Política y gobierno
Junta militar argentina
Junta militar argentina
La última dictadura militar argentina concluyó formalmente el 10 de diciembre de 1983, cuando el entonces presidente de facto Reynaldo Bignone impuso los atributos del mando a Raúl Alfonsín, vencedor de las elecciones celebradas en octubre de aquel año.

Pero aquella dictadura, agotada y vencida, había finalizado su aventura en realidad muchos meses antes, el 14 de junio de 1982, cuando el militar Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición de las tropas argentinas en las Islas Malvinas y selló con este gesto trágico el ocaso definitivo de una experiencia autoritaria que ensombreció la vida de los argentinos durante más de seis años.

Desde entonces, los militares no han vuelto a ejercer el gobierno en la Argentina y su influencia como grupo de presión ha ido decayendo progresivamente, al compás del acelerado declive institucional y operativo de las Fuerzas Armadas.

A nadie escapa que las ideologías y los métodos que durante décadas pusieron en práctica los militares argentinos, muy lejos de desaparecer, se reciclaron en la democracia y encontraron cobijo en los mecanismos constitucionales. Hasta el punto de que se puede decir que la ausencia de golpes de Estado en la Argentina a lo largo de los últimos treinta años no se debe tanto a la «vocación democrática» de los principales actores de la política nacional, ni a la consolidación del proceso de normalización institucional iniciado en 1983, cuanto a la enorme cantidad de oportunidades que nuestro actual sistema político ofrece a los enemigos de la libertad y a los partidarios del autoritarismo para llevar a cabo sus designios, sin tener que recurrir para ello a las armas.

Quienes tienen hoy menos de 35 años apenas recuerdan cómo gobernaban los militares de entonces. Solo pueden imaginárselo, y no sin esfuerzo, ya que entre todos los argentinos nos las hemos ingeniado para guardar mejor memoria de los aspectos más siniestros y grandilocuentes de la dictadura que de los numerosos desaciertos que aquellos uniformados cometieron en la selección de los objetivos del gobierno y la administración del país.

Desde 1982 el mundo ha experimentado transformaciones muy profundas que nos impiden saber, con razonable aproximación, cuál sería la forma y el modo con que los militares argentinos ejercerían hoy el gobierno, si tuvieran otra vez la posibilidad de consumar un golpe de Estado.

La primera y quizá la más importante de aquellas transformaciones está relacionada con la caída del bloque comunista (1989-1991) y con el consecuente proceso de expansión espacial de la democracia, cuyo empuje, muchas veces desigual, arrinconó a las dictaduras militares hasta prácticamente hacerlas desaparecer o las sumió, en muchos casos, en un descrédito profundo.

Por tanto, es razonable pensar que los militares (o, lo que es lo mismo, los civiles autoritarios y liberticidas que siempre los acompañaron en sus aventuras) no se animarían hoy a asaltar el poder sacando los tanques a la calle, como en décadas pretéritas, sino que lo harían -¡vaya paradoja!- ganando unas elecciones «libres».

Si repasamos muy superficialmente los impulsos ideológicos y las motivaciones que condujeron a las repetidas rupturas del orden constitucional en la Argentina, comprobaremos con facilidad que los militares (y sus aliados civiles) no defendieron un interés único ni sustentaron visiones ideológicas siempre coherentes.

Desde el fascismo primitivo del general José Félix Uriburu en 1930, no del todo comparable con el impulso militarista y nacional de los oficiales del GOU, protagonistas excluyentes en 1943, hasta el manual de la doctrina de la 'seguridad nacional', al que los asesinos de 1976 convirtieron en su particular Biblia, pasando por el nacionalismo ultracatólico de los militares que derrocaron al gobierno legal en 1955, por el anticomunismo occidentalista de los uniformados que gobernaron hasta 1958, o por el corporativismo desarrollista de quienes dieron el golpe en 1966, los sucesivos experimentos autoritarios tuvieron en realidad pocas cosas en común.

Todas estas «corrientes de pensamiento y acción» -por llamarlas de alguna manera- no desaparecieron de la política argentina tras el final de la Guerra Fría; ni con la retirada de los militares de la primera línea, ni con el forzado pase a retiro de los golpes de Estado.

Al contrario, aquellas tendencias autoritarias y liberticidas han encontrado un lugar bajo el sol de nuestra «democracia» y anidado en cierta clase política que, cual inagotable cantera, viene produciendo con regularidad desde hace tres décadas a los legítimos sucesores de los militares de antaño.

Entre estos, los hay quienes no se han preocupado nunca por ocultar sus vínculos más explícitos con la dictadura y que han conseguido ocupar importantes cargos electivos, a pesar de su pasado. Pero lo más llamativo del caso argentino no son aquellas figuras prominentes de la dictadura, aparentemente «recicladas» para la democracia, sino los innumerables ejemplos de políticos jóvenes (algunos nacidos con posterioridad a 1970) que, convenientemente disfrazados, encarnan hoy (sin que al parecer sus electores se den cuenta) los valores y los anhelos de los militares autoritarios de antaño.

Si el golpe ocurriera hoy

Si los generales tomasen hoy el poder en la Argentina, lo primero que harían probablemente sería desconectar a la Argentina del mundo y poner en práctica las recetas políticas de «cohesión interna» más conocidas: el populismo peronista, o las distintas variantes del nacionalismo xenófobo (socialismo criollo, nacionalcatolicismo, socialcristianismo nacional, conservadurismo popular, etc.).

