Historia y tradición
Indalecio Gómez
Indalecio Gómez
Más allá de fortuitas coincidencias de calendario, los actuales problemas políticos de la Argentina presentan ciertas semejanzas con los de finales del siglo XIX y principios del XX. Si aquel paso de un siglo a otro coincidió con el agotamiento de un modelo político marcado por las guerras civiles, el tránsito actual de una centuria a otra coincide con una crisis de representación y credibilidad políticas no menos grave, y con un drástico e imprevisto giro dentro del escenario internacional.

Las dificultades e incertidumbres de entonces reaparecen hoy multiplicadas. Los diagnósticos, pronósticos y certezas que se elaboraron para que pudiéramos ingresar con paso más seguro en el nuevo siglo, presentan profundas grietas; cuando no, se han derrumbado prematuramente. Las visiones prospectivas sobre el siglo XXI elaboradas a partir de 1950, parecen destinadas a engrosar el género de la literatura utópica o a enriquecer la literatura fantástica.

El pasado irrumpe con fuerza brutal conmoviendo el optimismo de la última década del siglo XX. Apelando a la violencia terrorista, esos restos del pasado acaban de manifestar, en los recientes atentados en los Estados Unidos, que no están dispuestos a abandonar la escena de un presente al que parecen reprochar el haberle subestimado y olvidado. La Historia, como proveedora de experiencia y de sentido ha sido, otra vez, fuertemente recusada.

Todo ello, lejos de abolir la Historia como instrumento necesario para afrontar nuestra navegación por aguas tan borrascosas, impone una lectura más atenta, más respetuosa y más profunda de ella. En este actual paso por el Cabo de las Tormentas, puede resultar prudente, y también útil, releer el cuaderno de bitácora de aquellos que, como Indalecio Gómez, advirtieron y sortearon parecidos peligros hace más de un siglo.

No es rasgo de estadista agotar la preocupación por las dificultades en la mera protesta activa o pasiva, pero siempre huérfana de propuestas y malhumorada: “Los sabios no se sientan para lamentarse, sino que se lanzan alegremente a la tarea de reparar el mal” (Shakespeare). Tampoco lo es pretender superar esas dificultades dando una irreversible vuelta de página capaz de provocar una profunda ruptura con el pasado mediante la recurrente coartada de huir hacia adelante.

Lo que sí es inherente a la condición de estadista es empeñarse en forjar una resistente bisagra que permita articular problemas pendientes del pasado con soluciones dictadas por el presente. Este es el primer modo en que se expresa una disposición más amplia a la conciliación y a la búsqueda de síntesis abarcadoras e integradoras.

Indalecio Gómez no se limitó a asistir en calidad de testigo a esa transición desde la “República posible” a la “República verdadera”: se ubicó como uno de sus protagonistas más activos y más lúcidos. Gómez advirtió la necesidad de no imaginar el futuro de la Argentina como la mera repetición, levemente corregida, de ese pasado surcado por “la revolución consuetudinaria”.

Pero también que, precisamente para que ello no ocurriera, ese futuro no debía imaginarse como prolongación de las sucesivas rupturas traumáticas del siglo que acababa de concluir, sino como reforma gradual, “evolución pacífica” y transición política sin armas y sin violencia. “Pasó el tiempo de los Alejandros (...) La política no es la violencia; la política no es el arrebato”, explicó.

Gómez advirtió que nos faltaba mucho aún para “destruir el caudillaje y el espíritu de facción”. Pensaba que la paz entre las jóvenes naciones hispano americanas era una condición necesaria no sólo para su progreso sino para su orden y su organización. “Sud-América escapa a la condición del mundo antiguo. Luego su ley es la paz”, anotó en 1895.

La primera tarea que debía encarar esa empresa de regeneración política consistía en desterrar la violencia de sus prácticas y en instalar el imperio de la ley, allí donde hasta entonces se habían enseñoreado la fuerza sin sujeción a ley alguna, el espíritu faccioso y la arbitrariedad. “La fuerza de la espada cede paso al imperio de la ley. A medida que se afianza la estructura del Estado toma conciencia de sí misma la vida republicana”, añadió.

Lejos de abrir el camino a ninguna revolución, esa sucesión de permanentes alzamientos, motines, revueltas y entreveros, fue el mejor reaseguro para el inmovilismo, la prepotencia del caciquismo y el atraso. Aquella enfermedad endémica de las “revoluciones” no afectó el “statu quo”. Al cerrar el paso a la posibilidad de reformas graduales garantizó su larga permanencia.

