Historia y tradición
Joaquín V. González
Joaquín V. González
Pocas leyes como ésta pueden acreditar tanta continuidad en nuestra historia. Contradiciendo la arraigada tendencia a despreciar la ley, pocas están en condiciones de exhibir tan alto y extendido acatamiento. La que mencionamos, no fue sancionada jamás por ningún parlamento. Cuando comenzó a regir no había poder legislativo republicano para debatirla. En el futuro, tampoco habrá poder político que, por sí solo, sea capaz de derogarla. Aunque su texto nunca fue escrito y no reconoce autorías personales, admite tantas versiones como paternidades.

Esa antigua norma es la Ley del odio o de las discordias internas. Bajo su imperio transcurrieron gran parte de los primeros cien años de la Argentina independiente. En 1910, desentonando con la euforia del Centenario, Joaquín V. González se atrevió a enunciarla y denunciarla como una hidra feroz que "inspira la ferocidad y el odio de las conciencias más rectas, y asimilándose a la propia sangre, preside, asiste y satura todos los movimientos de la vida, en la guerra, en la paz, en las luchas civiles, en las tentativas orgánicas, en los graves conflictos exteriores".

Sus raíces son profundas: se hunden en los violentos tiempos de la conquista y en los del enclaustramiento de la administración colonial. También son lejanas: fueron quizás la más pesada carga del equipaje de ambiciosos conquistadores españoles, poseídos por un desmesurado "furor de mando". Es en ese último e íntimo recinto donde nace y crece esa hidra feroz que se empeñó en fracturar la Argentina en dos, retrasando un siglo la organización institucional y el crecimiento económico y cultural del país.

González comprendió que ese "rasgo morboso" del odio y esa "funesta enfermedad" de la discordia interna y de los recurrentes enconos recíprocos, no eran patrimonio exclusivo del pasado argentino sino que constituían uno de los rasgos más remotos y más marcados de América latina. También advirtió, quizás exagerando, que "acaso en ninguno de sus pueblos echó raíces más hondas que en el pueblo argentino".

Para imponer esa Ley y para encontrar una definición homogénea de identidad, era necesario quebrar la Argentina en dos, delimitándola como un damero en blanco y negro. A una se le adjudicó la condición de nacional. A otra, contrapuesta y antagónica, se le atribuyó el de antinacional. La construcción del país debía ser el corolario, no de la convivencia, sino de la destrucción de una de esas dos Argentinas.

Esa Ley no sólo había presidido sino que, en 1910, presidía aún la vida política del país, aunque en su primer Centenario la Argentina podía sentirse orgullosa de los avances logrados en las tres décadas anteriores y era aún más prometedor el horizonte de sus expectativas.

González utilizó la palabra ley para reforzar su argumento pues ella estaba aún investida del prestigio del que la dotaron las ciencias, de la que la tomaron prestadas algunos historiadores empeñados en hacer inteligible el pasado enunciando leyes históricas.

Al bosquejar y arremeter contra esa tendencia, González no perdió de vista que ese mal nos excedía y traspasaba los límites geográficos y el escenario histórico latinoamericano. La proximidad con ambos no le hizo olvidar que aquella semilla del odio, y el tirano como uno de sus frutos, era "tan antiguos como la humanidad misma" pero que, entre nosotros y bajo distintas máscaras, reaparece casi intacto una y otra vez.

Esa pretensión era excesiva. El autor de Mis montañas lo sabía y, por eso mismo, atenuó el énfasis de ese término reemplazándolo por otros menos ambiciosos como constantes, tendencias, principios regulares o rasgos dominantes o condicionantes, extraídos de la desordenada y fragmentaria colección de acontecimientos y de la sistematización de las ideas expuestas por los escritores de la época.

Con ese mismo ánimo, González prefirió despojar a su trabajo del tono de certeza, atribuyéndole a esa Ley carácter de hipótesis, e incluyendo a su esfuerzo dentro del género de ensayo crítico, de comprensión e interpretación antes que de historia juzgadora, aunque sí con pretensiones ejemplarizadoras.

Escrito cuando su autor tenía 47 años, a pedido del diario "La Nación" y publicado el 25 de mayo de 1910, "El juicio del siglo" se presentó como una síntesis reflexiva y "desapasionada" y un inventario crítico de los primeros cien años de la vida del país, distante de las historias partidistas.