Hay que recordar que, desde 1945 en adelante, muchos militares profundamente antiperonistas aspiraron a reeditar movimientos nacionales y populares al estilo del que lideró Perón. Muchos eran solo antiperonistas porque rechazaban a Perón, pero no porque no estuviesen de acuerdo con sus ideas.

Si se produjera hoy un golpe militar en la Argentina, aun sin sacar los tanques a las calles, los militares probablemente se verían obligados a controlar la economía con la policía; unos perros amaestrados y rabiosos pondrían un cepo a los precios, a los salarios, a las importaciones, al cambio de moneda y al libre comercio, mientras que otros perros igualmente amaestrados, aunque menos rabiosos, se asegurarían de que nadie entrara o saliera del país llevando consigo divisas. Alguien, incluso, se animaría a pronunciar nuevamente aquella famosa frase de «el que apuesta al dólar, pierde».

Sin necesidad de mandar a suboficiales armados con fusiles a las emisoras de radio y de televisión, instaurarían un férreo control sobre las comunicaciones, restringirían el acceso a Internet por parte de los ciudadanos y borrarían de un plumazo cualquier atisbo de pluralidad informativa y de libertad de expresión.

Sin torturar ni hacer desaparecer a nadie, acabarían con el disenso interno mediante persecuciones sutiles (o menos sutiles), basadas principalmente en la delación y en el terror económico. Sin necesidad de enviar interventores uniformados a las escuelas y colegios, se aliarían con los sectores más reaccionarios de la Iglesia para impartir educación sexual con programas diseñados por sus sectas más influyentes.

Los militares autoritarios y liberticidas ya no se animarían a esconder las urnas en un sótano como lo hacían antaño, sino que, al contrario, les harían ver la luz con mucha frecuencia. Y hasta animarían a los ciudadanos a votar y a votar cada vez más. Se inventarían las internas abiertas obligatorias y simultáneas, y propondrían ingeniosos amaños electrónicos para manipular los resultados electorales y alcanzar así su viejo anhelo de destruir a unos partidos políticos que ya no necesitan de un liquidador militar o de una «veda» rigurosa para hundirse en el descrédito.

Sin necesidad de movilizar a las tropas, promoverían hoy el odio y el enfrentamiento entre los argentinos. Señalarían, como antaño, a un enemigo y apuntarían contra él hasta acorralarlo, borrarlo del mapa o forzarlo al destierro. Sin necesidad de escenificar bravatas o de lanzar agresiones armadas a países vecinos lograrían el tan acariciado sueño de perpetuarse en el poder.

Sin prisas, pero sin pausa, se pondrían a buscar un enemigo externo invisible al que probablemente identificarían con la «sinarquía», el «marxismo internacional» o el «neoliberalismo» y harían de este demonio el responsable de todos nuestros males, presentes, pasados y futuros.

Designarían cancilleres inútiles y mantendrían a diplomáticos ineficientes, incapaces de aconsejar al general en jefe que no intente lucirse en determinados foros académicos internacionales, porque lo más probable es que su figura, de por sí, genere rechazo y no aprobación.

Mandarían a apalear a obreros y a estudiantes bajo el pretexto del orden público o las buenas costumbres e intervendrían en el mundo sindical repartiendo prebendas en forma de personerías gremiales. Sin apelar al oficio de pundonorosos coroneles censores, intervendrían activamente en la cultura, fomentando lo «nacional y popular» con la misma vehemencia con que combatirían la disgregadora influencia de «lo foráneo».

Intentarían convencernos, un día sí y otro también, de que vivimos en un país excelso en donde se cultivan «valores» con la misma eficacia con que en nuestros campos crecen el trigo, la soja o el maíz; en un país cuya moneda vale más que el dólar y en donde los estudiantes están mejor preparados que los que acuden a las mejores universidades del mundo. Seguramente no caerían en el error de decirnos cosas como que «los argentinos somos derechos y humanos» o que «los desaparecidos son en realidad una entelequia, porque, como su propio nombre indica, no están, no existen». Pero casi no desaprovecharían ocasión para grabar en nuestros cerebros determinadas consignas autolaudatorias, con el mismo énfasis, los mismos medios, y la misma finalidad que antaño.

Tampoco intentarían justificar sus acciones apelando a los objetivos de la regeneración moral de la sociedad, el rescate de la patria o la defensa de un estilo de vida, porque, con más astucia, hoy nos hablarían de «inclusión», «de redistribución de la riqueza» y de «profundización del modelo», frases vacías convertidas en metas finales e inmodificables de su triunfante ideología.

Y todo ello sin vestir uniformes, sin abrogar la Constitución, sin clausurar el Congreso Nacional ni las legislaturas provinciales; sin prohibir a los partidos políticos, sin deliberar en los cuarteles, sin conspirar en las sacristías, sin conscripciones ni levas obligatorias.

Los enemigos de la libertad, de la justicia, de la democracia y de la igualdad no necesitan ya ser militares, ni para dar golpes de Estado ni para instaurar dictaduras liberticidas. Ya no visten uniformes ni emplean la fuerza de las armas para concretar sus designios.

Lo que casi todos llamamos, muy generosamente, «democracia» les ha proporcionado, tal vez sin querer, todos los recursos que necesitaban para sojuzgar a los ciudadanos, como siempre han querido.
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