mucho dinero en estas cámaras, pero su utilidad es nula", dijo Koss.

Según Koss, este episodio demuestra que "el personal civil del 911 no está capacitado para atender una emergencia y decidir si tienen que intervenir los bomberos, la policía o a una ambulancia. Yo pedí policías pero nos enviaron una ambulancia".
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