No se trataba de incurrir en prejuicios ni en "la vanidad regresiva" de los nacionalismos extremos. Tampoco de alimentar la "vanagloria pueril", ni de "entonar un canto a la grandeza ni a la gloria militar". No se proponía ocultar los errores, defectos y fallas en que había incurrido la sociedad argentina durante aquel turbulento primer período. Su interés era elevar un monumento distinto: el que se asentara "sobre la verdad y la ciencia".

Esa Ley era una herencia y una recreación. Los conquistadores españoles la transportaron a América en sus baúles. Las dos Argentinas irreconciliables e irreductibles habrían sido un retoño de aquella teoría de las dos Españas, hechura y sustituto de la Inquisición, cuya larga sombra se proyectó a la España de las primeras décadas del siglo XX culminando en 1936 en la Guerra Civil. En un chiste de Mingote, dos españoles discuten a los gritos sin escucharse mutuamente; de la boca de cada uno sale la misma exclamación: "¿Dos Españas? Sólo hay una: ¡la mía!".

Esa ceguera intelectual, descripta por Menéndez Pidal, no es capaz de ver el valor de los otros, degenera en envidia y, transformada en odio, suele impregnar al campo político. Años después, otro historiador español resumirá ese drama de recíprocas negaciones: "Media España se ha pasado dos siglos barriendo la huella de los pasos de la otra media".

En Meditaciones del Quijote, Ortega y Gasset ensayó una explicación: "Yo sospecho que, merced a causas desconocidas, la morada íntima de los españoles fue tomada tiempo hace por el odio, que permanece allí artillado, moviendo guerra al mundo. Ahora bien: el odio es un afecto que conduce a la aniquilación de los valores. Cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero resorte de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro espíritu".

En tiempo más corto, aunque con parecido talante, los argentinos del siglo XIX siguieron ese mismo derrotero. En 1810, cuando todavía el país era un embrión y antes de que ningún poder pudiera adjudicarse tal condición y ninguna facción pudiera hacer pie, la Ley de la discordia entró en el escenario donde se desplegó el trágico final de Mariano Moreno y el de Cornelio Saavedra, "cuya memoria fue flagelada sin piedad".

El final de ambos, "mató en germen los dos términos vivientes de la ecuación política argentina, destinados a compenetrarse y a consolidarse para constituir el gobierno estable del futuro, y postergó por medio siglo de retardos, regresiones y desvíos, la hora tan anhelada de la organización nacional", afirmó Joaquín V. González.

Rivadavia marcha al exilio y muere en el olvido y el destierro. San Martín se aleja de Buenos Aires "con infames e irreparables imputaciones", muchas de ellas salidas del círculo rivadaviano. Con el fusilamiento de Dorrego se consuma un "crimen funesto para la Nación" que "ahondó en más profundos surcos el encono y el odio recíproco de las facciones". Como las clásicas, nuestra historia, "los primeros muros se humedecieron con la sangre fraterna". Ese hilo de sangre comenzó a atravesarla.

El cortejo fúnebre se completa con Francisco Ramírez cuya cabeza fue "resguardada con sal y envuelta en un cuero de oveja"; con Urquiza víctima de los "viejos odios locales no extinguidos"; con el Chacho Peñaloza, asesinato "cruel e inútil" de "un hombre rendido e indefenso", y con el crimen de Benavides, Virasoro y Aberastain, tres gobernadores sanjuaninos "alevosamente sacrificados" de la mano del Caín criollo.

En el pasado argentino pesa la sombra espectral del traidor, del disidente. Muchos de los papeles oficiales argentinos del siglo XIX están cruzados por esa infamante palabra que, dice González, los dictadores arrojan sobre el rostro de sus adversarios por el solo delito de desconocer "su imperio personal (...) pues el carácter más genuino de la tiranía es la confusión entre la persona moral del Estado con la particular y privada del hombre que ha usurpado y reunido en una sola mano todos sus poderes".

Esa Ley de la discordia fue una preocupación constante de Joaquín V. González. En sus últimos años siguió reflexionando sobre ella. Al repasar la historia argentina "la tara ancestral del odio se me apareció en su terrible desnudez y violencia", escribió. Comprendió que esa Ley no puede ser derogada por un mero acto de voluntarismo o de autoridad.

Sólo se podrá hacerlo teniendo conciencia de sus efectos letales y a través de un riguroso aprendizaje de la tolerancia. Tal vez sea éste el más efectivo modo de derogar esa Ley de la discordia que revalidó crudamente su vigencia en los años de 1970 y que ahora, en vísperas de su Bicentenario, la Argentina deberá archivar para siempre.

Este artículo ha sido publicado originalmente como editorial de la Revista Todo es Historia, en su edición de abril de 2005.
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