Colaboraciones
Starsky y Hutch
Starsky y Hutch
Hace pocos días saltaba a la prensa la noticia de la sentencia de la Corte Federal de Manhattan que condena a Bernard Ebbers, el exdirector general de WorldCom, a la pena de 25 años de prisión. Ebbers fue hallado responsable de cometer fraude contable en la que fuera la segunda empresa de telecomunicaciones del país más poderoso del mundo.

He de decir que esta noticia me ha provocado sensaciones ambivalentes: por un lado, una cierta tranquilidad al comprobar que la justicia de un país serio (en el sentido de que se toma en serio las cosas de los negocios) ha conseguido meter mano en el diabólico entramado empresarial de las telecomunicaciones globales, que tantas tropelías ha cometido, especialmente en el tercer mundo, bajo la máscara del progreso y la innovación tecnológica.

Por otro lado, he experimentado una cierta desazón ante la impresión de que esta intervención judicial se asemeja bastante a una venganza del departamento de "asuntos internos" del capitalismo, ya que lo que se ha juzgado y castigado aquí no son los atropellos cometidos contra los consumidores, clientes y usuarios sino contra los accionistas e inversores de aquella compañía.

Mi triste corazonada es que en este asunto, como en la serie Starsky y Hutch, el viejo sabueso de "asuntos internos" no ha hecho otra cosa que incautarse de la placa y la pistola del presunto infractor, no para que éste deje de cometer fechorías sino para que las fechorías las sigan cometiendo otros.

Lo que intento decir es que el capitalismo tiene unos códigos de conducta bastante duros con "los propios" y casi ninguno con los que, afortunada o desafortunadamente, nos consideramos ajenos al sistema, aunque participamos de él desde nuestra pedestre y cada vez más endeble condición de consumidores y asalariados.

Un ejemplo más cercano quizá contribuya a clarificar esta cuestión: la Compañía Telefónica de España, una de las más importantes del mundo y la que posee una parte nada desdeñable del rentable negocio de las telecomunicaciones en la Argentina, comete en su país de origen, a diario, y sin ningún tipo de recato, atropellos y abusos contra sus clientes y usuarios, que muchas veces orillan las conductas castigadas penalmente.

Sin embargo, su presidente, en vez de enfrentar a la justicia española por las incontables iniquidades que sufren los usuarios, acude a los tribunales para responder por una presunta utilización de información bursátil o económica privilegiada, en beneficio de un pariente cercano (esto es, en perjuicio de otros poderosos que podrían haberse beneficiado de esta información). Estos sucesos datan de épocas en las que el hoy presidente de Telefónica era el máximo directivo de la empresa Tabacalera.

En suma, otro caso de "asuntos internos" en el que la justicia reacciona sólo cuando resultan afectados los intereses de "los propios".

Al reflexionar acerca de las luces y sombras de las inversiones españolas en Hispanoamérica y, en concreto, en la Argentina, me viene a la mente el histórico planteamiento de las empresas e intereses españoles (muchas veces encarnados por el mismísimo Estado español) acerca de la debilidad de nuestras instituciones y de nuestra inseguridad jurídica, que tanto parece afectarles.

Automáticamente pienso que aquellas empresas y los lobbies que las impulsan no están, de verdad, interesados en que nuestro país fortalezca sus instituciones y erradique de una vez la inseguridad jurídica, porque no se trata de valores que aquéllos sustenten de un modo genuino y sincero, sino más bien de forma interesada y oportunista.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado recientemente que España ha dejado de ser una sociedad indecente al haber superado la barrera legal que impedía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin citarlo debidamente, el presidente hizo suya la provocativa teoría del filósofo israelí Avishai Margalit que definió, hace ya algunos años, como indecentes a las sociedades que se empeñan en humillar a sus miembros. Sinceramente pienso que el presidente Zapatero debiera hurgar un poco más en la España profunda antes de proclamar a los cuatro vientos la decencia de la sociedad que encabeza, aunque más no sea para darse cuenta de que algunas de sus empresas, con Telefónica como buque insignia, están elevando la humillación institucional de los ciudadanos al rango de principio.

En este contexto, la reivindicación de "seguridad jurídica" que llevan adelante los capitales españoles en la Argentina, debe entenderse más bien como la exigencia de "reglas claras y estables para ganar más dinero y poder repatriar los beneficios" y, al mismo tiempo, de "reglas difusas, mutables o inexistentes a la hora de tutelar a los consumidores y usuarios". Por lo menos así funciona la ecuación en el país de origen, en donde la Compañía Telefónica se beneficia de amplísimos espacios de discrecionalidad contractual en perjuicio de quienes verdaderamente sustentan su monopólico negocio, que no son sus accionistas, sino sus clientes.

Otra vez, un ejemplo servirá para aclarar aún más este panorama: en la actualidad no existe virtualmente ninguna gestión comercial o contractual que Telefónica no efectúe verbalmente, a través de un número telefónico único(1004), en el que no se proporciona, ni se proporcionará jamás, al usuario ningún recaudo documental o ningún principio de prueba acerca de lo que está tratando con la Compañía.

La todopoderosa compañía Telefónica de España no es, o no aparenta ser, otra cosa más que una enorme base de datos, cuyos campos y registros gobiernan sin escrúpulos y sin apenas control humano, tal como un gigantesco autómata ingobernable, las relaciones contractuales con los usuarios, violando el antiguo principio del derecho de los contratos que prohibe que la formación, el cumplimiento y la ejecución de los mismos quede en manos de una sola de las partes. La relatividad y la ambigüedad en los términos y condiciones (por no mentar la inoperancia de algunos/as teleoperadores) lo impregnan todo, pero no porque Telefónica haya descuidado esta "parte" de su actividad o porque entrene de forma deficiente a su gente, sino porque de un modo calculadamente perverso y dañino, ha entronizado el abuso, el maltrato y la indefensión como principio rector en sus relaciones con los clientes.

Esta "inseguridad jurídica" (sana, en la opinión de Telefónica) es la que permite a esta compañía eludir el embate de las organizaciones de consumidores y usuarios españolas y la que le proporciona unos altísimos beneficios que no resisten comparación con los que reciben otras empresas europeas de telecomunicaciones en sus propios países de origen. Luego, la doble moral que sustentan estos grandes operadores del capitalismo transnacional les lleva a exigir en los países periféricos en los que invierten el cumplimiento de determinados estándares mediomabientales o laborales, que sólo sirven para tranquilizar conciencias. Probablemente nada haya más indignante que esto.

Quizá sea hora de que nuestros legisladores soberanos se animen a sancionar en la Argentina una ley que exigija a los capitales extranjeros, como condición para ser invertidos en nuestro país, el cumplimiento de determinadas reglas en sus países de origen, como el respeto a los derechos del consumidor y determinados niveles de seguridad jurídica, porque allí donde damos por sentado que sus casas matrices constituyen acabados ejemplos de integridad moral y de respeto a la legalidad, nos equivocamos bastante.
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