Política y gobierno
Zapatero y Morales
Zapatero y Morales
Por alguna razón que no se alcanza a comprender bien, mientras que para el gobierno español del presidente Zapatero, el denominado "sector energético nacional" es considerado como estratégico de la economía, para la mayoría de la opinión pública española, incluida probablemente la gubernamental, la nacionalización de los hidrocarburos proclamada por el presidente Evo Morales es una medida arbitraria, confiscatoria y tercermundista.

Los españoles apoyan a su gobierno cuando decide, de modo sorpresivo, blindar su mercado energético para impedir que la empresa alemana E.ON se haga con el control de la nacional ENDESA, en contra de lo que le manda la Unión Europea, pero le apoyan también cuando desde las más altas instancias gubernamentales (y de la oposición) se censura al presidente boliviano por pretender blindar la energía propia y por considerar igualmente estratégicos a sus propios recursos naturales.

Desde luego, la reacción de la diplomacia española se ha cuidado mucho de negar a Bolivia el derecho a adoptar decisiones soberanas o sus facultades para diseñar y mantener una estrategia energética. Es por ello que ha preferido echar mano del viejo expediente de la "inseguridad jurídica" para poner en entredicho la legitimidad de la decisión boliviana.

Llama la atención, sin duda, que el principio de la "seguridad jurídica", que en España tiene una sólida base constitucional (Art. 9.3 C.E) haya sido invocado en este caso con tan poca fortuna por parte del gobierno. Y no sólo por su muy reciente decisión de frenar mediante una norma excepcional la OPA de E.ON sobre ENDESA que prácticamente coloca a España de espaldas al Derecho Comunitario. Otros sucesos, como el también reciente escándalo Afinsa-Fórum Filatélico (una presunta estafa a pequeños ahorradores con activos financieros que no eran tales), dejan muy mal parada a la "seguridad jurídica" hispana.

Todo ello, sin contar con que el propio Tribunal Constitucional español considera, desde hace mucho tiempo, que la seguridad jurídica tiene en el derecho interno un valor relativo (en cualquier caso supeditado al más valioso principio de legalidad) y que no ampara la necesidad de preservar indefinidamente el régimen jurídico que se establece en un momento histórico dado en relación con derechos o situaciones determinadas.

Un país como España, cuyo crecimiento y dinamismo se explica muchas veces por su "inflación normativa" y por la movilidad de su ordenamiento jurídico, que afectan no sólo al Estado central sino a los agentes políticos locales y autonómicos, difícilmente pueda cuestionar que otro país soberano decida hacer determinados cambios en su legislación. Sobre todo cuando son los propios jueces y tribunales españoles los que sostienen, con fundamentos sobradamente lógicos, que las ideas de progreso, de mejoramiento social y de solidaridad son las que justifican los cambios jurídicos y las que constituyen un límite claro a la inmutabilidad del Derecho.
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