Política y gobierno
El voto electrónico
El voto electrónico
A pesar de que, entre nosotros, la simplificación de las categorías ideológicas siempre ha precedido a las persecuciones y a las supresiones físicas de opositores y disidentes, creo firmemente en la necesidad de una taxonomía política cada vez más precisa, que nos ayude a orientarnos en el complejo entramado del poder y que nos sirva para comprender mejor las especies ideológicas.

Dicho esto, diré también que el propósito de estas líneas es el de denunciar la endeblez intelectual, política y moral de aquel diputado provincial multioficialista de Salta que recientemente ha etiquetado de "conservadores" a quienes se oponen al sospechoso proyecto gubernamental de voto electrónico. Intentaré poner en evidencia en este breve escrito hasta qué punto el empleo superficial de las categorías ideológicas, y la atribución más o menos arbitraria de determinadas etiquetas políticas, puede volverse rápidamente en contra de quien las esgrime como argumento descalificador y como arma para dañar reputaciones ajenas.

De acuerdo con sus tuits, el diputado en cuestión se autodefine como "progresista"; lo cual no está mal, pero estaría mucho mejor si su idea del progreso social fuese un poco más allá de la caricaturización de la política, el denuesto o la eliminación del antagonista ideológico.

A esta clase de progresistas habría que recordarles que "progresismo" es un término ideológico acuñado durante la Revolución Francesa, cuya consolidación como categoría política no se producirá sino con el auge de los movimientos sociales en los Estados Unidos de comienzos del siglo XIX.

Ambos antecedentes históricos tienden a identificar al progresismo con la lucha por las libertades individuales; esto es, con el liberalismo como doctrina política que promueve la tolerancia y las libertades civiles y que se opone a cualquier forma de despotismo.

Es evidente que si el joven diputado de marras supiera o llegara a imaginar que progresismo y liberalismo son -al menos desde una perspectiva histórica- dos caras de una misma moneda, se llevaría las manos a la cabeza o seguramente haría el intento de borrar la mayor parte de sus tuits.

Pero, aunque admitiera la etiqueta de progresista, no estaría demás recordarle que el progresismo actual -más vinculado a la "nueva izquierda" y al socialismo democrático no marxista que al populismo nacionalista- defiende causas tan trascendentes como el aborto, la libertad sexual, la diversidad, el laicismo, las sociedades multiétnicas, el ecologismo, el regionalismo o el Estado del Bienestar. Es decir, prácticamente todo lo contrario a lo que defiende el gobierno del señor Urtubey, al que el diputado en cuestión apoya sin reservas.

Un gobierno conservador

La de conservador es otra categoría forjada en los moldes de la Revolución Francesa. Inventada por Chateaubriand y llevada al plano filosófico por Edmund Burke, sirve para etiquetar a aquellos individuos que promueven la continuidad de las instituciones tradicionales y que apoyan, excepcionalmente, un mínimo y gradual cambio social. No es útil, por tanto, para etiquetar a quienes se oponen sistemáticamente a cualquier cambio.

Desde este punto de vista, y con las precauciones del caso, se podría decir que nuestro joven diputado apoya a un gobierno que, bajo la máscara del progresismo, sustenta opiniones cerradamente conservadoras.

Baste poner como ejemplo la defensa que el gobierno de Urtubey ha hecho y sigue haciendo de la "tradición popular" para justificar las prácticas religiosas compulsivas en las escuelas públicas de Salta, cuya erradicación postulan los sectores auténticamente progresistas (y liberales) de la sociedad salteña. Todo ello, claro está, sin mencionar la postura del mismo gobierno sobre los abortos no punibles, o la temeraria opinión Gobernador acerca de que la violencia machista forma parte de nuestro "acervo cultural".

Dicho en otras palabras, es el señor Juan Manuel Urtubey (jefe del mencionado diputado) el que defiende la existencia en Salta de "un núcleo duro de valores" y no quienes se oponen al voto electrónico.

Solo es conservador aquel que, convencido del valor de la tradición, procura conservar aquello que considera indisociable de un conjunto más amplio de valores que subsisten a través de todos los cambios y, en parte también, gracias a esos mismos cambios. No es, por tanto, conservador quien se opone a cualquier transformación, sino quien piensa que una transformación determinada ataca aquel conjunto de valores.

Por consiguiente, si llamamos "conservador" a quien se opone a la introducción del voto electrónico, estamos diciendo al mismo tiempo que el sistema de voto con papel, urna y recuento manual forma parte de un núcleo duro de valores, inmodificable y perenne.

Nada más alejado de realidad, por supuesto. Porque quienes denuncian que el gobierno de Salta se apresta a dar un salto mortal con su experimento de voto electrónico no defienden ninguna tradición. Ni siquiera defienden el sistema de voto vigente, al que consideran perfectible: Defienden la libertad y, por ende, el progreso social.

Para que quede más claro aún: El gobierno de Urtubey (y su diputado tuitero) presentan al voto electrónico como una herramienta de cambio político, pero al mismo tiempo resisten con una fiereza digna del conservador más enconado la posibilidad de introducir cualquier cambio en un sistema electoral injusto, que ampara las impresentables mayorías búlgaras del partido gobernante en las asambleas representativas e instrumentaliza a las minorías. ¿No es esto un contrasentido?

El progresismo que nos proponen Urtubey y su diputado promueve en realidad el cambio para que nada cambie, para que todo siga igual, para consolidar los privilegios de una casta, no para eliminarlos.

Un claro retroceso

Quienes a pesar de la evidencia se han encastillado en la defensa de este sistema (que más que un gigantesco progreso es un gigantesco negocio) pretenden retrotraer el ejercicio de las libertades públicas a un estadio anterior a la vigencia del voto secreto, universal y obligatorio. Su intención, como ha quedado de manifiesto, no es otra que la de dejar en manos de unos pocos elegidos las claves de interpretación del mecanismo de recuento de los sufragios. En su peculiar lógica, el voto seguirá siendo universal, y razón no les falta, pues votar, votaremos todos, pero no todos estaremos -como lo estamos ahora- en disposición de contar los votos que emitamos, ya que de esta tarea se encargará esa minoría selecta, estratégicamente entrenada para manejar la "caja negra" de los nuevos terminales de votación.

El voto electrónico -qué duda cabe- es una herramienta muy valiosa para mejorar y enriquecer la democracia, para estimular la participación y para dar nuevos aires al procedimiento electoral; pero no lo es el voto electrónico que apadrina Urtubey y el que defienden con sospechosa y vergonzosa parcialidad el juez Posadas, el ministro Loutaif y la secretaria Ovejero.

Es evidente que defender este experimento de retroceso democrático no es posible desde posiciones auténticamente progresistas y que quienes se empeñan en instaurarlo ni siquiera merecen la etiqueta de conservadores, sino -más propiamente- la de reaccionarios.

Porque es bueno recordar que un reaccionario no solo es aquel que prefiere deshacer lo bien hecho en favor de la restauración de un orden o un régimen anterior (en este caso, en favor del regreso a un momento claramente predemocrático) sino también quien abjura de las conquistas de la libertad y que, no obstante ello, reclama para sí el monopolio de la verdad en materia de libertades públicas.

Uniendo todas estas piezas, y a modo de conclusión, se puede decir sin temor a equivocarse que nuestro joven diputado y ardoroso defensor del voto electrónico no solo no es progresista en el sentido más prístino de la expresión, sino que es un reaccionario furibundo y visceral, disimulado si acaso en un gobierno que ha hecho una clara profesión de fe derechista y conservadora.
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