Cultura
Bibliotecas populares
Bibliotecas populares
La biblioteca popular de la Argentina es un tipo particular de biblioteca pública. Comparte muchos de sus rasgos, tiene objetivos similares, pero posee características específicas. Es considerada como "la biblioteca pública por antonomasia". En ella se articulan iniciativa social, a través de asociaciones autónomas de vecinos, y apoyo del Estado.

Productos del proceso de inclusión social iniciado a fines del siglo XIX mediante la paulatina extensión de los derechos de ciudadanía, hace 130 años funcionaban 170 bibliotecas populares. Hoy, las reconocidas por la Comisión Nacional Protectora suman 2010. Este salto cuantitativo espera ser acompañado de un salto en calidad.

A mediados del siglo XIX sabía leer sólo una pequeña minoría, no más del 5% de los habitantes. No todos los que estaban en condiciones de leer, lo hacían. Las mujeres lectoras eran una rareza. El círculo lector tenía dificultades para acceder a los libros, escasos por falta de bibliotecas y de librerías. El atraso argentino se explicaba por las secuelas de las guerras civiles, la debilidad del tejido social, la precariedad jurídico-institucional, la escasez de población, las distancias y la lentitud de los medios de transporte, y por el abrumador peso del analfabetismo que igualaba o superaba al que entonces soportaban Italia y España.

Sarmiento advirtió que, para resolver las cuestiones pendientes, no podían abordarse con cerrazón mental, criterios rígidos y herramientas de antaño. Tal percepción, su experiencia en Chile, EEUU y Europa, influyeron en el diseño de esa empresa. Vetusta, inerte y cerrada, nuestra vieja Biblioteca Pública fue blanco de su anatema.

Ésta era sinónimo de biblioteca clásica, única, nacional, metropolitana, selectiva, de acceso restringido, cuando no francamente elitista; depósito de "mamotretos", enorme osario, morada de fantasmas. Tan achacoso cuerpo no le permitía acompañar la empresa educativa. Era menester impulsar la creación de múltiples bibliotecas en todo el país. "Del éxito y extensión de la tentativa depende la civilización de la América española", enfatizó.

Esa propagación rompió con el exclusivismo de la vieja Biblioteca Pública, más metropolitana que nacional; con la centralización de los recursos bibliotecarios en Buenos Aires, y con criterios rígidos que no permitían préstamos externos. Las nuevas producían una revolución silenciosa democratizando el acceso al libro, ensanchando el campo de la sociabilidad, permitiendo su distribución territorial menos concentrada, y articulando recursos estatales y privados.

Después de tan contundente recriminación a la antigua biblioteca, el vocablo público ya no servía para designar a las nuevas. Sin confundir papeles, escuelas y bibliotecas eran "parte de un organismo social" y "el alfa y el omega del sistema". "Los libros piden escuelas, las escuelas piden libros". La educación popular no requería cualquier tipo de biblioteca, sino de bibliotecas también populares.

Sarmiento vio en la combinación de educación formal con bibliotecas una de las claves del progreso del país. Sin la difusión y complementación de ambas, la Argentina no podría crecer, asegurar la calidad de vida de sus ciudadanos ni competir en los mercados mundiales.

La biblioteca debía ser garante de la educación permanente y de la auto educación. Su carácter popular no debía condenarla a renunciar a elevarse a la altura de otras bibliotecas: tenían que incorporar conocimientos y herramientas de "la ciencia de la biblioteca", equiparándolas con las del resto del mundo: "Debemos ponernos en línea con los demás pueblos", añadió. Para hacerlo, hay que reconocer que junto a los impulsores sociales, los bibliotecarios son su piedra angular.

Las bibliotecas que Sarmiento denominó indistintamente públicas, populares, locales, de barrio, distrito, parroquia o departamentos adquieren nombre diferente y rasgos específicos. "Llámeseles como se quiera con tal que haya una cosa que lleve el nombre de tales". En EEUU, se llamaban bibliotecas populares a las distrito; en Francia reciben ese nombre durante la Restauración; en Italia son bibliotecas per tutto destinadas a difundir el hábito de la lectura.