“Las revoluciones no aseguran la libertad. La libertad no es planta que se arraiga súbitamente, ni por la violencia, sino por el ejercicio enérgico pero tranquilo de la actividad del ciudadano, con sujeción a la ley”, sostuvo. “La renovación de la autoridad es asunto de comicios, no de campamentos; donde la transmisión del poder se hace por la fuerza de las armas, en ese país no se ve el imperio de la Constitución”, remarcó.

Para Gómez, los gobiernos no debían brotar de la punta de las lanzas ni de la boca de los fusiles. Pero tampoco los gobernantes y las autoridades electivas debían surgir de los designios del gobierno de turno erigido en “gran elector”. Era necesario que ese derecho a elegir pasara de manos de la maquinaria gubernamental y el “unicato” personalista, a los ciudadanos.

El ejercicio de los derechos políticos implicaba avanzar previa y simultáneamente en la ampliación del número de personas con capacidad de leer y escribir mediante la propagación de la educación. Correctamente, Gómez advirtió que tampoco “es posible educar al pueblo, enriquecerlo, y al mismo tiempo negarle el derecho a votar”.

Extensión de la educación y extensión del sufragio debían ser correlativos. La educación común y obligatoria debía abrir paso al sufragio universal y también obligatorio. El ejercicio del derecho a la educación elemental a través del acceso a los medios educativos “se presenta como un prerrequisito sin el cual ninguno de los derechos restantes reconocidos por la ley le sirve de nada a los iletrados”, señala Reinhard Bendix.

El ejercicio del sufragio es un derecho y también es un deber. “En el fondo, el voto es una prestación que debe el ciudadano al Estado para los fines de constituir el Gobierno”, dijo Gómez durante el debate de 1911 sobre Reforma del Régimen Electoral. Y añadió: “el mal que nos aqueja es la abstención”.

Si, como dijo el Juez Holmes, “los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”, el ejercicio del derecho a votar es la contribución que los ciudadanos hacemos para garantizar el sostenimiento y perfeccionamiento de la democracia y sus instituciones. Evasión de impuestos y abstención electoral implican una negativa a pagar esos costos y a eludir esos deberes.

¿Es el voto calificado el remedio para ese mal de la abstención?, se preguntó Indalecio. “¡Pero, señores, si los abstenidos son precisamente los calificados! ¡Querer remediar la abstención de los calificados por la calificación, es calificar la abstención, pero no sacar a los abstenidos de su retraimiento!”, respondió en la sesión del 11 de noviembre de 1911.

Es dentro de la ley donde debe ordenarse la convivencia civil. Pero es la ley la que, además, debe garantizar el pleno ejercicio de unos derechos ciudadanos que la Constitución consagró en el texto de 1853, pero que nuestras prácticas enfermas por falta de juridicidad se encargaron de burlar, de retacear y de desvirtuar. El fraude electoral fue una de las herramientas para hacerlo, pero no la única utilizada.

La preocupación de Indalecio por la pureza del sufragio, por el caciquismo y la cuestión social, es semejante a las que planteó el “regeneracionismo” en la España de fines del siglo XIX y principios del XX. El interés por la autenticidad del sufragio y la cuestión social lo aproxima a Antonio Maura, conservador reformista y católico. La inquietud por el caciquismo y la educación lo vincula con los planteos impregnados de positivismo de Joaquín Costa.

Gómez comprendió que el fraude electoral, al negar el ejercicio de los derechos al ciudadano, lo excluía como actor social de un país en formación y que, al hacerlo, más que contribuir a la consolidación de un grupo dirigente caciquil apuntalando un orden ilegítimo, ilegal e injusto, socavaba los cimientos de ese incipiente Estado nacional. Pero entendió, además, que el fraude era el instrumento clave de ese caciquismo.

Nadie se ajusta a la ley: ni los que gobiernan ni los que, desde la oposición, aspiran a gobernar. Los que gobiernan, porque convierten al poder “en patrimonio propio”, en “objeto de posesión personal y no función de un deber”. Los que pretenden gobernar “porque se inclinan más al despojo de quien está encumbrado”, que a hacer triunfar sus ideas “por medio de la legítima administración del bien común”, resume Dell’Oro Maini.

El caciquismo es una modalidad elemental de práctica del patrimonialismo. El caciquismo no sólo despliega su estrategia apoderándose del gobierno para administrar los recursos públicos en beneficio de intereses privados: “Se ha considerado el Gobierno como un objeto que se posee”, anotó Indalecio.

Ese régimen, además de los bienes materiales públicos, incluye a las personas, despojándolas de sus derechos y considerándolas como una mera extensión de su patrimonio privado. En el régimen caciquil no hay ciudadanos sino servidores sumisos que hacen lo que el patrón ordena.

