Colaboraciones
Alexander Hamilton
Alexander Hamilton
A lo largo de las dos últimas décadas se ha venido produciendo una curiosa convergencia entre dos libertades fundamentales de los sistemas democráticos: la libertad de prensa y la libertad de expresión. Pocas dudas hay, a estas alturas del desarrollo científico-doctrinal de los derechos humanos, sobre que se trata de dos libertades con principios, contenidos y ámbitos de aplicación diferentes.

Desde luego no es éste el lugar ni ésta la ocasión propicia para estudiar los matices diferenciales entre estas dos libertades fundamentales, pero sí quizá una buena oportunidad para alertar sobre los peligros que entraña, para los ciudadanos y para sus derechos, la apropiación de la libertad de expresión por parte de los medios de prensa, grandes y pequeños, y lo que es peor aún, su patrimonialización por parte de algunos periodistas.

Las libertades a que me refiero, que son consustanciales al sistema democrático, han recorrido un largo camino hasta llegar a convertirse en verdaderos derechos ciudadanos, consagrados en las constituciones y regulados por las leyes. Sólo por respeto a esta larga historia y a las luchas que han precedido su reconocimiento como derechos fundamentales, es que no debiera de olvidarse en ningún momento que somos los ciudadanos, los hombres y las mujeres, sus únicos titulares y sus únicos beneficiarios.

La libertad de expresión no existe en nuestros ordenamientos para que los periodistas, o los medios que los emplean, puedan decir lo que les apetezca en cualquier momento sino para proteger al ciudadano de las posibles y frecuentes arbitrariedades de los poderes públicos, y también contra los igualmente frecuentes atropellos que cometen los poderes fácticos -prensa incluida- contra los derechos de las personas.

Aquella curiosa convergencia de la que damos cuenta en las primeras líneas de este artículo parece desembocar en una nueva interpretación del contenido y de los límites de estos derechos, dependiendo de quien los ejerza. Así pues, cuando se ejercen por ciudadanos "normales", las libertades de expresión y de difusión de las ideas y pensamientos a través de los medios de comunicación tienen unos límites muy claros en los derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y la infancia, todos ellos de rango superior. Sin embargo, parece que cuando son periodistas o medios de comunicación quienes los ejercen, estos derechos pierden su naturaleza de tal y se convierten en una especie de "inmunidad de prensa" o "inmunidad de opinión", que no sólo desconoce los límites antes señalados sino que reivindica para sí una despenalización virtualmente absoluta.

No hace falta mucho esfuerzo para darse cuenta que esta visión instrumentalizadora de unos derechos que han sido reconocidos para permitir la realización de la democracia, promueve grave ruptura del principio de igualdad en que se sustenta toda democracia y sin cuya vigencia -nominal, cuando menos- las democracias no existen o se convierten en una mera caricatura. Cuando la libertad de expresión se desdobla y se pretende que su contenido sea diferente según el oficio que ejerzan sus titulares, no se está haciendo otra cosa que impulsar una clase de superciudadanos, algo radicalmente incompatible con la idea democrática.

Una aspiración insatisfecha de los salteños

Los salteños llevamos ya varias décadas soñando con medios de prensa plurales, sobrios, de calidad, profesionalizados e informativos. Algunos -como es el caso del que esto escribe- aspiran, además, a medios conectados con el mundo, capaces de renovar las ideas, de enriquecer la cultura y de escapar del inmovilismo aldeano al que parece condenarnos el monopolio mediático y la tenaza gubernamental. Muchos de los que así pensamos valoramos a Internet como el medio más adecuado para satisfacer las viejas y las nuevas demandas, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que lo que debiera de ser una lucha abierta por la libertad y el pluralismo informativo en la Internet salteña, no pasa de ser una sucesión de escaramuzas intrascendentes y mal orientadas.

Sin desconocer los méritos que asisten a la profesión periodística y la nobleza intrínseca de este duro oficio, nos damos cuenta también que la incipiente batalla cibernética está planteada con el mismo refinamiento estratégico que las campañas panfletarias de los años sesenta y, si acaso, por los mismos protagonistas. Algunos linces de la comunicación no han sabido descodificar los nuevos códigos de la comunicación digital y parecen empecinados en trasladar al ciberespacio la lógica operativa de "el semanario de la agrupación", que tan pobres resultados ha dado, en términos de libertad de prensa y de calidad informativa, en la década de los noventa.

Con estos mimbres es muy difícil plantarle cara al monopolio. No son precisamente los periodistas despechados los mejores portavoces del nuevo mensaje mediático plural, abierto y libre de las influencias del poder que a gritos reclaman los salteños. Ese papel corresponde a los ciudadanos, en la medida en que sean capaces de sacar provecho de las nuevas herramientas de comunicación de la Sociedad de la Información.

Personalmente no creo en los privilegios de la prensa ni pienso que deban de reforzarse sin límite ni medida. No creo en los periodistas que reaccionan como seres intocables cuando se les insulta, porque creo que la libertad de expresión de las ideas conlleva siempre el riesgo de la intolerancia y porque el insulto -como forma más repugnante de la intolerancia- a veces va incluido en el sueldo. Tampoco creo, dicho sea de paso, en los periodistas que insultan y luego se amparan en los privilegios corporativos para eludir posibles responsabilidades penales.

El insulto, como tal, es la negación misma de la racionalidad y la racionalidad es precisamente la base filosófica de la protección de la libre expresión de las ideas y del pensamiento. El insulto personal ni siquiera puede consentirse como un exceso en el ejercicio de un derecho; antes al contrario, es la negación de todo derecho.

Desafortunadamente para los monopolistas, así como para sus circunstanciales críticos mediáticos, las Nuevas Tecnologías abren para los ciudadanos espacios hasta ahora insospechados para la libre expresión, para la creación intelectual y para la difusión del conocimiento. La revolución tecnológica parece confirmar a cada paso que la información, incluso la buena información, está dejando de ser materia reservada para "los expertos" y que asistimos a un proceso universal de democratización no sólo de acceso a la información sino también de producción y de tratamiento de la misma.

Mientras no tomemos buena nota de estos cambios, los salteños seguiremos respirando esa atmósfera densa y mefítica que nos propone la dialéctica mediática entre el monopolio actual y sus ex-empleados, y sorprendiéndonos por el hecho de que las cartas de los lectores de El Tribuno están siempre mejor escritas que las crónicas que nos proponen sus propios "expertos".

Parece que va siendo hora, aun en Salta, que a los diarios los escriban los lectores.
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