Política y gobierno
Voto electrónico en Francia
Voto electrónico en Francia
El sistema electoral, en sentido amplio, es el conjunto de componentes o variables de las reglas del juego, cuya interacción permanente ejerce un impacto fundamental sobre el conjunto del sistema político y el manejo del conflicto, al proporcionar, entre otras cosas, diferentes oportunidades de acceso al poder político, contribuir a la configuración del sistema de partidos y definir la amplitud de la representación.

En sentido más restringido, la expresión sistema electoral se emplea en ciencia política para referirse al proceso específico de conversión de votos en escaños; esto es, a la serie organizada de pasos que comienzan con la emisión del voto y finalizan con la adjudicación de los escaños en disputa.

Sin embargo, a partir de los estudios de Dieter NOHLEN, este sentido restringido se ha venido ampliando hasta incluir las cuestiones relacionadas con la administración electoral y con la legítima preocupación por la garantía de elecciones libres y los resultados electorales confiables.

A la hora de plantearse una reforma del sistema electoral, conviene distinguir este último concepto del de régimen electoral, ya que esta expresión hace referencia al conjunto de instituciones que intervienen en los procesos electorales y a las reglas formales que los disciplinan. La distinción es útil, ya que tradicionalmente el análisis del régimen electoral ha sido una materia propia de la ciencia jurídica, mientras que el análisis del sistema electoral es propio de la perspectiva de la ciencia política.

Entre nosotros, sin embargo, las cuestiones vinculadas a la administración electoral han tendido siempre a ser valoradas como de un impacto político menor. En esta valoración influye, sin dudas, el hecho de que la ciencia política haya optado por centrarse en el análisis del sistema electoral en sentido estricto y, en consecuencia, haya prestado mucha menos atención a las cuestiones relacionadas con la calidad del proceso electoral en si mismo.

Es ésta la principal razón que conduce a que todo un cúmulo de delicadísimas cuestiones relacionadas con la administración y la calidad del proceso electoral haya sido sustraído del debate político, en beneficio generalmente de decisiones administrativas -muchas veces enmascaradas como reformas menores o coyunturales- que, no obstante, impactan de forma decisiva en la confiabilidad de los resultados electorales y, por ende, en el corazón mismo del sistema político.

Escribe SARTORI en Ingeniería Constitucional Comparada: Una investigación de estructuras, incentivos y resultados (México, FCE, 1996) que el sistema electoral es uno de los instrumentos políticos más fáciles de manipular. Y si esta afirmación del escritor florentino fuese cierta, habría que concluir forzosamente en que aquellas cuestiones -a primera vista, menores- relacionadas con la administración electoral son aún mucho más fáciles de manipular políticamente.

El caso de Salta

Si bien la reforma electoral decidida ya por el gobierno de Salta, cuyo punto más saliente es la implantación del voto electrónico en la totalidad de mesas electorales de la Provincia, ha sido presentada como una reforma del "sistema" electoral, su alcance no permite hablar sino de una reforma del "régimen" electoral vigente, cuyo impacto sistémico (esto es, su influencia sobre los distintos elementos que interactúan en el sistema político) no ha sido, ni por asomo, valorado adecuadamente.

Tanto el gobierno, por razones de conveniencia, como la oposición, por razones de oportunidad, consideran al mecanismo de emisión del voto como un componente aislado del sistema, cuando la realidad indica que la intervención sobre este elemento tendrá un impacto directo sobre los restantes y sobre el resultado global de la operación de reforma. En otros términos, que el éxito de la reforma no solo dependerá aisladamente del éxito del voto electrónico sino del impacto agregado de la interacción de todos los componentes del sistema político.

Estamos de acuerdo en que no se trata aquí de la reforma de una de las dimensiones fundamentales del sistema electoral (como, por ejemplo, la muy necesaria reforma de la "fórmula" electoral), pero lo que parece muy claro es que el impacto político de la reforma no será producido únicamente por el cambio en aquella dimensión "adjetiva" sino por el efecto agregado del nuevo elemento reformado en su interacción con todos los demás que componen el sistema político.

De allí que el gobierno no pueda hurtar esta cuestión del debate político ni dejar librado el necesario consenso sobre la reforma propuesta a los contactos más o menos formales y esporádicos con los apoderados de los partidos políticos, porque estos, en el mejor de los casos y teniendo en cuenta los actuales niveles de afiliación, no representan sino a una parte minoritaria del electorado provincial.

Esta dimensión -aparentemente adjetiva- del sistema electoral requiere para su legitimación de una muy amplia participación popular y de una participación libre; es decir, de una consulta al electorado que no suponga el uso obligatorio previo de la herramienta en cuestión. Si los partidos políticos tienen mucho que decir sobre la reforma propuesta (algo sobre lo que no se duda), mucho más tienen que decir los ciudadanos. Por consiguiente, es deber tanto del gobierno como de la oposición consultarlos antes de tomar una decisión definitiva sobre esta reforma.

Es también deber de unos y de otros aceptar las críticas que les sean dirigidas a sus respectivas posturas, especialmente las críticas ciudadanas libres y fundamentadas, cualesquiera sean las formas en que tales objeciones son formuladas.

Sin dudas, la peor forma de llevar adelante una reforma de las características de la propuesta por el gobierno de Salta es plantear a los actores del sistema una actitud general marcada por el fuerte intervencionismo, la falta de diálogo y la crispación frente a la renuencia expresada por los electores, por los miembros de la oposición y por las demostraciones científicas.

Los interesados en esta reforma -que somos todos- necesitamos antes que nada que el gobierno demuestre, sin ambigüedades, que considera y valora al sistema de emisión de voto como algo más que un mero procedimiento administrativo, y, al mismo tiempo, que las instituciones fundamentales del Estado -como por ejemplo el Tribunal Electoral- no se comporten simplemente como agentes de marketing de una compañía privada sino que actúen impulsados por el imperativo republicano de tutela del interés general.

Breve conclusión

En apretada síntesis, que en la reforma electoral que ha propuesto el gobierno de Salta se encuentran comprometidas cuestiones que exceden con creces el ámbito de la transparencia de los comicios e impactan de forma muy directa en sobre algunos aspectos fundamentales de nuestro sistema de convivencia, como los diferentes mecanismos de inclusión y exclusión para la participación cívica y la representación parlamentaria y la naturaleza, cooperativa o conflictiva, de la competición política.
eXTReMe Tracker