En la Argentina la denominación popular no tiene sentido excluyente. Tampoco connotaciones de clase, ideológicas o políticas. La biblioteca popular no es la obrera italiana surgida de organizaciones de trabajadores que tuvo su réplica en las Bibliotecas Obreras socialistas argentinas, ni la biblioteca para todos impulsada en Francia por la Acción Católica.

Lo popular tampoco tiene tono peyorativo. No hay restos de esa antigua asociación de lo popular con un sector de la población marginal, desposeída, analfabeta. El adjetivo popular yuxtapuesto a la biblioteca no alude a la idea estamental de lo "vulgar" sino al concepto democrático de ciudadanía. Lo popular tiene sentido social abarcador, inclusivo y plural respecto a edades, sexo, raza, condición social, nacionalidad, ideas políticas, creencias religiosas. Sus fondos son universales, pluralistas y están "al alcance de todos".

En Chile Sarmiento pensó que ellas debían ser una "institución pública dirigida bajo un sistema general". Los malos resultados de esa experiencia le llevaron pensar que la sola iniciativa de los vecinos llevaría las bibliotecas al fracaso. Cambió de opinión: ellas debían resultar de la confluencia de interés social y estímulos gubernamentales. Se inclinó hacia el modelo asociativo norteamericano, no como copia sino como adaptación. La asociación era palanca de transformación del orden colonial y "energía activa de las libertades". Sin tal impulso, la obra civilizadora "estaría en peligro". El "retorno a la barbarie" sería inevitable.

"La Biblioteca es de un vecindario y no del gobierno". Sus socios, ejerciendo la autonomía, la administran, dan su reglamento, velan por su crecimiento, su mejora y continuidad en el tiempo. El tejido social era débil, como lo era el impulso asociativo de los interesados en formarlas en ciudades con fuerte tradición estamental, poco secularizadas y carentes de experiencia en organizaciones privadas con fines sociales.

La suerte de las nuevas bibliotecas ya no dependía ni del solo interés vecinal, ni del exclusivo apoyo del Estado sino de una mixtura original. Aunque éste debía fomentar su creación, no debía soportar toda la carga. El apoyo estatal debía estimular, "pero no apagar con sus donaciones la iniciativa de los pueblos". Para Sarmiento, el Estado no debe hacerse cargo de tal contribución sin condiciones y a perpetuidad. J. V. González defendió la importancia del aporte privado pues, "de lo contrario, sería ilusorio el carácter popular que le es propio".

Adoptando la experiencia norteamericana, la Ley de 1870 estableció un mecanismo simple que permitió articular interés privado y público. Los vecinos contribuirían con una suma de dinero para su mantenimiento. El Estado asignaría a cada una de ellas una cantidad igual a la aportada por ellos. Ese aporte estaba sujeto a condiciones. Las bibliotecas debían acreditar haber reunido la misma cantidad de dinero que pedían al Estado. Derechos y obligaciones debían ir de la mano: funcionamiento real e institucional, información sobre actividades e inspección gubernamental, sin menoscabo de su autonomía.

En la biblioteca popular converge la corriente bibliotecaria mundial del siglo XIX con las demandas educativas, sociales y culturales del país en formación. Ella expresa la complejidad de un proceso histórico sembrado de incertidumbres y también de iniciativas destinadas a forjar instrumentos para mejorar la condición material, moral e intelectual de personas y sociedades.

Para que estas bibliotecas tengan futuro es necesario: ampliar su apoyo social; fortalecerlas; revalorizar su papel; actualizar -sin desvirtuar- las ideas de Sarmiento; potenciar la capacitación; dotarla de medios para que puedan responder las demandas; insertarlas en un sistema; abrirlas al cambio; incorporar las nuevas tecnologías de la información e integrarlas en redes. Además, es necesario incorporar la biblioteca, el libro y la lectura como temas de política pública.
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