Política y economía
Vendedores ambulantes, artesanos y remiseros que trabajan en el circuito informal protestaron por recientes medidas de gobierno que amenazan con dejarlos sin sus precarias fuentes de trabajo. En un nuevo intento para controlar la actividad económica informal de estos sectores, los gobiernos provincial y municipal anunciaron la adopción de drásticas medidas tendientes a erradicar la venta callejara en el casco céntrico de la ciudad de Salta y eliminar la presencia de miles de remises ilegales, cuya cantidad oscila entre los 3.500 y los 5.500 vehículos.

Los operativos policiales comenzarán el jueves 26 y abarcarán toda la provincia.

Los altos índices de pobreza en Salta van de la mano del creciente volumen de la economía sumergida.

En casi en todos los sectores, la economía informal tiene mayor peso que aquella que se ajusta a las normas legales. Según un reciente estudio del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las provincias del Noroeste argentino están a la cabeza de la economía informal. En ellas el 50,9% de los trabajadores está "en negro", dato que contrasta con las provincias de la Patagonia donde ese índice es del 24,6%

No se ve, pero existe

La economía informal o no registrada no se ve, pero existe y tiene mucha fuerza. Gran parte de las actividades económicas de Salta están invadidas por la economía sumergida. Trabajadores rurales y empleadas domésticas son los dos sectores con mayores niveles de informalidad: entre el 50% y, en algunos casos, hasta el 75%.

Según los empresarios inmobiliarios en Salta hay 60 inmobiliarias legales. La mitad de ellas está integrada a la cámara que las reúne. Las mismas fuentes aseguran que son más de 200 las inmobiliarias que funcionan en el circuito informal.

La diferencia es mayor en el caso de las fábricas de pan: frente a 150 registradas hay 350 que no lo están.

De acuerdo a fuentes sindicales, el 50% de los empleados de comercio trabaja en "negro". Por su parte, los comerciantes se defienden diciendo que también el 50% del comercio local forma parte de una economía sumergida que establece una competencia desleal que los perjudica.

Gran parte del parque automotor que transitan por sus caóticas y congestionadas calles, no están en condiciones de circular. "Mientras se redoblan los controles de los remises ilegales, poco se hace para reducir la altísima tasa de accidentes de tránsito, una de las más altas del país", se quejan las asociaciones de usuarios.

Vitalidad o enfermedad

Durante los siglos XVIII y XIX, Salta se jactó de parecerse a Lima, por su esplendor. Esa jactancia parece ahora haber cambiado aquel desgastado espejo, demasiado latinoamericano para el actual orgullo local. "La ciudad peruana ha dejado de ser el pequeño lugar familiar que todos conocían para transformarse en una populosa metrópoli impersonal, de barrios nuevos y desconocidos", escribe el economista liberal Hernando de Soto.

Aquella Salta "donde todos eran parientes" y donde sólo contaban las veinte manzanas del centro histórico ya no es la de entonces. Hoy con más de 200 barrios, en su mayoría pobres, y decenas de precarios asentamientos donde se apiña la indigencia, la ciudad ha cambiado no sólo de rostro sino también de piel y de huesos.

Como las ciudades latinoamericanas de la vecina Bolivia o del Perú, la Salta de hoy es un hervidero de vendedores ambulantes, transporte informal, barrios que crecen a la buena de Dios y viviendas que se multiplican como las familias que las ocupan y construyen esforzadamente.

Reprimir o incorporar

Según Hernando de Soto "en parte las instituciones legales están en crisis como resultado de la pérdida gradual de vigencia social frente a las incursiones de la informalidad en todos los ámbitos de la vida diaria". "Qué hacer con la ilegalidad?, se preguntaba hace veinte años cuando escribió "El otro sendero".

Al hablar en Nueva York en el Instituto por la Libertad y la Democracia en febrero de 2005, De Soto dijo que antes que reprimir, lo más efectivo es dar todas las posibilidades para que esos sectores informales se incorporen gradualmente a la economía formal. La represión de quienes se ven forzados a ganarse la vida en la economía sugemergida, los expulsará más lejos de las instituciones, los condenará a la marginalidad y esto sólo traerá más violencia, añadió.

El anuncio de que la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia se hará cargo de la erradicación de los remises ilegales o "truchos" provocó las primeras reacciones de los afectados. "La Municipalidad nos dio un plazo hasta el 30 de noviembre para obtener personería jurídica y adquirir coches cero kilómetro. Un mes antes de ese plazo, el gobierno reemplaza a la Dirección de Tránsito en las tareas de control y las pone en manos de la policía. De ese modo, se nos impedirá -incluso- prestar servicios en los barrios alejados del centro", dijo un vocero.

Dudas y temores

Mientras los funcionarios del gobierno provincial insisten en que estas medidas estaban previstas y sólo perjudicarán a 200 remiseros, los inspectores de la Dirección Municipal de Tránsito dicen que con esta medida se despoja al organismo de una sus funciones más importantes. "Ya conocemos el modo de proceder del gobierno. Lo hizo en otros organismos. Comienza recortando facultades y luego termina suprimiendo organismos. De nuevo están atrás los pícaros que van a hacer negocios", dicen los inspectores.

El intendente de la ciudad asegura que con este convenio la Dirección de Tránsito no perderá ninguna de sus funciones y atribuciones.

"Vamos a defender nuestras fuentes de trabajo. La calle es nuestra. Somos nosotros los que controlamos los ilegales", añaden los trabajadores agrupados en la Asociación de Remises y Choferes de la Preovincia de Salta.

El convenio que acaban de firmar la Autoridad Metropolitana de Transporte (MAT) y la Policía de Salta parece afectar tanto a los inspectores de la Dirección de Tránsito como a los remiseros ilegales, a quienes ellos deben perseguir. Frente a esta situación ni los inspectores pueden sentirse solidarios con los remiseros ni éstos con aquéllos.

Para los remiseros, dejar de trabajar supone privarlos de una fuente de trabajo con la que dan sustento a sus familias.

"Vamos a pelear hasta lograr que se nos escuche y se contemple nuestra situación", dijeron voceros de los remiseros durante una manifestación reprimida con disparos de gases lacrimógenos por la policía.

Venta callejera

A la protesta de los remiseros se añadieron los reclamos de los vendedores ambulantes y de los artesanos, que serán desalojados del casco céntrico. Según un representante de los vendedores no se produjeron avances en la reunión que mantuvieron anoche con funcionarios provinciales y municipales. "No nos satisfacen las propuestas que hace el gobierno. Dicen que nos permitirán vender en espacios públicos lejos del centro, pero no explican cuáles son esos espacios. Expulsarnos del centro es condenar a muerte nuestro trabajo".

Los vendedores ambulantes dicen que hace cuatro días no trabajan. "La comida diaria de nuestra familia depende de lo que ganamos en la calle". Por su parte, los artesanos que ocupan un sector de calle Alberdi explican que hace una semana no pueden instalar sus precarios puestos de venta, muchas veces una manta tendida sobre el suelo.

"La Municipalidad nos cobra impuestos y nos autoriza a vender después del cierre de las casas de comercio. Nosotros pagamos. No queremos planes ni queremos vivir del asistencialismo. Queremos seguir trabajando", dijo una artesana.

"Nos vamos a seguir manifestando contra este operativo de un gobierno que con prepotencia quiere limpiar el centro de la ciudad de trabajadores honestos", dijo la artesana.

Hoy están anunciadas manifestaciones de remiseros, vendedores callejeros y artesanos. Según fuentes del gobierno, la manifestación de ayer congregó a 150 remiseros que provocaron un "caos en el centro".
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