Economía y sociedad
Nuevamente, en la zona norte de nuestra provincia, a cuatro años del primer corte ocurrido en 1997, nos encontramos con un complejo conflicto social, y las consecuencias de violencia y sus derivaciones que reiteradamente este hecho produce. En esta oportunidad con dos personas fallecidas que se agregan a una lista por demás ya extensa.

En el estado de derecho los conflictos sociales deben de ser atendidos por los gobiernos, a fin de conservar la gobernabilidad del sistema democrático y la convivencia en paz de los habitantes. Correspondiendo a la dirigencia, que legítimamente ejerce el poder de conducción, aplicar las políticas que preserven el sistema.

A pesar de la antigüedad del conflicto, no se plantearon propuestas estructurales para su solución en el corto, mediano y largo plazo. Se realizo sí, un análisis de los motivos que luego de diez años son muy conocidos por todos. Hoy, en una mezcla causa- efecto, da la sensación que todos tienen parte de la verdad o de la razón, por los comportamientos adoptados como legítimos reclamos.

En la búsqueda de los orígenes, la historia detalla diferentes puntos de vista que se establecen como causales del conflicto, sea por el retiro de YPF dejando un importante número de desocupados, o por que las personas despedidas gastaron las indemnizaciones en malas inversiones. Otras causas son la pobreza, o infiltrados extremistas radicalizados que pretenden romper la gobernabilidad y crear una zona de exclusión, o así también la fuerte incidencia del narcotráfico en tener una frontera descontrolada.

El mayor o menor conocimiento de esta historia no altera la definición de un solo horizonte poco deseado, que es la desocupación en un medio de pobreza. En este marco es importante visualizar y concretar una solución estructural con la intensa participación de los políticos en el primer objetivo de reconstruir los lazos sociales.

Ninguna de las partes se imaginó a futuro que el problema llegaría a esta situación extrema, tanto en noviembre del año anterior como esta última. En el mes de julio y noviembre del 2000 se sugirió la alternativa de implementar una mediación hasta llegar a la mesa de concertación que predisponga a los actores sociales compartir una misma óptica del problema, delineando distintas vía de soluciones que permita reconstruir los lazos sociales, estableciendo un orden, con acuerdos y actividades que permita en conjunto encontrar un frente al problema y construir una realidad con nuevas oportunidades de mejora, abonando al menos una esperanza al futuro (acción aplicada en Jujuy en 1997).

Los esfuerzos realizados por los gobiernos, traducidos en el gasto social aplicado no alcanza para todos, sumado a ello la criticas sobre la distribución de los mismos, da como resultado que el mensaje trasmitido es de un balance cero. La oportunidad de acceder de algunos es la pérdida de oportunidad de otros.

El derecho al desarrollo, es una condición de oportunidad a la que todos los pueblos deberían poder acceder, participando y contribuyendo en la construcción de los caminos que deben de conducir a instalar un programa continuo y dinámico, definiendo primeramente qué queremos hacer para respondernos luego el cómo se hará.

Debemos también de tener en cuenta que los estados no siempre están en condiciones de disponer de los recursos necesarios para implementar las acciones que garanticen el derecho al desarrollo. Así también por parte de los desocupados, los que tampoco estarán en condiciones intelectuales y de capacitación tales que pudieran garantizar el éxito de los proyectos. Ambas cosas se pueden potenciar mejorando la calidad del gasto por parte del estado e incentivando la tenacidad y voluntad de los trabajadores, para ello deberán compartir los actores sociales un "tratado - acuerdo"; con metas y objetivos no muy sofisticados y posibles de realizar en el corto, mediano y largo plazo.v Definir un plan de desarrollo como alternativa a la solución del problema, es redefinir la política del gasto social en la zona afectada, orientando a la producción agrícola, granjas y agroindustrias con tecnologías intermedias, aplicando una buena política de tierras fiscales, a partir de la premisa que es más factible y rápido formar un agricultor, o un granjero, que un empresario industrial.

La propuesta de establecer un plan de desarrollo en las actividades mencionadas se fundamenta, en la condición de formar una base de emprendimientos sustentado con proyectos factibles de concretar y financiar, con el criterio y la asistencia necesaria que requiere una incubadora de empresas.

Las oportunidades se deben de centrar en proyectos formulados con información y tecnologías apropiadas en pequeña escala, con la asistencia de los organismos que tienen capacidad de asesoramiento mediante extensionistas (INTA, INTI, etc.); así también disponer un sistema de acceso al crédito con pago directo a los proveedores de maquinarias y equipos, tasa de interés subvencionada, y plazos de gracia que permitan iniciar la actividad productiva o de servicio; tratamiento fiscal que ayude a mejorar la rentabilidad en el inicio de estas nuevas empresas. Todos esto ayudará a la generación de trabajo genuino, conformando un nuevo papel de acción con la propia gente de la comunidad, evitando que los benéficos se destinen a proyectos y empresas que no producen el efecto deseado.

Implementar una nueva y buena política, con políticos creíbles, en la tendencia de recrear y renovar los lazos sociales, con un plan de desarrollo gestado y administrado entre el sector público y el sector privado (actores sociales de la comunidad del norte de Salta) de cara a solucionar la situación social del lugar, dará espacio a una nueva brecha estratégica, fácilmente perceptible por la comunidad para ganar confiabilidad, salir de las tensiones y brotes de violencia más o menos esporádicos, y una opción para superar el peso de la pobreza.

La responsabilidad primaria de los gobiernos es saber canalizar las energías del pueblo. De esta manera se posibilita la transformación mediante acciones que permitan crear una oportunidad al derecho del desarrollo, comprendiendo que las crisis políticas se solucionan aplicando en el problema más y mejores políticas; en este caso políticas de desarrollo.

Salta, 21 de junio de 2001.
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