Quienes estaban fuera del radio de control de ese régimen caciquil tenían pues demasiadas evidencias para “sospechar en cada suceso político una intriga, en cada elección de provincia una lucha de voracidades por los puestos públicos o un pugilato de ambiciones del lugar, eslabonadas a otras más altas que las estimulan y sostienen”, observó Indalecio Gómez.

El caciquismo “se nutre del Presupuesto y se impone en la Gaceta”, explica Maura. El caciquismo no nace sólo de la voluntad del cacique ni emerge de su cabeza. No se trata de una persona sino de una tupida red de “funcionarios, de jefes políticos, jueces de paz, comisarios, todas las policías; funcionarios en cuya conciencia está impreso el primer mandamiento: ¡no dejarse ganar las elecciones”, afirmó Indalecio levantando aplausos.

El caciquismo local no se sostenía a sí mismo: tenía profundas raíces materiales, sociales y culturales y era sostenido, a la vez que le proporcionaba una plataforma de sustentación, por el más vasto caciquismo enquistado en las facciones nacionales y en el gobierno de la Nación.

Esas correas de transmisión no desmentían, sino que confirmaban, el deseo de autonomía localista dominante en ese “caudillaje lugareño” que simpatizaba más con una argentina confederal que con un país federal. Más que una esfera de soberanía para desplegar el Estado de derecho, lo ese caudillaje reivindicaba era el mantenimiento y ampliación del poder y del espacio para ejercer sin trabas ni controles su arbitrariedad y prepotencia, resabios del añejo orden estamental.

Fue de la “comarca amorfa y ruda” y de la prepotente mano de esos “caudillejos”, de donde salió consagrada la provincia autónoma, “en entidad de todos los derechos, con facultad de constituirse, con facultad de constituir todos sus poderes, de organizar toda la jerarquía de su administración, de sus funcionarios, y de elegir libremente sus autoridades”, escribió Gómez.

No es necesario apelar a anacronismos ni incurrir en excesos retóricos para llamar la atención respecto a la actualidad y la utilidad que, en esta encrucijada de un nuevo principio de siglo, adquieren tanto las cuestiones planteadas por Indalecio como el modo de abordarlas y pensarlas.

Es de esperar que el rescate de la personalidad y la trayectoria de Indalecio Gómez en el que está empeñado desde hace una década el Centro de Estudios que lleva su nombre en Salta, constituya un importante aporte en esta pendiente y necesaria tarea de reconciliar la acción política con las ideas, y su práctica con la ética.

Con esta publicación de los textos de Martín Güemes y Lucía Gálvez sobre Indalecio Gómez, ese Centro de Estudios no sólo culmina un mes de homenaje a la memoria del estadista salteño, sino que clausura una primera etapa que parece anunciar otras promisorias.

Antes que a la resignada pasividad, esta aridez que afecta hoy al terreno político salteño deberá comprometernos en las tareas que ya está demandando el paso de una democracia balbuciente y plagada de vicios e imperfecciones, a una democracia madura, exigente, eficiente, intelectualmente sólida y éticamente vigorosa.

Según el historiador José Torre Revelo, hacían falta veinte años para que esos precarios caseríos, jactanciosamente bautizados “ciudades”, se afirmaran como tales. Esto era así porque recién dos décadas después de su fundación esos núcleos poblados estaban en condiciones de ser defendidos por “los hijos de la tierra”, criollos nacidos en ella.

Se equivocaron los ayer ingenuos optimistas - hoy quejosos pesimistas – que imaginaron la democracia como una obra construida por otros y entregada “llave en mano” en 1983. Una democracia es una construcción social permanente, capaz de reflexionar sobre sus errores y de encontrar mecanismos para corregirlos.

En vísperas de cumplir dos décadas, estos nuevos “hijos de la tierra” ¿la mejorarán y protagonizarán el ingreso a su adultez? O, por el contrario, ¿se dejarán adormecer por una insatisfacción pasiva, por el cultivo del malestar huérfano de ideas y por la protesta ruidosa pero estéril?

Dice Denis de Rougemont que la decadencia de una sociedad suele empezar cuando el hombre se pregunta “¿Qué va a pasar?” en lugar de preguntarse “¿Qué puedo hacer?”. Frente a las incertidumbres y dificultades de su tiempo, hombres como Sarmiento, Mitre, Alberdi, Avellaneda o Indalecio Gómez no se retrajeron ni se sentaron a preguntarse qué pasaría. Eligieron preguntarse qué podían hacer por el país y lo hicieron, lanzándose a la ardua tarea de “reparar el mal” y construir el futuro.

Escrito en Cerrillos, el 29 de septiembre de 2001.
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